El pasado 3 de marzo Juliette de Rivero, la representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, presentó el nuevo Informe Anual del organismo sobre Colombia, que resume la dramática situación de derechos humanos en el país durante el año 2021. Entre los muchos temas de preocupación, está el riesgo que se enfrenta en la elección de 16 curules de paz, punto 2 del Acuerdo de Paz, debido al lugar que ocupan los grupos armados en los diferentes territorios y centros urbanos, la falta de presencia integral del Estado en las zonas rurales, el aumento de masacres, y más de 202 homicidios de defensoras y defensores de derechos humanos.
Las 16 curules especiales de paz deben contribuir a reparar el daño sufrido por las víctimas de décadas de conflicto armado en Colombia, que tenía entre muchas de sus causas la exclusión política. El Acuerdo de Paz de 2016 preveía que en los departamentos más afectados por la guerra -Arauca, Antioquia, Bolívar, Cauca, Caquetá, Cesar, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Sucre, Valle del Cauca y Tolima- se disputarían 16 curules especiales y temporales para reforzar la representación política de las víctimas.
Sin embargo, durante cinco años el partido de gobierno Centro Democrático, con la mano de Álvaro Uribe detrás, y sectores aliados del Congreso se opusieron a estas curules. El 30 de noviembre de 2017 se hundió, por un voto, el proyecto que estaba en conciliación en el Senado. La lucha para rescatarlas duró cinco años, hasta la Corte Constitucional, tras una acción del senador Roy Barreras que revivió estas curules de paz el 21 de mayo 2021 (Sentencia SU-150). Otros varios meses después, el 6 de octubre de 2021, el presidente Iván Duque por fin firmó el Decreto 1207 de 2021 que reglamentó el acto legislativo 02 de 2021, reconociendo así el derecho a las víctimas de ocupar sus curules en el Congreso por dos periodos: 2022-2026 y 2026-2030.
Esta demora tan grande hizo que en vez de contar con años de preparación para garantizar la integridad de la elección de las curules, se tuviesen solo unos pocos meses. El 13 de diciembre del 2021 se cerraron las inscripciones para los aspirantes a las curules de paz. Los aspirantes deben cumplir ciertos requisitos como haber nacido en uno de los municipios de las circunscripciones o haber vivido en estos durante tres años consecutivos -esto teniendo en cuenta que algunos de ellos pueden ser víctimas de desplazamiento forzado-, y estar incluidos en el Registro Único de Víctimas por alguno de los hechos victimizantes contemplado en la Ley 1448 de 2011, de manera individual o colectiva. A finales de febrero del año en curso, se conocían 396 candidatas y candidatos para ocupar las 16 curules de paz, entre los cuales se encuentra personas muy cuestionadas como el hijo del paramilitar “Jorge 40”, Jorge Rodrigo Tovar Vélez, de la mal llamada “Asociación Paz es Vida”, señalada de ser una organización de papel y compra de votos. Todo indica que varios aspirantes no son más que fichas de las mismas maquinarias políticas de siempre.
El informe de la OACNUDH reconoce que la creación de las circunscripciones transitorias especiales de paz es un avance significativo, precisamente con relación a la participación política de las víctimas de las zonas más afectadas por el conflicto armado. Pero a la vez, la señora de Rivero llamó la atención sobre el alto riesgo que corren las 16 circunscripciones de paz en las elecciones del domingo 13 de marzo. La histórica votación está en peligro por la presencia de grupos armados no estatales y organizaciones criminales que operan en las zonas que corresponden a esas circunscripciones y su impacto negativo para el proceso electoral y la democracia.
Los factores que ponen en riesgo las elecciones de las curules son los mismos que afectan todo el proceso de implementación del Acuerdo de Paz de 2016. El incremento de la violencia que se documenta en el informe se da justamente en estas zonas históricamente afectadas por el conflicto y es la misma que afecta severamente los liderazgos, la vida comunitaria indígena, campesina y afrodescendiente, y la de las mujeres en zonas rurales.
Según de Rivero, la violencia se ha agudizado concentrándose mayoritariamente en cuatro departamentos del país: Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca, que también en su momento fueron altamente afectados por el conflicto armado. Registró un total de 100 casos de posibles masacres, de las cuales, 78 fueron verificadas y mayoritariamente perpetradas en esos cuatro departamentos. Estos hechos estuvieron acompañados por limitaciones de prácticas ancestrales y comunitarias, y demás hostigamientos de grupos armados al margen de la ley contra la población civil, comentó de Rivero.
La señora de Rivero también informó que es en las regiones del Pacífico y del Caribe donde hubo mayores indicadores de pobreza multidimensional, con un 30,9% y un 28,7%, respectivamente, y que a nivel general la población informal ascendió al 48,1%, lo que incide en el análisis de la situación de inseguridad en el país. Hizo un llamado a reforzar la presencia integral del Estado para tratar estas situaciones, porque de lo contrario, se pueden aumentar las vulnerabilidades como las que se presentan en lugares como Quibdó, donde los déficits económicos y la presencia de grupos armados ya muestran su intensidad. Precisó que con la llegada del Estado, hay mayor acceso a la justicia y a los servicios básicos, a la vez que se disminuye la impunidad y se impulsa el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales.
La representante indicó que en el informe de la Alta Comisionada se presentaron 202 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de las cuales 100 tuvieron una relación directa entre su asesinato y su labor social. El 75% de estos hechos tuvieron lugar en Antioquia, Chocó, Valle del Cauca y Cauca – nuevamente, zonas con alta afectación de la guerra. Entre tanto, se registraron 1.116 amenazas contra esta población y contra organizaciones defensoras de derechos humanos, además de lo sucedido durante las jornadas de movilización social.
Nos encontramos en un círculo vicioso. Se firmó el Acuerdo de Paz para transformar las causales estructurales del conflicto armado. Al no haberlo implementado, el gobierno de Duque se presta para sostener estas mismas causales. Es responsable de una situación en que el incremento de violencia en las zonas rurales donde se disputan la curules de paz las pone en riesgo, lo cual que se da por ausencia integral del Estado y la falta de implementación del Acuerdo de Paz. Se teme que un proceso que podría haber sido transformador, se quede corto.
Como siempre sucede, en el informe de 2021, la Alta Comisionada le hizo una serie de recomendaciones al Estado colombiano, instándolo a implementar el Acuerdo de Paz; a darle seguimiento al llamado de las poblaciones afectadas por la violencia que piden la adopción de Acuerdos Humanitarios para la protección de la vida y el respeto de los derechos humanos; a que el Ministerio del Interior refuerce la capacidad y metodología de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas para implementar medidas concretas de prevención de la violencia; a que se fortalezcan las Comisiones Regionales del Ministerio Público para dar seguimiento a las Alertas Tempranas, mediante la articulación entre las Personerías, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo; y a que el Gobierno robustezca y, en algunos casos, reactive las mesas territoriales de garantías y fortalezca el seguimiento de sus decisiones, entre otros puntos. El camino al andar no podría ser más claro, pero quedará para el próximo gobierno.
