Por: Diego Cancino*
Parece que no son “manzanas podridas aisladas”, parece que no hay casos particulares que deben ser judicializados, si es que los judicializan, parece, y así lo confirma la historia reciente de este país (al menos desde que tengo uso de memoria), que estos hechos son generalizados, recurrentes, periódicos, y se repiten bajo una misma pauta y siempre las reacciones son análogas: hay escándalo mediático, la sociedad se indigna, las víctimas protestan y el Estado, en particular, el gobierno queda incólume, justifica de alguna manera los hechos y la impunidad se intensifica. Es infame y triplemente reprochable que esto suceda.
Es reprochable
- Porque toda “chuzada”, persecución política o eliminación física o simbólica o política de una voz, es inadmisible
- Porque si este tipo de acciones viene del Estado es aún más grave, dado que el Estado debe hacer cumplir la ley y dar ejemplo, y no ser un agente que viola la ley y, en especial, la Constitución
- Porque al ser generalizada la práctica y quizás con intención y bajo un plan predestinado (práctica sistemática) se vuelve, moralmente y según el Derecho Internacional Humanitario (DIH), una práctica profundamente deleznable.
Repito, pareciera que la violación de la ley por parte del Estado y sus acciones delictivas hacen parte de su quehacer, parte de un plan con una responsabilidad de mando muy alta. Los hechos son claros y se traslapan año a año. El DAS, el narcotráfico y las fuerzas paraestatales en los años 80, asesinaron líderes políticos independientes y con banderas comunistas, socialistas o realmente liberales. Fuerzas paramilitares en contubernios con fuerzas militares despojando tierras, asesinando campesinos y campesinas, y generando masacres en los 90. Chuzadas desde el Estado, masacres en la Colombia profunda, persecución de la oposición, estigmatización del pensamiento no hegemónico de Uribe, ejecuciones desde el Estado a civiles inocentes, paramilitares en el Congreso; todo esto en la era del finquero del Uberrimo. Y en esta nueva época de Uribe en cuerpo ajeno, vuelven las carpetas.
En el caso que denuncia Semana y que desde hace más de 15 años son recurrentes, se está claramente violando un principio constitucional como es el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación”. José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch señala este punto de manera elocuente: “Las graves denuncias de que el Ejército realiza interceptaciones ilegales y produce inteligencia sobre periodistas, jueces y abogados de derechos humanos se repiten año tras año en Colombia. La pregunta es cuándo las autoridades van a tomar medidas serias para frenar estos abusos y someter a los responsables a la justicia. Hay enormes riesgos de que estas prácticas que violan el derecho a la privacidad y atentan contra el sistema democrático terminen por normalizarse en el país”.
Ese el punto fundamental de este texto: preocupa de manera especial que, por un lado, esta práctica sea sistemática y generalizada por parte del Estado, y las evidencias empíricas e históricas parecen respaldar esta tesis y preocupa, por otro lado, que esta práctica sea normalizada por nosotros dado que se puede convertir en un paisaje frecuente que ya no nos afecta. PUES NO, estas acciones son de una gravedad mayúscula: como lo dejó claro John Stuart Mill, el fundamento de la democracia es la igualdad (prefiero la equidad) y la libertad de expresión, ese punto es el que diferencia una democracia real de una dictadura o de un régimen fascista o autoritario.
La gravedad de estos delitos denunciados y cuyos victimarios son miembros del ejército nacional incluyendo, quizás, altos generales como Nicacio Martínez es que, es el Estado quien corroe la democracia, afecta la dignidad de las personas y persigue e intimida a quien piensa diferente: esa es una lógica ilegal y de guerra, no es una lógica de paz y mucho menos de un Estado Social de derecho.
La confesión de uno de los oficiales involucrados que se atrevió a develar estos hechos es elocuente…termino con eso : “La orden de los mandos del Bacib [Batallones de ciber inteligencia], Caimi [Comando de Apoyo de Combate de Inteligencia Militar] y Cacim [Comando de Apoyo de Contrainteligencia Militar], fue que, por instrucciones de mi general, había que conseguir todo lo que se pudiera sobre el periodista gringo, especialmente porque consideraban que, por lo que publicó, estaba atacando a la institución y, en particular, a mi general Martínez.”
Presidente, Ejército Nacional, Estado ya va siendo hora de asumir un mea culpa genuino, actuar al respecto, empezar a construir un Estado democrático y social de derecho. Y, muy importante, empezar a no tapar la ilegalidad con la misma cobija y combatir de frente esta impunidad que nos invade frente a los crímenes de Estado.
*Concejal de Bogotá por la Alianza Verde – Columnista invitado
