Guillermo García
El acontecimiento de esta semana, sin lugar a dudas, fue la detención ordenada por la Sala de Instrucción Criminal de la Corte Suprema de Justicia del senador Álvaro Uribe Vélez y esto por supuesto causó un terremoto político en todo el país, en todos los sectores.
Hubo pronunciamientos del mundo político, del mismo presidente de la República, prácticamente rompiendo su magistratura de primera autoridad del país que debe guardar neutralidad y universalidad en sus posiciones y en sus pronunciamientos, ya es el presidente de todos los colombianos, pero también se pronunció el Consejo Gremial, algo absolutamente tropicalista y muy excepcional en los países del mundo, particularmente en Colombia, algo muy exótico diría yo.
Pero también los medios de comunicación, las redes ni se diga como dicen nuestras abuelas, en fin, todo el país se pronunció y cada quien fijando su posición, su opinión, su querer o su odio, porque en Colombia está siendo corriente además del artificio en política, la publicidad del inmediatismo, de la evidencia pública, de las comunicaciones; el odio está tomando parte en la opinión colombiana, por ende, como consecuencia de esto no habrá formación de opinión serena, fundada, sino explosiones de opinión como viene ocurriendo desde unos años para acá y esta semana prácticamente fue el culmen de esas explosiones.
Pues cual más expresaba según como se siente en la fiesta, la senadora Paola Holguín del Centro Democrático con un llamado a la reserva activa como que promoviendo otro bogotazo del que causó la muerte de Jorge Eliécer Gaitán en 1948 o cuando hubo hechos graves en la historia del país con las guerras civiles, el llamado a la reserva activa, es un llamado a la confrontación a una reacción absolutamente desmedida, desproporcionada contra el país, contra el Estado, contra el mismo gobierno y contra la institucionalidad integral.
Por otro lado, la senadora Paloma Valencia, pedía ¡Constituyente ya! por una decisión judicial en determinado sentido, en este caso la detención del senador Álvaro Uribe Vélez. La pregunta es ¿sino hubiese medida de aseguramiento, entonces no habría habido propuesta de constituyente? esa sería la conclusión y entonces ¿las constituyentes para que son? Para cuando un juez o para cuando una autoridad me condene o me sancione o tampoco habría constituyente sí a mí me deja libre, eso no tiene ninguna fortaleza democrática, republicana o institucional. El tema de una constituyente es un tema histórico en Colombia o en cualquier país, es un tema de gran calado que se convocan constituyentes para un cambio en sistemas sociales y políticos de las naciones, no es un capricho de alguien que reaccione de manera airada, con cabeza caliente ante un hecho de la justicia, una constituyente es un hecho para medirlo la sociedad en general, pero con cabeza fría y tiene que tener toda la racionalidad jurídica, institucional, social, académica y hasta científica. Tiene que ser un mecanismo pertinente, sí es para solucionar un determinado problema, ¿para qué se arrasa la Constitución del 91?, claro que hay que hacer reforma a la justicia y otras, como la reforma política y electoral y reformas contra la corrupción que es el problema fundamental en Colombia, pero tumbar la Constitución del 91 por la decisión de un juez de la República no tiene proporción alguna lo vuelvo a repetir.
También plantear un disgusto, un distanciamiento y prácticamente una división dentro de los partidos de gobierno, especialmente del Centro Democrático acusando al presidente que no fue lo suficientemente contundente en evitar la providencia de la Corte Suprema de Justicia o acusar a la Ministra de Justicia, a la doctora Margarita Cabello, que como exmagistrada de ese alto tribunal no intrigó, no se movió o no persuadió para evitar esa medida, eso es absolutamente extremo y prácticamente el Centro Democrático está amenazando con declararse independiente, esa es una circunstancia muy complicada también y prácticamente están demostrando las horas de vuelo, que no tienen el kilometraje y no tienen el talante para gobernar o ser partido de gobierno, siguen en reacciones desmedidas, airadas, hasta absolutamente ruidosas y altisonantes, no son actitudes políticas serenas, ni mesuradas, ni racionales.
Ahora, han colocado al presidente Duque en una circunstancia absolutamente incomoda, si bien él, se pronunció de manera indebida porque está violentando su competencia y su jurisdicción de presidente de todos los colombianos, hoy lo someten a una situación muy delicada. Entre el radicalismo, entre el dogmatismo, una doctrina de derecha extrema de ciertos sectores del Centro Democrático y la democracia en Colombia, lo ponen a escoger entre el presidente con talante, con visión estratégica para todo el país y también jugándose su prestigio en el mundo entero, en las naciones de Europa, de América, etc, que estarán muy pendientes de analizar sus decisiones y sus actitudes o darles gusto a la ultraderecha de su partido, está en una grave sin salida y a eso lo han sometido ciertos sectores que tienen la cabeza caliente y no dimensionan el largo plazo en la institucionalidad colombiana.
Por otro lado, el tema si fue proporcional o desproporcional la medida de la detención que tenia derecho el expresidente Uribe a defenderse en libertad, eso no depende de los jueces, eso no es un acto de voluntariedad, de rigurosidad o de una actitud de favorabilidad, eso depende de los hechos y las circunstancias del inculpado, sí el inculpado con sus hechos, con sus abogados, con sus defensores no ofrece garantías al proceso, esa decisión se justifica, pero sí el inculpado no hubiese interferido en pruebas en declaraciones, en testigos, pues otra había sido la actitud.
Hubo dos decisiones, una para el senador Uribe y otra para el Representante Álvaro Hernán Prada, pues si bien forman parte del mismo expediente, los dos han tenido comportamientos diferentes, tampoco se puede inculpar a los jueces porque ellos lo que tienen que hacer es comparar unos hechos con lo que les ordena la ley. Aquí se esta entre los derechos y las garantías del inculpado y el deber fundamental de aplicar justicia por parte del operador según la Constitución y las normas penales.
En todo caso el país vive hoy un tsunami político.
