Bibiana Bello
Han pasado tres meses y ocho días desde que se conoció el primer caso de COVID 19 en el país, en pocos días pasamos de ver con perplejidad el paso devastador del Coronavirus por Europa a ocuparnos de nuestra nueva realidad, un presente lleno de miedos y poca certeza sobre el futuro, algunos corrimos con la suerte de tener un techo, un trabajo y comida, pero aún nos acostamos sabiendo que otros la están pasando muy mal.
El cierre necesario del comercio, las escuelas, la parálisis de todo un país y el clamor angustioso de millones de familias con una bandera roja en sus puertas nos fue mostrando la crudeza de la pandemia, de la pobreza y la indolencia de nuestros gobernantes. Las muertes por causa del COVID 19 aumentan con el paso de los días, pero una de las peores tragedias que vive el país avanza en silencio, la violencia contra la mujer sin distingo de edad.
Según el último informe presentado por El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 16.473 mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar en lo corrido del año, los rangos de edades donde se presentaron mayores ataques contra la población femenina oscilan entre los 25 a 29 años de edad con 3225 casos, seguido de mujeres en edades entre 20 a 24 años con 2922 casos y mujeres entre los 30 a 34 años con 2622 casos, ni la población femenina menor de un año y mayor de 80 años se salva, en todos los rangos de edad se presentaron casos de violencia intrafamiliar, 16.473 mujeres agredidas y violentadas dentro de sus casas.
Y si estas cifras no llegan a aterrarnos a todos, la violencia que viven las mujeres en Colombia exacerbada en medio de la cuarentena nos mostró su peor rostro hace unos días, cuando entre la rabia, el dolor y la impotencia nos enteramos del acceso carnal violento al que fue sometida el pasado 21 de junio una niña de 11 años, perteneciente a la etnia Embera Chamí, secuestrada por más de 15 horas y abusada sexualmente por siete soldados pertenecientes al pelotón Buitre II de la Octava Brigada del Ejército Nacional, la institución más desprestigiada de Colombia, por el actuar de algunos uniformados y de otros altos mandos que se han encargado de justificar el accionar de sus hombres, soldados que valiéndose de las armas y del mandato que les otorga la constitución política, se han dedicado a cometer crímenes de lesa humanidad, espionaje a periodistas, partidos políticos de oposición, asesinato de campesinos para presentarlos como guerrilleros, y abuso sexual en contra de las niñas que viven en las áreas rurales del país.
Basta escuchar al comandante de las fuerzas militares, quien sin mayor sonrojo reconoció que 118 de los uniformados están implicados en abusos sexuales contra menores de edad, el alto mando justificó que 73 hombres siguieran activos en la institución, señalando que las investigaciones en cada caso son distintas y toman tiempo.
Y mientras el general Eduardo Zapateiro, presentaba su informe recordó que dichos abusos sexuales contra menores fueron cometidos por soldados en un periodo que comprende casos desde el año 2016. Las preguntas que nos hacemos todos son ¿si esa información la conocían años atrás, por qué solo hasta ahora la presentan? ¿cómo permitieron los comandantes de las fuerzas armadas que 73 de sus hombres con investigaciones por abuso de niñas, se mantuvieran como si nada en sus filas, portando el uniforme, participando de operaciones y en contacto con comunidades?. De verdad quiere el comandante Zapateiro hacernos creer que son unas cuántas manzanas podridas las que manchan el nombre del Ejército Nacional de Colombia, cuando son ellos mismos, los que han encubierto a los abusadores, los que han salido a defender lo indefendible.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos desde hace décadas han puesto en evidencia la gravedad de los delitos que cometen algunos uniformados en las zonas más alejadas del país, quienes cometieron todo tipo de vejámenes y fueron denunciados por sus víctimas en su mayoría gozan de total impunidad, las investigaciones quedaron en manos de la justicia penal militar, no hubo penas ejemplares, tampoco resarcimiento de los daños y mucho menos verdad para las víctimas, la mayoría de casos precluyeron sin que los denunciantes fueran notificados y en el olvido permanecen los nombres de los agresores. A los pocos días de publicarse el caso de la niña Emebera Chamí, se conoció otro caso de secuestro y acceso carnal violento del que fue víctima otra niña de la etnia Nukak, el abuso fue cometido por un número indeterminado de militares en el Guaviare. Pesé a la gravedad de los hechos, los pronunciamientos de los altos mandos de las fuerzas militares no logran convencer a ningún colombiano.
Hoy es entendible porque el Estado no permitió que se discutiera en La Habana, en los diálogos de paz, la doctrina militar, tampoco la revisión de manuales, y mucho menos que se planteará la depuración de la fuerza pública. Sin embargo, la sociedad colombiana confirmó una vez más que el discurso que por años han promovido las Fuerzas Armadas, sectores políticos de derecha, en cabeza del partido Centro Democrático y el senador Álvaro Uribe Vélez, ha favorecido a los abusadores y criminales que están en las filas del Ejército Nacional de Colombia, no se puede olvidar que días después de que los siete militares aceptaran haber violado a una menor indígena de la comunidad Embera, fuera el mismo Uribe Vélez el que saliera a hacer una vehemente defensa de las Fuerzas Armadas, insistiendo en que “las Fuerzas Armadas de Colombia son un tesoro”, ¡Vaya tesoro!. A estos privilegios se suma la inadecuada tipificación de los delitos por parte de la Fiscalía General de la Nación, institución que vulnera nuevamente el derecho a la verdad que tienen las víctimas, no es lo mismo decir que una menor de edad fue víctima de un acceso sexual abusivo a un acceso carnal violento y no por la pena carcelaria que deberá pagar el responsable, pero si por la dignidad de la víctima.
En mi cabeza quedaron grabadas dos cosas, primero el conmovedor relato de Felicinda, hermana de la menor Embera Chamí, abusada por los militares en Risaralda, quién repetía que su hermanita era la niña de la casa, un ser indefenso que tuvo que soportar el horror de encontrarse en su camino a un mandado a sus abusadores y segundo mi admiración profunda para las comunidades indígenas que pese a tener temor por las represalias que pueda tomar las Fuerzas Militares en su contra, se atrevieron a denunciar, a romper el silencio, ese silencio que ha permitido que miles de niñas sigan siendo abusadas en un país donde reina la injusticia y la impunidad, donde los “héroes de la patria” no existen.
