Ejercito Gaitanista de Colombia fue el nombre que recientemente adquirió el Clan del Golfo. El cambio de “chapa” no es fortuito. Obedece a una estrategia de la organización ilegal para presentarse ante el país con un perfil político y embarcarse a una negociación con el gobierno de Gustavo Petro. La iniciativa llamó la atención del presidente al punto que ayer abrió la posibilidad de reanudar acercamientos con esta organización criminal; quizás el cártel de droga activo más grande en el país.
El Clan del Golfo ha presentado una expansión creciente y alarmante. Disputas territoriales a lo largo de la costa del Pacífico y cerca de la frontera con Venezuela. Extorsiones a empresarios y ganaderos a cambio de “protección”. Normas de control y violencia contra poblaciones vulnerables. Reclutamiento de viejos combatientes paramilitares, guerrilleros y exsoldados. Una estructura disciplinada “que opera con la precisión de una empresa multinacional”. Es decir, no son unas ‘peritas en dulce’ con las cuales se puede iniciar cualquier tipo de negociación.
Para limpiar su nombre, el Clan del Golfo publicó un comunicado el pasado 18 de marzo en el que, además de presentarse ante el gobierno como Ejercito Gaitanista de Colombia, señalan que ellos no crearon economías ilícitas en los territorios y que se dedican al “impuesto al gramaje” en el caso de la cocaína. También afirman no tener ninguna relación con el tráfico de personas por el Tapón del Darien. Menos mal el pueblo colombiano y las instituciones que imparten justicia son conscientes que esta estructura es la mayor exportadora de cocaína del país, con vínculos transnacionales con el cartel de Sinaloa y que controla el flujo migratorio entre Colombia y Panamá por el Darien.
El escenario político que se está fraguando es favorable para los acercamientos entre el Estado colombiano y el, ahora llamado, Ejercito Gaitanista de Colombia: Inicialmente, Salvatore Mancuso, postulado por el gobierno nacional como Gestor de Paz y quien se reunirá el próximamente con Gustavo Petro en la Casa de Nariño, manifestó que conoce a alias ‘chiquito malo’ (cabecilla del Clan del Golfo) y que existe voluntad de acogerse a la paz total por parte de la estructura criminal. La misión de Mancuso es clara: servir de intermediador entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo.
En segundo lugar, uno de los seis puntos del documento “Proceso Constituyente ABECÉ” presentado el pasado martes por la Presidencia de la República es “establecer un dialogo en torno al fin de la violencia en Colombia y la reconciliación”. Se abre así la posibilidad para que organizaciones que estén en negociación política o en acercamiento para sometimiento a la justicia, eventualmente, tengan alguna participación en el proceso constituyente. En tercer lugar, la Paz Total se ha visto encaminada en los últimos días a acercarse a organizaciones ilegales como el Clan del Golfo, el ELN, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta, los locos jam y el RSP en Quibdó y a enfrentar militarmente a las disidencias de las FARC (Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia).
El gobierno tiene claro que el Clan del Golfo es una estructura armada organizada de crimen de alto impacto, con la cual pueden realizar acercamientos y conversaciones para lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento. Con esta estructura armada no puede adelantar negociaciones de carácter político en los que se pacten acuerdos de paz, según lo establece la ley de Paz Total (ley 2272 de 2022). Sería un error estratégico darle status político a esta organización terrorista.
Petro no puede caer un limbo jurídico como el que cayó Álvaro Uribe Vélez cuando quiso brindarle el carácter de sedición a las Autodefensas Unidas de Colombia, error que fue enmendado por la sentencia C-370 de 2006 cuando la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 71 de ley de Justicia y Paz que pretendía considerar a los paramilitares como sediciosos. El pueblo colombiano eligió al presidente Gustavo Petro para que salvaguarde los intereses del país; es por esto que solo el sometimiento a la justicia es la vía para la desmovilización y reincorporación a la vida civil del Clan del Golfo.
Posdata: En entrevista realizada por El Espectador a Ricardo Giraldo, abogado del Clan del Golfo, dice que el sometimiento a la justicia no es la solución. Afirma, también, que no son paramilitares, que tienen una estructura jerárquica, línea de mando “poderosa”, reivindicaciones ideológicas en torno a Jorge Eliecer Gaitán, entre otros aspectos que quieren mostrarlos como organización política. Sin embargo, como dice el adagio popular “aunque la mona se vista de seda, mona se queda”.
La pelota está en el lado del gobierno que debe presentarle al país una propuesta seria de conversaciones con esta estructura ilegal.
