Susana Muhamad
Ha sido un año difícil para el país, terrible para los líderes sociales y ahora para quienes hacen parte de la oposición de Colombia Humana. El movimiento político que en el año 2018 despertó las pasiones, así como la entrega colectiva de procesos sociales, comunitarios, intelectuales, activistas y ciudadanía en general, esta red de ciudadanías se encuentra hoy ‘bajo fuego’.
No es una exageración esa afirmación, este año han asesinado a 7 líderes de dicha colectividad y se han recibido más de 50 amenazas. En un 2020 en el que el descontento social va en aumento, algo que ya venía desde el 2019, con una pobreza que crece, un desempleo en alza y un manejo inadecuado del Gobierno Duque de la pandemia; el trabajo comunitario y el activismo por las causas sociales, se han visto golpeados por una arremetida violenta por parte de grupos armados y por una inacción, además de estigmatización, por parte del Gobierno.
La Colombia Humana se ha visto atacada en diversas partes del país: el asesinato del historiador y profesor de la Universidad de Antioquia, Campo Elías Galindo en Medellín. El homicidio del líder de reforma agraria en el Huila, Eduardo Alarcón Córdoba. El crimen del abogado, quien lideraba los procesos de protección de los playones y las ciénagas frente a los terratenientes, Arquímenes Centenaro Carriazo, en Sucre. La muerte violenta del exgerente de la campaña de Gustavo Petro en Popayán, Gustavo Herrera. Y las muertes de dos miembros en Candelaria, Valle, quienes denunciaron la corrupción de la alcaldía de ese municipio, Jhonatan Borja e Iván Giraldo. El último evento fue el atentado al Senador indígena Feliciano Valencia en el Cauca, del Movimiento Alianza Indígena y Social (MAIS), que es parte de la coalición Colombia Humana-MAIS-UP en el Congreso.
También han llegado panfletos amenazantes a lugares como la Guajira, Bogotá y Soacha. Los miembros de Colombia Humana, en general, tienen la doble condición de la militancia política y el liderazgo de causas sociales, esto los pone en doble peligro, al convertirse en obstáculos para los intereses que han manejado rentas, controlado actividades ilícitas, así como usufructuado el poder en beneficio propio, en contra del interés común y que han impuesto un orden único en diversas regiones.
El movimiento, desde el 2018, tiene un decreto del Ministerio del Interior para activar un mecanismo especial de protección, el cual claramente no está dando resultados. La situación actual se constituye en un claro ataque a la democracia y al Estado de Derecho, los cuales abogan para qué se le brinden todas las garantías a la oposición e instan a que estas visiones, divergentes al régimen de turno, sean respetadas y cuenten con espacios libres.
A través de la bancada del congreso, se buscó una interlocución directa con la ministra del Interior, cita que fue postergada, porque para esta fueron delegados funcionarios de menor rango. Una afrenta más de un gobierno que actúa indolente frente a una colectividad que representó a un importante porcentaje de la población colombiana, llegando a ser la segunda fuerza del país en la campaña presidencial y obteniendo más de 8 millones de votos en la fórmula Gustavo Petro y Ángela María Robledo.
El propósito de esta campaña sistemática y su poca atención por parte del gobierno, tiene dos fines. El primero es eliminar a líderes que, a través de su defensa de causas sociales, se oponen a los intereses mafiosos y de sectores políticos que pretenden hacer trizas el acuerdo de paz. La segunda es crear un estigma alrededor del movimiento hacia la campaña del 2022, en el que se asocie la afiliación personal, con un riesgo para la vida. Pretenden, a través de la violencia, minimizar la capacidad organizativa, la militancia, y la fe en el cambio. Nos quieren llevar a un estado de parálisis y miedo.
Lo que está sucediendo se asemeja a lo que desembocó en Chile el golpe de estado contra Salvador Allende. Durante tres años la derecha saboteó infructuosamente el gobierno, con ayuda de los Estados Unidos, sin embargo, no pudo derrotar la decisión popular de organizarse. Fue más fuerte la capacidad política que se había instaurado en los trabajadores y la voluntad inquebrantable de dicha sociedad de ejercer el poder desde las bases. Las fuerzas populares, de forma admirable, resistieron cada intento de boicot, con la organización social y democrática, fue entonces que la ultraderecha acudió a las armas militares para derrocar por la fuerza lo que se había construido colectivamente.
Algo similar está pasando en Colombia. Hay hoy una masa crítica de ciudadanos, en los campos y ciudades, dispuestos a defender el espacio de respiro a la violencia, que nos trajo el acuerdo de paz de la Habana. Personas dispuestas a elegir a un gobierno que genere transformaciones sociales en educación, salud, productividad económica, protección del agua, defensa del territorio, un mandato que democratice a la sociedad. Hay una claridad, cada vez mayor, de que el gobierno no responde a los intereses de la gente y no gobierna democráticamente. Por eso muchos y muchas creen que es el momento para cambiar a una de las sociedades más desiguales del planeta y salir de su eterno espiral de muerte.
Ante esta perspectiva de cambio democrático fuerzas retardatarias y criminales responden con violencia; por eso el camino para quienes anhelamos un mañana mejor para nosotros y las nuevas generaciones, debe ser construir una gran coalición democrática hacia el 2022, tenemos por delante un momento histórico. Dijo Allende ese 11 de septiembre: “Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen… ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos(…) Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor.” La Chile que hoy derrotó abrumadoramente en las urnas a la constitución de Pinochet nos demostró cuanta razón había en esas palabras. Que así sea también para Colombia.
