Rafael Barrios Mendivil
Algunos piensan que nuestro país ha progresado en el tema de los derechos humanos. Pero en cuanto a los temas fundamentales de la impunidad y el cumplimiento pleno de los derechos de las víctimas, no hay un escrutinio serio que así lo certifique. En Colombia no hay verdad, justicia, ni reparación integral, ni garantías de no repetición, como tampoco se ha desmontado el concepto del “enemigo interno” que da origen a graves violaciones a los derechos humanos.
Es debido a esa realidad que tantos casos siguen en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, los dos órganos principales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, SIDH.
El 3 de octubre de 1984, Luis Fernando Lalinde fue desaparecido por integrantes del Batallón de Infantería “Ayacucho” de la VII Brigada del Ejército Nacional, en la vereda Verdum del municipio de Jardín en Antioquía. La víctima militaba en el partido político de oposición Partido Comunista Colombiano Marxista Leninista, PCC-ML.
El 13 de mayo de 1993, en Bogotá, nueve años después, fue desparecido Pedro Julio Movilla Galarza, militante del mismo partido, también por agentes del Estado, sin que hasta hoy haya aparecido vivo o muerto.
Ante la falta de justicia en Colombia, la desaparición de Luis Fernando Lalinde, fue presentada el 17 de septiembre de 1985 ante la CIDH por la Comisión Colombiana de Juristas, CCJ. El Caso 9620 culminó con las publicación de la Resolucionesón números 24/87 de el 16 de septiembre de 1988, que confirmó en todas sus partes la versión transitoria de la Resolución y sustituyó 24/87, sustituyendo la frase “arresto y posterior desaparición” por “arresto y posterior muerte” de la víctima.
Igualmente, el 17 de junio de 1996 el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CAJAR presentó una petición ante la CIDH en favor de Pedro Julio Movilla Galarcio, la cual fue admitida el 24 de julio de 2014. El 19 de febrero de 2019 la CIDH emitió el informe de fondo, acorde al artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de carácter reservado. El caso está pendiente de enviar a la Corte IDH.
Es justo reconocer, que que para los dos casos, los trámites ante del SIDH han demorado demasiados años. Pero a la vez, los casos de Lalinde y de Movilla Galarcio siguen en total impunidad en Colombia. Es más, en vez de agilizar los procesos desde su lado, el gobierno colombiano pide prórroga tras prórroga, ampliando aún más los tiempos en detrimimento del derecho de las víctimas a la verdad y la justicia. Es difícil, sino imposible creer que lo que no se ha hecho en materia de justicia en el interregno desde que ocurrieron los hechos, se va a conseguir con otra prórroga de tres meses.
Así que la queja manifestada por el doctor Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, cuando dijo que “Se requiere una Corte más fuerte, efectiva, rápida y eficiente. Fíjese, el caso de Petro se tardó cinco años mientras que el resto tarda 21,3 años. Eso es muy difícil de explicárselo a una víctima” (“El Sistema Interamericano debe ser fuerte e imparcial”, (Revista Semana 7/4/2020), es poco coherente. Por un lado, el caso enfrenta impunidad total en Colombia. Por otro, el Estado mismo, con su práctica de alargue, contribuye al retraso procesal de la CIDH.
Además el director de la agencia revictimiza a las victimas y estigmatiza a sus representantes cuando alega que eso -se refiere a los casos presentados ante la CIDH- es el resultado de “una estrategia de litigio internacional para demeritar los esfuerzos de Colombia” (Revista Semana 7/4/2020).
La abogada colombiana Angelita Baeyens del Robert F. Kennedy Human Rights contesta esa afirmación del doctor Gómez: “no solo es una teoría conspirativa sin ningún soporte, sino una forma de continuar estigmatizando a personas defensoras de derechos humanos y representa una bofetada para los movimientos de víctimas y las organizaciones de sociedad civil colombianas que por décadas han luchado, muchas veces con poco más que su tenacidad y compromiso, por las comunidades más excluidas del país” (Fortalecer para callar: las propuestas de Colombia para los DDHH en la OEA, Revista Semana 2020/07/06).
Afirma el doctor Camilo Gómez que “Yo no comparto que Colombia sea uno de los Estados donde más se violan los derechos humanos. Hemos hecho esfuerzos desde hace muchos años por fortalecer la protección de los derechos humanos. No es perfecto, pero es innegable que hay avances” (Revista Semana 7/4/2020).
La misma abogada le responde: “A Colombia le “abren” más casos a nivel interamericano porque es uno de los Estados que más recibe denuncias en su contra y aún así, en promedio la Comisión Interamericana tan solo le da trámite al 20 por ciento, descartando las demás en su gran mayoría precisamente porque no se han agotado los recursos internos” (Revista Semana 2020/07/06).
Además, la desaparición forazada de Pedro Julio Movilla, militante del PCC-ML, por parte de agentes estatales se fundamentó en la teoría del “enemigo interno” en la que se ampararon los violadores para cometer el crimen. Este concepto sigue vigente en Colombia como se evidencia en los “perfilamientos” cometidas por el Ejército Nacional contra políticos, periodistas y personas defensoras de DDHH que ha denunciado la Revista Semana desde finales del año anterior.
El Estado de Colombia no da muestra de desmontar verdaderamente el concepto del “enemigo interno”. Le ha dicho a la CIDH que esa legislación ya no existe y que la ha reemplazado por una nueva, pero no muestra la prueba de que ello sea así, amparándose en que son documentos de carácter reservado. Independientemente del debate jurídico sobre si un Estado puede oponerle reserva al Sistema Interamericano de Derechos, lo cierto es que ese concepto está vivo, se siente y golpea duro como se comprueba con los recientes “perfilamientos”.
Si en gracia de discusión aceptamos que no existe, lo cierto es que en la mentalidad de los agentes de inteligencia del Estado está vigente el “enemigo interno”. Lo siguen aplicando y es fuente de graves violaciones a los derechos humanos en Colombia. Es necesaria una nueva política de formación en derechos humanos y democracia para esos funcionarios.
La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos publicó el pasado 5 de julio el “Informe de homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia” correspondiente al período abril-junio de 2020, el cual incluye informaciones y observaciones de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como de la Defensoría del Pueblo (especialmente las alertas tempranas 026 de 2018 y 018 de 2020) y de organizaciones no gubernamentales —Somos Defensores, CINEP, Indepaz y la Misión de Observación Electoral (MOE) (“Valiosa iniciativa, ejecución ineficiente”, Gustavo Gallón, El Espectador 10/07/2020).
El informe se basa en casos de asesinatos comprobados por Naciones Unidas, que son 37 de enero a junio, mientras que Indepaz registra 153; CINEP, 47; la MOE, 61 hasta el 31 de mayo, y Somos Defensores, 47 hasta el 30 de abril. A pesar de las cifras, el Gobierno sostiene que estos homicidios están disminuyendo.
No es ninguna falacia, Colombia es uno de los Estados que más violan los derechos humanos en la región y el mundo. Quienes “demeritan los esfuerzos de Colombia” no somos las personas defensoras de DDHH sino los agentes estatales que cometen graves crímenes que ofenden la conciencia de la humanidad. Mientras continúe esta situación, seguiremos en la estrategia internacional de llevar casos al SIDH de la OEA.
*Columnista invitado | Abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
