No es fortuito que el proyecto de Acto Legislativo que permite el uso de cannabis recreativo en adultos —aprobado la semana pasada en tercer debate en la Comisión Tercera del Senado, por 12 votos a favor frente a cuatro en contra— modifique el artículo 49 de nuestra Constitución.  Este artículo está precisamente dedicado a la salud de todos los colombianos y establece tanto derechos como deberes ciudadanos para su logro.

Y es que, poco a poco el mundo ha venido entendiendo que hablar de drogas, es hablar más de salud —de salud pública— que de criminalidad.  De acuerdo al último estudio de consumo de drogas en el país, realizado por el Observatorio del Ministerio de Justicia, para 2019 más del 84% de las personas mayores de 12 años habían consumido alguna vez alcohol, 10,3% habían usado alguna droga ilícita y, en el caso específico de la marihuana, el 8,3% de las personas la habían probado alguna vez. Más aún, es preocupante que, de los consumidores de drogas ilícitas en el último año, el 47% de ellos mostrara patrones de abuso o dependencia, al igual que el 51% de las personas que habían usado marihuana durante ese tiempo.

Estas cifras nos dicen que el consumo de drogas, tanto lícitas como ilícitas, no es un tema de pocos y que su impacto en la salud de las personas, tampoco es menor.  Por otro lado, los mismos datos nos están señalando que el abordaje de esta problemática, a partir de marcos rígidos de justicia criminal, tampoco ha servido para contener el problema —y bien lo está entendiendo este Congreso, luego del llamativo discurso del Presidente Petro en las Naciones Unidas, hace pocas semanas—.

No nos engañemos, despenalizar constitucionalmente el uso recreativo del cannabis en adultos, por sí solo, no hará que la problemática se vaya de la sociedad, es tan solo el comienzo de un abordaje distinto —no podemos caer, tampoco, en el negacionismo de un problema de salud pública—. ¿qué sigue ahora? Dependerá del mismo Congreso crear un marco legal que permita que tengamos las instituciones y los mecanismos necesarios para evitar que el consumo de cannabis —y otras drogas lícitas— se convierta en un uso problemático, dependencia y abuso.  Por su parte, el Ministerio de Salud deberá ajustar la política de consumo y abuso de sustancias psicoactivas y de salud mental, y fortalecer las estrategias comunitarias que busquen estilos de vida saludables y, en el caso de quienes lo deseen, un uso recreativo responsable de estas sustancias bien informado.

Faltan aún cuatro largos debates en el florido Congreso, con seguridad, plagados de intensas discusiones y simbolismos —no faltarán los muñecos inflables o animales de finca, que se han vuelto tan frecuentes—. A pesar de ello, esperemos que el futuro de esta nueva ruta que emprende el país, permita traer más y mejor evidencia de salud pública y diseñar mejores instrumentos para abordar la realidad y consecuencias sociales del uso problemático de sustancias psicoactivas, que no solo nos ha traído fallecidos relacionados directamente con su abuso, sino tantos miembros de la fuerza pública muertos y heridos, tantos campesinos desplazados y violentados, tanta destrucción de nuestro tejido social. Ésta, es una oportunidad de oro, para construir un país distinto, pero mejor.

Germán Escobar Morales

Médico, Salubrista Público.

Ex Viceministro de Salud