Desde el 23 de junio, el informe que presenta a diario el Ministerio de Salud y Protección Social, empezó a alertar a los profesionales de la salud, las muertes y contagios por COVID-19 empezaron a crecer de manera acelerada y de 75 muertes rápidamente empezamos a registrar el fallecimiento de 380 colombianos por COVID, cifra que consolidó a Colombia como el foco de la pandemia en América Latina, conocido el reporte el pasado 29 de julio, el Ministro de Salud Fernando Ruíz, manifestó que las muertes reportadas ese día no significaban que esos fallecimientos hubiesen ocurrido en las 24 horas anteriores, Ruíz fue más allá y se atrevió a asegurar que las cifras correspondían a muertes acumuladas, lo que dejo un manto de duda sobre los números reales de la tragedia y la información que presenta el gobierno del Presidente Iván Duque, como era de esperarse las agremiaciones de salud tuvieron que salir a defenderse y a explicar que los pacientes COVID-19 que fallecen en las Unidades de Cuidado Intensivo o fuera de ellas, son reportadas ante el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias o ante las autoridades gubernamentales a diario, dejando al desnudo la intensión del jefe de la cartera de Salud de maquillar las cifras, un ministro que pasados cuatro meses no ha podido manejar la crisis derivaba del COVID-19.
Colombia el foco de la pandemia en América Latina
Con corte al primero de agosto, Colombia reportó 306.181 casos de COVID-19, llegó a 10.330 fallecidos y completó un mes con cifras diarias superiores a los 7.000 casos, estadísticas focalizadas principalmente en Bogotá y Medellín, ciudades donde parece que los números van en aumento a pesar de los confinamientos focalizados, pero ¿Cómo llego Colombia a consolidarse como el foco de la pandemia en América Latina?; vamos por partes, la experiencia europea, nos aseguraron los mandatarios, iba servir para que Colombia no cometiera los mismos errores y en medio de los anuncios de destinación de recursos, el Presidente de la República y el Ministro de Salud, se autofelicitaron y nos mandaron a casa, nos encerraron mientras ellos hacían esfuerzos enormes por ampliar la capacidad instalada en los centros médicos y hospitales, o eso fue lo que nos hicieron creer, mientras tanto con los ciudadanos en cuarentena, se suponía que el gabinete presidencial le trataba de ganar la batalla al reloj y entendíamos que corrían comprando test y respiradores.
Pasados cuatro meses nos enteramos que no paso lo uno, ni lo otro, que los recursos anunciados nunca llegaron a los hospitales de la red pública del país, que tampoco se construyeron laboratorios para asegurar el procesamiento de las pruebas y mucho menos se mejoró la situación laboral del personal de salud, que desde el primer día de la pandemia salió a reclamar salarios dignos y garantías laborales; al comienzo de la emergencia de salud derivada del COVID-19 en Colombia, salieron a flote y con mayor cubrimiento de los medios, los retos que está significaba para el personal del área de la salud, situación que lejos de mejorar, se ha hecho más dura. A falta de un testeo masivo, se suma el retraso en el procesamiento y entrega de resultados de las pruebas COVID-19, lo que podría significar que el número de contagiados en el país es mayor al que reportan las entidades de salud.
El avance de la pandemia, puso en evidencia la precaria e insostenible situación laboral de todos los trabajadores que conforman el sector salud en el país. Según la Contraloría General de la Nación, más del 40% de los trabajadores de la salud, se encuentran vinculados por prestación de servicios, tercerizados o en “provisionabilidad”, para este gran porcentaje, su situación laboral a mediano y largo plazo es incierta, a lo cual se suman crecientes casos de agresiones de todo tipo y discriminación hacia los trabajadores del área, pero la incertidumbre laboral es solo uno de los problemas que enfrenta el personal de la salud, pues a una gran parte de ellos incluso se les adeuda su salario, situación que a nadie parece importarle, la precarización laboral es tan dramática, que Heandel Rentería Córdoba, médico del hospital San Francisco de Asís en Quibdó, murió esperando sus honorarios que le adeudaban desde septiembre de 2019, pese a las condiciones en las que trabajaba, el doctor Rentería siguió al frente del hospital, atendiendo a la comunidad del pacífico y falleció a causa del COVID-19.
Mientras el Presidente Iván Duque sigue sin entender la crisis económica y social que hoy golpea a millones de colombianos, y sale noche tras noche a hablarnos de una Colombia imaginaria, que solo él conoce y en donde todo anda a las mil maravillas, los académicos continúan denunciando que las cuentas no cuadran, y que el gasto público destinado para atender la emergencia sanitaria al parecer se esfumó en los bolsillos de los banqueros, que vale la pena recordar no le han girado un peso, ni a pequeños, ni a medianos empresarios. Si el gobierno sigue ignorando a las agremiaciones de la salud y a las sociedades científicas, difícilmente Colombia podrá superar las consecuencias del Coronavirus, un pulso político que no quiere perder el Presidente y que nos cuesta vidas, los expertos le han pedido una y otra vez que detenga la reapertura de sectores económicos y que declare una nueva cuarenta drástica, confinamiento que les daría el tiempo necesario para mejorar la atención a pacientes que ingresan por COVID-19 y otras enfermedades en los centros médicos y hospitalarios, cuarentena que podría darle un respiro a los médicos que hoy se enfrentan a jornadas de 12 y 14 horas diarias, que están asumiendo las funciones de los 4500 contagiados por COVID-19 que hay entre médicos y personal de enfermería que no han podido regresar, aislamiento que serviría para que sin más dilaciones el Estado deje de tirarle la pelota a las EPS y entregue de una buena vez los elementos de bioseguridad que requiere el personal sanitario, que arriesga su vida y la de sus familiares, esperando que el Estado por primera vez en la historia asuma su función.
Queda claro que nosotros también podemos ayudar, poniendo en práctica con seriedad, las medidas de distanciamiento y de autocuidado, lo peor que nos puede pasar como colombianos es normalizar la muerte, cada día cerca de 250 familias pierden a un ser querido, un amigo, un abuelo, un hermano, una madre, 10.330 fallecidos por COVID-19 en Colombia, no puede ser leídos como una simple cifra, estas muertes deben recordarnos la fragilidad de la vida, la gravedad del Coronavirus y convocarnos a una reflexión profunda acerca de la realidad incomprensible que hoy viven nuestros médicos, enfermeros, camilleros y todo el personal de la salud, la primera línea que se ha convertido en la radiografía en sí misma de un sistema de salud que ya desde hace varios gobiernos viene sufriendo de un abandono progresivo.
