Por: Carlos Andrés Arias Orjuela*, Columnista invitado
Urgente señalar cuál será el destino del proceso de paz que se inició en el Gobierno anterior y que hoy recibe objeciones, que se manifestarán en menos de un mes, por parte del presidente Iván Duque. Objeciones a las que la Constitución da derecho y que tienen que ver con situaciones de inconveniencia para el país, y que no podrían tener en su contenido discusiones constitucionales, que ya fueron expiadas por la Corte Constitucional.
El proceso de implementación, que perdió el apoyo popular en las urnas y que es criticado fuertemente porque las penas son excesivamente blandas en comparación a la justicia ordinaria, hoy se encuentra a media marcha por cuenta del incumplimiento, desde el Gobierno de Juan Manuel Santos, en las zonas de reubicación, y porque miembros de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) van a declarar a puerta cerrada y nadie, a excepción de los magistrados de la Justicia Especial para la Paz (JEP) saben qué están confesando, lo que puede contrastar con multas de 800.000 pesos por comprar una empanada en la calle.
Por otro lado, algunos no se han presentado ante la JEP y otros como Hernán Darío Velásquez, mejor conocido como “El Paisa”, se devolvió al monte. Debido, según él, a la falta de garantías a raíz de la captura de Santrich, sindicado de narcotráfico. En este panorama y con una JEP que no comunica lo que hace, la opinión cualificada en redes sociales como Twitter, ‘la inmensa minoría’ del país político, pide al presidente que sancione la reglamentación la JEP, mientras otra parte de dicha opinión reclama lo contrario.
Lo cierto es que hoy el país enfrenta la tarea de implementación de la paz, un proceso que ha evitado que jóvenes colombianos caigan en combate. Según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), en 2010 se registraron 557 muertos, entre miembros de la Fuerza Pública, guerrilleros y civiles, mientras que en 2017 no hubo un solo caso. Sin embargo, no todo es color de rosa y la ocupación de zonas despejadas por la antigua guerrilla de las FARC, hoy tienen presencia del Ejército de Liberación Nacional, que ha confirmado su vocación terrorista, y de las bandas delincuenciales, con diferentes intereses, que el Gobierno no ha podido frenar.
En este escenario es necesario que la JEP exponga a la opinión pública los alcances de su gestión, que se permita conocer qué de la verdad, la justicia, la reparación y no repetición, en la comparecencia de los miembros de la FARC se está desarrollando. No es suficiente con declaraciones de líderes de opinión u organismos de control que señalan como “histórica” la declaración ante dicho tribunal de Rodrigo Londoño Echeverri, antes llamado “Timochenko”. A eso se comprometió y no es un favor que le está haciendo a la paz.
Entretanto, la agenda noticiosa del país sigue intensa. Acá, periodistas o analistas, si alguno de los dos oficios tuviera una remuneración significativa, viviría con grandes lujos, porque trabajo es lo que hay. Sin embargo, la labor de mayor relevancia, la más importante, la tienen la JEP y, obviamente, el presidente Iván Duque.
Twitter: @cariasann
*Docente Comunicación Política de la Universidad Externado de Colombia
