Con la investigación que abrió la Procuraduría General de la Nación a la alcaldesa Claudia López queda el interrogante de si este Ministerio Público será una especie de reencauche o una segunda versión del dirigido por Alejandro Ordóñez.
Está bien que a un funcionario público no le sea permitido participar en política, porque este se debe a toda la ciudadanía y sus actuaciones frente a determinado cargo están dirigidas a favorecer al colombiano como tal, sin importar raza ni procedencia ni mucho menos su color político, pero, ¿es posible que también se le prohíba la libre expresión de sus pensamientos en un hecho que es del acontecer nacional?
Otra cosa sería si la alcaldesa Claudia López esté moviendo recursos del Distrito o gestionando cosas para favorecer a alguien en especial, pero no veo razón alguna para abrir investigación solo porque se de una opinión, en este caso, relacionada con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es ahí donde uno se pregunta si estas decisiones que toman los órganos de control y la Fiscalía General de la Nación se dan con sentido político y no jurídico.
¿Será que en la Procuraduría no tienen mucho que investigar como para perder el tiempo indagando si un comentario en Twitter corresponde a participación en política? Suponiendo que así sea, ¿Qué sanción cabría ahí?, cuando un comentario no mueve recursos ni gestiona políticas públicas en favor de…
Por otro lado, creo que Bogotá tiene muchos problemas que requieren la concentración total de la alcaldesa como para que sea precisamente el Ministerio Público quien le distraiga con investigaciones que no van a llegar a ningún lado.
Me cuesta creer que una persona como la señora Margarita Cabello esté dispuesta a convertirse en la versión femenina de Alejandro Ordóñez, quien durante su período al frente de la entidad convirtió a la Procuraduría General de la Nación en una especie de nueva sede de la Santa Inquisición a la que todo funcionaria público le tenía pavor.
Una cosa es ser firme en los temas de justicia y disciplina en lo público y otra pretender convertir a las entidades que se dirigen en centros de miedo. A ese paso nadie va a querer prestar sus servicios en una entidad de carácter oficial, si con toda seguridad saldrá empapelado y con investigaciones de las cuales tendrá que defenderse.
Es por esto que las investigaciones de entidades como la Procuraduría General de la Nación deben basarse en las actuaciones de los funcionarios públicos y no tanto en el Twitter, porque no se puede pretender controlarles también la manera de pensar. Colombia no puede ni debe permitir que se reviva una especie de inquisición en las entidades oficiales.
