Desde la publicación de nuestro informe de seguimiento a los 100 días del gobierno de Gustavo Petro, me llamó la atención que – de todo lo que señalamos como retos y cuellos de botella – varios medios se quedaron con el titular de que se incrementó la violencia contra líderes y lideresas sociales, especialmente en el mes de octubre. No es la primera vez que ante denuncias de este tipo el debate termina centrado en el número pequeño, o en qué consideramos que es un líder social. Sí, la paz total es lo más retador y lo más innovador de este gobierno. Estamos a las puertas de un ambicioso proceso de desarme, en lo que los colombianos hemos sido muy expertos. No así en sostener los períodos pacíficos y evitar la proliferación de nuevas violencias. Pero el objetivo del informe era justamente señalar los retos para hacer posible su solución.
Entonces, quiero dedicarle esta columna a señalar lo nefasto que puede ser para un país fundamentar sus decisiones en datos sin relatos y sobre todo en esa costumbre tan centralista de intentar que la realidad de las personas encaje en los juicios sobre la realidad que tenemos desde las agencias, tanques de pensamientos, ONG, o entidades gubernamentales.
Uno de los hallazgos más importantes del informe que parte de información del Observatorio para la Defensa de la Vida de la Fundación PARES, fue precisamente lo que generó la polémica, dado que el incremento de la violencia específica contra líderes y lideresas sociales, especialmente contra personas de las Juntas de Acción Comunal, líderes de comunidades étnicas, campesinos, sindicales y comunitarios no encaja con la descripción “típica” de la violencia como un fenómeno de economías ilegales o de disputas entre grupos ilegales. Este ciclo de violencia que se ha venido incrementando devela cosas que no queremos ver, y que no necesariamente se reflejen en las cifras.
Lo primero, y en eso coincidimos con el importante trabajo que ha realizado el International Crisis Group, es que los repertorios de violencia están cambiando, pero sí hay una intención de los grupos armados de presionar las agendas y la agencia social en los territorios donde hacen presencia. Para que las persona que me leen lo entiendan mejor: varios de estos grupos están presionando violentamente a las organizaciones territoriales para que los reconozcan y se sumen a sus agendas – las que sean – para mostrar mayor legitimidad en una eventual negociación. No es el control del territorio lo que buscan, como algo vacío, sino el control de la población que implica poder cotidiano sobre la vida de las personas, cómo se mueven y cómo producen.
Lo segundo y para mí lo más importante es que también se devela que ese nivel de presión violenta sobre la población ocurre en zonas de alta operación de las Fuerzas Armadas y que si el proceso de paz no se acompaña de una fuerte campaña anticorrupción en la fuerza pública, seguirá siendo muy fácil promover la violencia organizada.
Pero aún hay algo más importante y es que es necesario creerle a la gente cuando señala que está bajo amenaza. Tres departamentos: Arauca, Putumayo y Cauca no van a ver una disminución de la violencia si no se reconoce que sus liderazgos están en alto riesgo, porque incluso la información específica para tomar decisiones depende de que las personas logren hablar. Hoy, en municipios como Piamonte, Cauca, impera el silencio.
¿Qué significa la suma de todo esto? ¿Cómo lo hemos interpretado? La intención del informe fue hacer visibles, a partir de este análisis y seguimiento los retos de la paz total y enviar un mensaje al gobierno nacional sobre la importancia de la protección prioritaria de la sociedad civil, que en últimas es la mejor aliada para la construcción de paz. En concreto: hay que lograr incluir en las mesas de negociación la disminución efectiva de la violencia contra civiles e intentar no generar nuevos incentivos para la disputa entre grupos o el incremento de la presión social.
La única opción es fortalecer de forma contundente las agendas civiles y democráticas locales. Protección a los liderazgos y una profunda confianza pública en el logro de la sociedad civil es fundamental para recuperar el tejido social necesario para la paz. ¿Cómo? Se está hablando de considerar la financiación pública y prioritaria de las agendas sociales territoriales y sus organizaciones. No es para nada una mala idea. Hay que creerle a la gente.
