A lo largo de la historia, se pueden identificar varios períodos difíciles para el sector minero-energético colombiano, algunos asociados a dinámicas propias del mercado internacional y otros en los que asuntos internos lograron frenar la expansión de este importante sector de la economía. No obstante, nunca como hoy había sido la intención deliberada de un gobierno la que, con múltiples acciones, ha procurado su desincentivo de manera tan evidente y contundente.

En primer lugar, se desarrolló una matriz de opinión adversa y se promovió un clima de conflicto en las regiones productoras, incluso como parte de la campaña que resultó en la elección del actual gobierno. Mediante el engaño y la exacerbación del odio y el resentimiento, se empezó a hacer más complejo y oneroso el desarrollo de algunos proyectos, los cuales tuvieron que ser abandonados.

Sin embargo, fue la designación de la primera ministra del actual gobierno, interpretada por muchos como un simple error de cálculo o una ligereza, lo que marcó formalmente el inicio del período oscuro en el que nos encontramos. Con gran acierto, la funcionaria logró sembrar las semillas de desconfianza e incertidumbre que frenaron el crecimiento del sector.

Pronto, el mismo presidente no vaciló en denigrar al sector en escenarios nacionales e internacionales, equiparándolo con el narcotráfico y despreciando la robustez técnica y científica de nuestra actividad y de quienes laboramos en ella. Aseguró que no se necesitaba «mucho cerebro» para el éxito de nuestras operaciones, lo que no solo evidenció la perversidad con la que se oficializaba la intención de destrucción, sino que también respaldó la gestión de la tristemente célebre ministra, promotora del decrecimiento económico y del anuncio de la importación de gas de Venezuela.

Pasando del dicho al hecho, la negativa a la suscripción de nuevos contratos de exploración, en un contexto de reservas y producción ajustadas en el país, fue la primera acción material que produjo efectos claros sobre la evolución de la industria. Esto se evidenció en la caída de las reservas, lo que pone en riesgo la soberanía energética e introduce señales inflacionarias y de desaceleración de nuestra economía.

La Reforma Tributaria marcó otro hito. Aunque parte de sus medidas fue atenuada por inconstitucionalidad, logró en complicidad con la mayoría del Congreso cargar con una sobretasa de renta a la actividad petrolera. Como es obvio, esto redujo las expectativas de generación de valor para inversionistas, empresarios, trabajadores, comunidades y, en general, la sociedad, poniendo al sector en una posición defensiva de reducción de inversiones y aceleración de retornos. Este ambiente, que ya era enrarecido, hoy vuelve a encender sus alarmas ante nuevos anuncios de mayores impuestos en la anunciada reforma que se pretende tramitar en la actual legislatura.

Con todo lo anterior, se ha construido un escenario que, sin duda, puede ser calificado como los dos peores años en la historia de la industria minero-energética colombiana.

Sin embargo, aunque el panorama luzca desolador, no podemos sucumbir ante la maldad que pretende arrastrarnos hacia la miseria. Por el contrario, es tiempo de apelar a la resiliencia y al coraje que nos caracteriza, y promover todas las acciones legales y constitucionales que hagan cesar este ataque a la brevedad posible. Es momento de unir a todos los colombianos con argumentos reales que demuestran que es con, y no contra, nuestra industria como podremos rescatar a nuestra nación de la pobreza, la destrucción y la muerte que prometen regímenes como el que se nos pretende imponer y que ya han destruido a varias naciones de la región.

Alejandro Ospina