El discurso de la alcaldesa Claudia López el pasado lunes 16 de enero cuando se dirigió a los bogotanos que esperaban una explicación sobre el escándalo que rodea a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) se me hizo muy similar a lo que decía el expresidente Álvaro Uribe cuando la justicia abría investigación a alguno de sus allegados por vínculos con el paramilitarismo.
De manera muy enérgica la mandataria de Bogotá tildó de delincuente a Sergio Vanegas, el empresario que en entrevista para la Revista Cambio aseguró que entregaron sobornos a funcionarios de la UAESP, entre ellos a quien ocupaba el cargo de directora, es decir, Luz Amanda Camacho.
En su intervención, Claudia López reiteró además que la Administración Distrital fue la primera en instaurar las demandas respectiva ante la Fiscalía y los organismos de control.
Lo primero que debo decir, es que aquí nadie está preguntado el nombre del primero que acudió a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para pedir las debidas investigaciones. Eso es lo de menos, aquí lo que se necesita es una pronta respuesta a los hechos que rodearon la firma de los contratos para la operación de los cementerios en Bogotá, y que se diga quienes fueron los empresarios que pagaron sobornos y cuales son los nombres y cargos de los funcionarios de la UAESP que los recibieron.
Sí los resultados de las investigaciones de la Fiscalía y de los organismos de control determinan que en la UAESP se configuró un soborno, es claro que hubo dos partes: el que lo ofreció y el que lo recibió. Sorprende que la alcaldesa Claudia López solo se haya referido a los primeros en su discurso y se haya olvidado que puede haber una segunda parte, y que muy posiblemente tiene que ver con funcionarios de su administración.
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Lo anterior, también me recordó al expresidente, Álvaro Uribe Vélez, cuando en su función de primer mandatario hablaba de la Yidispolítica, refiriéndose a Yidis Medina como una “bandida”, olvidando que había otros bandidos, y que estos eran parte de su equipo de Gobierno.
Dijo además la alcaldesa que el señor Vanegas era un delincuente, no se si con el ánimo de decir o insinuar que, según ella, siendo quien es, no se le puede creer. Lo mismo hacía Uribe cuando algún exmiembro de las autodefensas confesaba que tuvo tratos con algún político miembro de la coalición del expresidente o que hacia parte de su equipo de Gobierno y ya vimos lo que sucedió después: Jorge Noguera, Salvador Arana, Álvaro Araujo, Mario Uribe, y demás, fueron condenados por sus relaciones con el paramilitarismo.
En lo que tiene que ver con la delicada afirmación de Vanegas, donde dice que se utilizaron los hornos de los cementerios para cremar de manera clandestina los cuerpos de personas desaparecidas en medio de la protesta social, lo que hay que hacer, es pedirle a la Fiscalía que investigue si es cierto o no, y dejar que los resultados de este trabajo hablen. Este asunto no se puede ni se debe menospreciar.
La alcaldesa Claudia López debe entender que esto no es ningún ataque hacia ella, nadie ha dicho que sea corrupta o que tenga que ver con hechos oscuros que pudieron suceder alrededor de la contratación de una entidad del Distrito. Lo que sí se ha dicho, es que se debe investigar y juzgar a los culpables si los hay, no importa si son empresarios o funcionarios públicos.
Puede que la señora Luz Amanda no se haya prestado para ningún tipo de soborno y que Vanegas esté mintiendo, pero no por eso vamos a desconocer que por ser la persona que estaba al frente de una entidad, le cabe una responsabilidad por lo que sucedió con un contrato que ella debía revisar con ojo de lupa para evitar alguna irregularidad. Si esto sucedió, es claro que hubo un tema de ineficiencia que permitió que se llegara a este punto.
Aquí el tema del “principio de la buena fe” no puede servir de excusa para justificar la ineptitud de algunos funcionarios públicos. Si la señora Luz Amanda falló en su gestión, le cabe una responsabilidad que en este caso es política.
Es mejor que la alcaldesa Claudia López se tome unos vasitos con agua y se calme y deje que sea la justicia la que determine quien es culpable y quien no, y sobre todo, que ésta aclare si hubo o no hubo desaparecidos en Bogotá en medio del estallido social, hecho que es independiente al ocurrido el 9 de septiembre, cuando se presentaron ataques a los CAI, tras el asesinato del ciudadano Javier Ordóñez a manos de varios agentes de la Policía al interior del CAI de Villa Liz.
Oscar Sevillano
