La reciente intervención en la estación Ricaurte de Transmilenio, donde la Alcaldía de Bogotá desalojó a un grupo de vendedores ambulantes, ha desatado una ola de críticas y preocupación sobre el trato a la economía informal en la ciudad. Este operativo, ejecutado en medio de un clima de tensión y protesta, refleja una problemática de vieja data: el espacio público en Bogotá está atrapado entre la necesidad de mantener el orden y la obligación de garantizar oportunidades de sustento para las cientos de familias que dependen del comercio informal. La respuesta parece ya definida por el Alcalde y su Secretario de Seguridad: bolillo y exclusión antes que diálogo e inclusión.
La Alcaldía de Bogotá y la Policía Metropolitana han reiterado que no darán marcha atrás en su decisión de retirar a los vendedores ambulantes de las estaciones de Transmilenio. Aseguran que esta medida no es una oposición a la actividad de estos comerciantes, sino un intento de reducir riesgos para los usuarios y evitar lo que describen como “anarquía” en el espacio público. Sin embargo, esta postura despierta interrogantes sobre el compromiso de la administración con el Decreto 098 de 2004, que establece políticas de concertación y coordinación con los vendedores informales y aboga por una regulación integral de sus actividades en el espacio público.
Este decreto prevé la creación de mesas de trabajo y un cronograma de actividades orientadas a ofrecer alternativas de solución y programas de inclusión social a los vendedores informales. Sin embargo, estos mecanismos han quedado en gran medida en el papel. La situación actual en Transmilenio muestra una clara contradicción en la política pública sobre el espacio público: se busca imponer orden, pero no se atienden las causas estructurales de la informalidad. El secretario de Seguridad ha anunciado que continuarán las intervenciones en otras estaciones y portales, con la intención de erradicar la presencia de vendedores en áreas críticas para la operación del sistema. Sin embargo, esto deja en el aire una pregunta fundamental: ¿qué alternativas reales tienen estos vendedores para mantener su sustento y cuáles alternativas está ofreciendo la Alcaldía?
Históricamente, las estaciones de Transmilenio han sido escenario recurrente para la economía informal. La Defensoría del Pueblo señaló en 2015 que cerca del 95% de las entradas a las estaciones contaban con ventas ambulantes, evidenciando que esta actividad es parte de la dinámica de estos espacios. Conociendo esto, la administración dejo estipulado en el Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, en el artículo 181 que las autoridades deben desalojar a estos vendedores del sistema de transporte. No porque se actúe con fuerza y policía se resuelve un problema que tiene que ver con la comida y la supervivencia de las personas. El desalojo de vendedores informales no elimina la necesidad que los llevó a estar ahí en primer lugar, por eso considero equivocado el enfoque con el que la administración está abordando esta problemática.
Aunque se intente imponer un concepto de limpieza y orden en el espacio público, la realidad de las familias que dependen de las ventas informales es cada vez más crítica, pues necesitan algún medio para asegurar su sustento diario. La erradicación de su presencia en las calles no resuelve la situación, sino que obliga a estas familias a buscar alternativas aún más precarias o arriesgadas. Durante la discusión del Plan de Desarrollo, advertí en el Concejo sobre el riesgo de criminalizar a los vendedores informales en el sistema de transporte público (SITP); esta no es una cuestión de simple orden o seguridad, sino un tema profundamente complejo en un país y una ciudad donde la informalidad se ha convertido en el pan de cada día para miles de hogares.
La sentencia T-102 de 2024 de la Corte Constitucional, la más reciente en esta materia, reitera un precedente relevante, la defensa de los derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital e igualdad de personas en condiciones de vulnerabilidad económica, como los vendedores informales. En este caso, la Sala Primera de Revisión protegió los derechos de un vendedor ambulante desalojado del centro de Armenia, donde trabajaba desde hace más de 12 años. La Corte señaló que, aunque existen políticas y programas para vendedores informales, estos deben ser suficientes y brindar alternativas reales que mitiguen el impacto del desalojo, especialmente cuando los afectados presentan situaciones de salud críticas.
La Alcaldía tiene en sus manos una oportunidad para replantear su relación con la economía informal, pasando del control, la criminalización y la expulsión a una política de inclusión y concertación. Lo primero y más importante es caracterizar a la población de vendedores informales, para construir desde allí una estrategia clara que les ofrezca alternativas económicas y servicios sociales complementarios. Los vendedores informales no solo ocupan el espacio público, sino que representan una economía de subsistencia para la cual, hasta ahora, no existen suficientes alternativas que los integren dignamente al tejido productivo de la ciudad.
