Diego Cancino
A los abusos de autoridad cometidos el 9 y 10 de septiembre por parte de policías en Bogotá y Soacha, debe sumarse la evidencia de que grupos de civiles armados, en sociedad con miembros de la Policía Nacional, dispararon contra ciudadanos inermes. Dichas actuaciones no parecen ser espontáneas, todo lo contrario, las formas en que se efectuaron estos actos criminales parecen premeditadas. A lo que nos enfrentamos es a comportamientos similares a los empleados por los paramilitares, por eso debemos denunciar la existencia de una dinámica parapolicial que representa un grave riesgo para la democracia y la vida de las personas.
Ya va un mes desde la masacre ocurrida en Bogotá y Soacha, durante las manifestaciones contra el abuso policial, y por el asesinato de Javier Ordóñez por parte de miembros de la Policía Nacional, en el barrio Villa Luz de la ciudad de Bogotá. Por ahora solo se conoce parte del proceso contra los policías sindicados de asesinar al ciudadano por el que se desataron las protestas; sin embargo, poco o nada se sabe sobre los policías que perpetraron los actos de abuso policial el 9 y 10 de septiembre y que dejó la histórica y penosa cifra de 305 civiles heridos, 75 por impactos de armas de fuego y 14 personas asesinadas.
Sin embargo, gracias al trabajo conjunto con organizaciones sociales, instituciones y la comunidad, y a las denuncias de diferentes testigos, podemos afirmar que hay evidencia de un comportamiento criminal sistemático por parte de la Policia, que no se reduce a lo ocurrido el pasado mes, sino que viene de tiempo atrás y se agudizó durante las cuarentenas. Además de testimonios en los que se denuncian grupos de civiles armados con indumentaria y nombres asociados a un tipo de afinidad con la Policia Nacional.
Con base en la información suministrada por la Policia Metropolitana de Bogotá entre el 17 de marzo y el 28 de mayo de este año se registraron 8.069 detenciones arbitrarias(ver mapa), lo preocupante del asunto es que en las 3 localidades (Rafael Uribe Uribe: 13%; Bosa: 12%; Kennedy: 10%) donde más se han cometido estos abusos de autoridad, coinciden también con ser localidades donde se han presentado alertas tempranas sobre presencia del paramilitarismo. Otras localidades que también han registrado altos niveles de detenciones arbitrarias y coinciden con alertas tempranas sobre paramilitarismo son: Usaquén: 5,6% de las detenciones arbitrarias; San Cristóbal: 5,3%; y Ciudad Bolívar: 5%.
Es clave estar alertas ante las amenazas que refieren los jóvenes de los barrios El Codito y el Verbenal: “Si me bajé tres, me puedo bajar cuatro”, les dicen los policías, sumado a las amenazas y los panfletos. Urge también atender las alertas temprana de la Defensoría del Pueblo sobre seis localidades de Bogotá (022, 023, 046, 086) en las que indican que Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa, San Cristóbal Norte, Usaquén, Rafael Uribe y Usme, están en riesgo de control territorial por grupos paramilitares y de bandas de micro tráfico.
La mayoría de estas localidades presentan desafíos en cuanto a los resultados de diferentes indicadores sociales como pobreza multidimensional, tasa de embarazos en menores de 14 años, tasa de mortalidad infantil, desnutrición infantil, etc. Ocupando las peores posiciones a nivel distrital. Estas condiciones que empobrecen a la población, la marginan y la segregan son además escenarios propicios para la expansión de actividades criminales.
Ese es el contexto social de las localidades en las que que hay alertas tempranas de presencia de paramilitarismo, pero además donde la policía actúa más abusivamente. Lo que tenemos en estas localidades son poblaciones excluidas socioeconómicamente, sometidas y controladas por el abuso policial y ahora parece que también por la fuerza parapolicial.
En la denuncia de la parapolicía no estamos solos, la Veeduría Distrital presentó esta semana un informe en el que da cuenta de ello, y advierte que, bajo esas dinámicas se restringe el derecho a la protesta, no hay garantías para el mismo. Por ahora necesitamos respuestas claras de parte de la Policia Metropolitana de Bogotá ¿quiénes eran las personas de civil que compartían armas con los policías y disparaban contra la ciudadanía?¿se está realizando alguna investigación a los policías que compartían sus armas de dotación con civiles?¿quiénes y cuántos son?¿hay alguna investigación sobre los grupos parapoliciales en la ciudad?
Tenemos un reto como sociedad, impulsar una reforma profunda de la Policia Nacional. Y los gobernantes y las autoridades elegidas democráticamente se enfrentan a una pregunta ineludible ¿acompañan o no el clamor social?
