Muy a pesar de las bondades democráticas y en materia de reconocimiento de derechos que consagró la constitución de 1991, hemos asistido en las últimas décadas a una severa profundización de la crisis de legitimidad del Estado, a una crisis económica y social sin precedentes, a la profundización del conflicto armado interno y su degradación humanitaria, lo cual ha obligado a los ciudadanos y ciudadanas, en diferentes momentos de nuestra historia reciente, a generar iniciativas y a redoblar los esfuerzos tendientes a forjar los cambios necesarios desde el constituyente primario, que permitan a corto, mediano y largo plazo, un presente y un futuro mas halagüeño y menos escéptico para el conjunto de los colombianos y las colombianas.
Luego del Mandato Ciudadano Por la Paz, la Vida y la Libertad de 1997, comenzaron a surgir, en diferentes municipios y poblaciones del país, ejercicios de soberanía popular y de participación ciudadana. Redepaz y otras organizaciones sociales de base, lograron desatar un importante plan pedagógico y organizativo, cuyo centro de acción recuperaba elementos de la escuela nueva, basados en métodos que rescataron el arte y la creatividad, para, desde el fortalecimiento de la sensibilidad, hacer posible la emergencia de conceptos que promovieran el poder constituyente del pueblo, mediante las llamadas Asambleas Territoriales Constituyentes.
La democracia directa contemplada en el artículo 3º de la CPN, en correspondencia con el anhelo de la constituyente de 1991 de implementar la democracia participativa, la descentralización y la modernización de la gestión pública, ha sido, mediante leyes y decretos, tecnocratizada, sobrerregulada, burocratizada, limitando su alcance y reduciéndola exclusiva y excluyentemente a un mero ejercicio de consulta, de enajenación del poder soberano, mientras paralelamente se fortalece la democracia representativa y se reproducen los vicios de corrupción, clientelismo, sectarismo, empobrecimiento, afianzando practicas excluyentes, autoritarias, y centralistas, que unidas a políticas económicas, perpetúan las condiciones que dieron origen a la confrontación armada interna y pretenden imposibilitar la experimentación del camino de la solución política a la misma.
Dichas medidas políticas, han atrofiado y limitado el ejercicio participante del constituyente primario, obligando al ciudadano y a la sociedad colombiana, en el marco de la Constitución Política Nacional, a crear nuevos espacios de participación y soberanía popular, capaces de transformar su realidad, señalando el camino hacia el desarrollo y el crecimiento humano para el cambio social, político y económico que, nos permita conquistar una sociedad democrática, pluralista y tolerante, para una paz duradera y estable.
Como desarrollo de las iniciativas ciudadanas de territorialidad para la paz y ante los graves problemas de violencia, desarrollo, gobernabilidad y legitimidad del Estado, en el entendido de que los mecanismos de participación ciudadana, han sido insuficientes para superar las situaciones planteadas, surgieron y desaparecieron -producto de la persecución política-, a finales del siglo pasado y comienzos del presente, las llamadas Asambleas Municipales Constituyentes, de las cuales destacamos los procesos de Mogotes en Santander (primer premio nacional de paz), Tarso y los Municipios del Oriente en Antioquia, las Asambleas Departamentales Constituyentes de Tolima, Antioquia y Nariño, los procesos de Tarqui, La Argentina en el Huila, los procesos en Tiquisio y Micohaumado en Bolívar, y los ejercicios de participación en Nariño, entre más de doscientos procesos identificados. Estas Asambleas, desatadas desde la iniciativa de la sociedad civil, con al acompañamiento de algunos gobiernos locales, y aprendiendo de dinámicas como la Asamblea Popular del Catatumbo y el Proceso de Territorialidad para la Paz de la India en Santander, lograron impregnar de dignidad y optimismo a importantes capas de la sociedad local.
El presidente Gustavo Petro Urrego ha puesto nuevamente en la agenda del debate político, el tema constituyente, y ha defendido la urgencia de recurrir al pueblo como legítimo soberano, para que, a través de procesos asamblearios, se identifiquen soluciones a las problemáticas estructurales que afectan la sociedad y la gobernabilidad. A mi modo de ver, en esta propuesta, que no surgirá solo con el entusiasmo del Jefe de Estado, deberán concurrir todas las instancias de gobierno y de Estado, si realmente se quiere avanzar progresivamente, de tal forma que se logre establecer un proceso para las transformaciones que exige la paz, la equidad y la justicia social. Un proceso que exige establecer un ambicioso plan pedagógico basado en los derechos y los deberes, con el fin de hacer posible la emergencia de ciudadanías informadas y propositivas (Ciudadanías Libres), capaces de desatar en cada espacio social o territorial, un proceso de carácter asambleario permanente, que haga uso del poder de decisión para construir planes de vida a largo plazo, decidir sobre su presupuesto y proteger sus recursos naturales. Finalmente, y acorde a la política de Paz Total e Integral, declarar la territorialidad para la paz, exigiendo a los grupos armados, el cese de actividades violentas y delictivas.
Este proceso, así planteado y vivido, podrá o no convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, utilizando los canales que contempla la Constitución y la Ley. Una ANC surgida, promovida, reglamentada y establecida, con el ánimo de hacer de esta, un escenario amplio, incluyente, participativo, capaz de construir un Pacto Social, amparados en el espíritu democrático de la Constitución Política Nacional, ampliando sus alcances y desarrollando el Estado Social de Derecho. Colombia necesita, a propósito de las mesas de diálogo con los actores armados y el alto grado de polarización promovido por la oposición al gobierno del cambio, la presencia constante del constituyente primario en el control social y político del ejercicio de lo público, para hacer práctica la relación Individuo-Sociedad-Estado, y generar una nueva forma de asumir la ciudadanía, cuya eficacia depende de la posibilidad de decidir, interpelar, controlar, incidir y transformar la realidad de su espacio territorial.
Un proceso para relegitimar al Estado y hacer de este, un ente coordinador de la sociedad en la construcción de pactos, consensos y objetivos comunes justos, democráticos, equitativos, solidarios y pacíficos. Un proceso soberano para el respeto a la vida, que interpela la confrontación armada, la conmina a desaparecer y se impone desde la noviolencia. Un proceso que trasciendala democracia representativa, y avance, por el camino de la interiorización cultural de nuevas practicas ciudadanas, con deberes y derechos, un proceso de resignificación y dignificación del ser humano, de recuperación de la memoria histórica individual y colectiva, y de rompimiento con viejas estructuras injustas, prácticas sociales y políticas excluyentes, capaz de potenciar y redefinir la organización social.
Los ejercicios constituyentes, deberán ser, por excelencia, espacios de inclusión para amplios sectores sociales que no han podido acceder al goce pleno de sus derechos, espacios de toma de decisiones para las soluciones a sus graves problemas. Ejercicios que requieren avanzar hacia el reconocimiento político pleno en lo local y nacional, sin renunciar a su vocación soberana constituyente para la paz y la reconciliación nacional.
