El desarrollo de un país está fuertemente relacionado a la solidez y calidad de su infraestructura, esa que conecta, en sentido amplio, a las comunidades y al país con el mundo, y permiten el avance económico y social. En nuestro país, los ingenieros, constructores del progreso, ven hoy su rol amenazado por decisiones y discursos gubernamentales que, lejos de promover la transparencia y la participación democrática, los excluyen y los estigmatiza.
El Decreto 1961 de 2023, que pretende dar un impulso a los Caminos Comunitarios para la Paz, no solo ignora el papel esencial de los ingenieros en la construcción de infraestructura poniendo en riesgo la calidad de las obras y afecta gravemente la transparencia en su contratación, al permitir la contratación directa con comunidades y sin límites de cuantía (Uribe, 2024). Coloquialmente a esto se le dice “contratación a dedo” y que con estas características crea fuertes incentivos para la corrupción.
La reciente sentencia de la Corte Constitucional, que tumbó la disposición de la contratación sin límite de cuantía, no es solo el regreso del marco legal que pueda proteger los principios de transparencia y equidad en esta contratación estatal, y limitar la cuantía es un alivio para los pequeños contratistas y PYMES de ingeniería que históricamente han solucionado estas necesidades
El presidente Gustavo Petro, en la defensa del decreto y contrapunteando a la Corte, argumentó que la contratación directa con las comunidades “libera al país de odiosos carteles” y promueve la “democracia participativa” (Uribe, 2024). Si bien nadie niega la importancia del empoderamiento comunitario, las declaraciones del mandatario implican una falacia preocupante: pretender que todos los ingenieros y todas las pequeñas empresas de ingeniería —que son las verdaderas ejecutoras de estos proyectos en muchas regiones del país — sean parte de esos supuestos carteles corruptos que menciona. Nada más lejano de la realidad. Esto ya se ha explicado, pero no ha sido escuchado (Portafolio, 2023).
Y más: ¿de dónde saca el presidente Petro que una contratación directa es más transparente y democrática que un proceso licitatorio abierto? Todo lo contrario. ¿Y acaso los ingenieros pequeños contratistas particulares y las PYMES de ingeniería no son también parte de la comunidad? La ingeniería es parte esencial del tejido social del país, y excluir a sus profesionales bajo el pretexto de democratizar la contratación pública solo pone en riesgo la eficiencia, la calidad y la durabilidad de las obras, y discriminar a una parte esencial de la misma comunidad que se pretende democratizar.
Las carreteras y caminos no se construyen solo con buena voluntad; requieren de conocimiento técnico, planificación adecuada y ejecución por parte de profesionales capacitados para que queden bien construidas y duren en las condiciones de servicio adecuadas. La durabilidad es, normalmente, la gran debilidad de los caminos y las carreteras; se pueden inaugurar bonitas, pero si no están bien diseñadas y construidas, rápidamente se deterioran y destruyen, acabando con el beneficio que deberían aportar a las comunidades que las usan. Esto explica la frustración de las mismas comunidades, pero increíblemente sirve para que los políticos una y otra vez tengan cómo prometer que “ahora sí, se harán y quedarán bien construidas” y las ingenuas comunidades voten por ellos otra vez. Se suponía que este tipo de arreglos estructurales era parte del cambio prometido por el gobierno Petro.
La Ley 842 de 2003, que regula el ejercicio profesional de la ingeniería en Colombia, es clara: hay actividades que requieren de la intervención de ingenieros certificados. Esta ley no es una barrera burocrática; por el contrario, es una garantía para las mismas comunidades. Garantiza que los proyectos de infraestructura, que involucran el uso de recursos públicos y que son esenciales para el desarrollo sostenible, sean ejecutados por quienes poseen las competencias técnicas para hacerlo. Por pura lógica, los ingenieros son los principales aliados de las comunidades para que sus obras queden bien diseñadas y construidas y duren, duren mucho para beneficio de ellas mismas. No son ni sus enemigos ni sus competidores, son sus aliados estratégicos. El trabajo de las comunidades en los proyectos es siempre deseable y conciliable, por lo cual no se puede aceptar un argumento falaz alrededor de esto para polarizar a las comunidades en contra de los ingenieros
Y los procesos licitatorios llevados con observancia a la Ley 80 de 1993 no son obstáculos para la transparencia; al revés, son su salvaguardia. Contratar directamente a las comunidades puede sonar atractivo en el papel, pero hacerlo sin la participación técnica adecuada es condenar esas obras a una alta posibilidad de fracaso, y por ende, a las mismas comunidades a la frustración cuando las obras empiecen a fallar y no puedan aplicarse instrumentos de garantía. No es solo la cuestión de gestionar bien los recursos, sino de garantizar que esas infraestructuras, tan necesarias para el desarrollo rural, para que tengan la calidad, seguridad y durabilidad que las comunidades merecen. La falta de una correcta ejecución técnica no solo puede llevar a errores de ejecución, sino a la pérdida de miles de millones en recursos que el país no tiene suficientes y menos puede darse el lujo de desperdiciar.
Además, está en juego la reputación de la ingeniería colombiana. No se puede negar que una fracción de los ingenieros han sido partícipes en prácticas corruptas, como sucede en todas las otras profesiones en nuestro país. Nada se escapa a este asfixiador flagelo en Colombia. Sin embargo, generalizar y pretender que todos los ingenieros son corruptos es un despropósito inaceptable que, paradójicamente, el mismo presidente Petro sabe bien que no es verdad al igual que su ministra de Transporte, que es ingeniera.
Y pretender que los procesos licitatorios sean reemplazados por contratación directa, sin los controles necesarios para mejorar la trasparencia no puede ser más ingenuo. Si realmente se quiere combatir la corrupción en el sector, que era una promesa de campaña del presidente Petro, lo que se necesita es más control, más supervisión, y obviamente más transparencia en los procesos, no menos.
Estoy seguro de que la ingeniería colombiana estará dispuesta a coliderar el diálogo necesario y a colaborar con el Gobierno en la búsqueda de soluciones que permitan un desarrollo inclusivo y sostenible. La clave está en encontrar equilibrios: las comunidades deben ser empoderadas y tener un rol activo en la supervisión, control de los proyectos, y en su ejecución, siempre de la mano de los profesionales de la ingeniería, quienes pueden garantizar que esos proyectos sean viables, seguros y duraderos.
No es justo que, bajo el pretexto de luchar contra la corrupción, se descalifique a toda una profesión que ha dado tanto por este país. Lo que sí se necesita es un sistema que incentive la participación de ingenieros comprometidos con la ética, con la calidad y con el desarrollo del país. Los ingenieros, como parte de la comunidad, tienen la capacidad y pueden comprometerse para garantizar que las obras se hagan bien, respetando los principios de transparencia y eficiencia que se promueven.
Necesitamos un sistema de contratación que fomente la competencia justa, que permita la participación de los pequeños y medianos contratistas, y que garantice la calidad técnica de las obras. El gobierno no debería ver esto como un obstáculo, sino como una oportunidad para mejorar sus políticas, trabajando de la mano con la ingeniería colombiana para lograr el desarrollo que tanto necesitamos, todos.
En este camino, los ingenieros no son los enemigos, sino los aliados fundamentales, son los socios del desarrollo nacional. Defender la ingeniería es defender el futuro de Colombia, y estoy seguro de que, trabajando juntos, podemos construir un país donde la infraestructura pública sea sinónimo de progreso, calidad, durabilidad y transparencia.
