Un tribunal federal de Estados Unidos emitió un fallo que bloquea nuevas regulaciones en Missouri, diseñadas para limitar la capacidad de los profesionales financieros de integrar consideraciones ESG en su asesoramiento de inversión, al considerar que dicha regulación era vaga e inconstitucional. (ESG Today, 19 de agosto, 2024)
La regulación, impulsada por el Secretario de Estado de Missouri, Jay Ashcroft, y aprobada en 2023, requería que las firmas y los profesionales financieros obtuvieran el consentimiento por escrito de los clientes antes de incorporar un “objetivo no financiero” o “objetivo social”, incluyendo aquellos de índole social o ambiental. El consentimiento debía incluir un lenguaje obligatorio que reconociera que el asesoramiento podría resultar en inversiones y recomendaciones que no se centran únicamente en maximizar el retorno financiero.
La norma se enmarcó en un movimiento anti-ESG liderado por políticos republicanos en Missouri, quienes han participado activamente en diversas iniciativas para frenar el avance de las inversiones ESG. Por ejemplo, en 2022, el fondo de pensiones estatal anunció la retirada de cientos de millones de dólares de BlackRock, acusando a la firma de “priorizar las iniciativas ESG sobre el retorno de los accionistas”. En 2023, Missouri se unió a una alianza multilateral liderada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, cuyo objetivo es coordinar acciones para “proteger a las personas del movimiento ESG”, mediante medidas que incluyen la prohibición del uso de consideraciones ESG en los fondos de pensiones estatales y locales.
A nivel de Estados Unidos, este fallo subraya las dificultades que enfrentan las iniciativas anti-ESG al intentar imponer restricciones a nivel estatal que chocan con regulaciones federales establecidas. La decisión se considera una victoria para los defensores de estos criterios, ya que limita la capacidad de los estados para imponer reglas que podrían restringir la consideración de los factores ESG, considerados por muchos inversores y empresas como esenciales para la sostenibilidad y gestión de riesgos a largo plazo.
Además, el fallo podría disuadir a otros estados de perseguir medidas similares, lo que potencialmente estabilizaría el panorama y fomentaría la integración continua de estos factores en las prácticas de inversión convencionales. Sin embargo, esta batalla legal probablemente no ha terminado, ya que Missouri podría apelar la decisión, lo que continuaría alimentando el debate nacional sobre el papel de los ESG en las decisiones de inversión. Este resultado resalta la tensión continua entre los movimientos estatales contra el ESG y el impulso más amplio hacia la integración del ESG en el sector financiero.
A nivel internacional, la decisión de anular la regla anti-ESG de Missouri puede tener varios impactos clave en el ecosistema global. En primer lugar, refuerza la tendencia hacia la integración de factores ESG en las decisiones de inversión, lo que puede alentar a otros países a seguir adoptando o reforzando estos estándares en sus mercados financieros. Esta decisión puede ser vista como un respaldo al movimiento global que busca hacer que las inversiones sean más sostenibles y responsables.
En segundo lugar, la resolución subraya los desafíos de intentar limitar los ESG a nivel estatal, lo que podría desincentivar a otros países de implementar medidas similares a las de Missouri que restrinjan este tipo de inversiones. A nivel global, esto puede fortalecer la posición de los actores internacionales que promueven estos criterios, como la Unión Europea, que ya ha implementado regulaciones estrictas en este sentido, como el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR).
Además, la decisión puede tener un efecto en las relaciones internacionales, especialmente en cómo los inversores y reguladores europeos y estadounidenses alinean sus estrategias en cuanto a ESG. Si bien algunos estados en los EE. UU. han intentado restringir el ESG, esta decisión podría ser vista por actores globales como una señal de que el mercado estadounidense no se desvinculará completamente de la tendencia global hacia la sostenibilidad en las inversiones.
En mercados emergentes, donde la adopción de ESG aún está en desarrollo, el fallo puede servir como un ejemplo de los límites legales que enfrentan los intentos de frenar el ESG, lo que podría influir en la formulación de políticas y la regulación en esos países.
Con esta noticia, el rol de los gobiernos en la implementación de ESG se manifiesta de varias maneras, y es un tema de debate y tensión en diferentes niveles:
Regulación y Supervisión: Los gobiernos juegan un papel crucial en establecer y supervisar las regulaciones relacionadas con ESG. Esto incluye determinar si los factores ESG deben o no ser considerados en las decisiones de inversión.
Creación de Entornos Propicios o Restrictivos: Los gobiernos pueden crear un entorno favorable para la adopción de los ESG al promulgar leyes que incentiven o requieran la consideración de estos factores en las inversiones. Por ejemplo, en Europa, se han implementado regulaciones estrictas que fomentan su uso en los mercados financieros.
Políticas Públicas y Liderazgo: Los gobiernos también tienen un rol en guiar la dirección de las políticas públicas. Pueden influir en las decisiones de los actores financieros a través de políticas que promuevan o restrinjan el uso de ESG. Esto incluye tanto acciones a nivel local como la cooperación en iniciativas globales que promuevan la sostenibilidad, mostrando cómo las decisiones a nivel gubernamental pueden tener impactos significativos en la adopción de estas prácticas.
Lo anterior muestra lo clave que es tener gobiernos que promuevan y defiendan este tipo de iniciativas. Para ello, se hace necesario el diálogo y el trabajo conjunto con empresarios de todos los tamaños, emprendedores y proveedores. Muy al estilo del acuerdo entre el Gobierno de Colombia, con el presidente a la cabeza, y el Grupo Éxito, para comprar mercados a campesinos, el marco de comercialización de productos lícitos, a precios justos, sin intermediarios. El Grupo comprará 400.000 kilos de productos nacionales a comunidades campesinas comprometidas con la sustitución de cultivos, no importan las alzas o bajas en los precios.
