La historia reciente de Colombia está marcada por la valentía de sus lideresas y líderes sociales y defensores de derechos humanos, quienes, a pesar de las amenazas y la violencia sistemática, continúan alzando sus voces en defensa de las comunidades más vulnerables y del medio ambiente; Sin embargo, la respuesta del Estado colombiano y del Gobierno Nacional a esta crisis ha sido, en el mejor de los casos, insuficiente y, en el peor, negligente.
El 29 de noviembre pasado, las Plataformas de Derechos Humanos, junto a organizaciones sociales y procesos autónomos de la Mesa Nacional de Garantías, expresaron su profundo rechazo a la falta de voluntad política que ha llevado al aplazamiento de la sesión convocada de dicha Mesa. Este hecho que se ha repetido en dos ocasiones no es aislado; refleja un patrón de desidia y de evasión de responsabilidades por parte de altos funcionarios como el Consejero Comisionado de Paz, el Ministro del Interior y la Procuradora General de la Nación.
El contexto es alarmante. Según cifras de Indepaz, en lo que va del año, se han registrado 69 masacres en Colombia, dejando un saldo de más de 243 víctimas, muchas de ellas líderes sociales y defensoras de derechos humanos. Además, organizaciones internacionales como Human Rights Watch y la CIDH han señalado un aumento en las agresiones a defensores, con más de 170 asesinatos reportados en 2024. Esta realidad es el reflejo de un estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-546 de 2023, debido a la grave y generalizada violación de los derechos humanos de las personas defensoras, y de líderes y lideresas sociales.
Pese a la gravedad de esta situación, desde julio de este año, cuando se llevó a cabo la única sesión de la Mesa Nacional de Garantías realizada durante el mandato del Presidente Petro, el Gobierno Nacional no ha mostrado interés en dar continuidad a este espacio de concertación, violando la periodicidad trimestral ordenada por la Corte. Este incumplimiento no solo desacata una decisión judicial, sino que desconoce las recomendaciones de organismos internacionales como el Relator de la ONU para los Derechos Humanos.
La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, organismos clave en la garantía de derechos, han mostrado graves deficiencias. Mientras la Procuraduría limita su actuación a casos documentales, la Defensoría, en regiones como Huila y Risaralda, aún no cumple con su rol como Secretaría Técnica del proceso de garantías. Estas falencias son inadmisibles cuando las vidas de cientos de personas defensoras de derechos humanos, ambientalistas y constructoras de paz, están en riesgo.
El Gobierno Nacional, que ha impulsado la política de “paz total” como bandera de su gestión, ha demostrado una incoherencia preocupante. La ausencia del Consejero Comisionado de Paz y del Ministro del Interior en la sesión de la Mesa Nacional de Garantías refleja un desinterés en evaluar los impactos de esta política en la protección de líderes y lideresas sociales y de sus organizaciones. La paz no puede construirse sobre la indiferencia hacia quienes trabajan en los territorios más afectados por el conflicto y hacia quienes desde las redes, plataformas, organizaciones sociales, rodean y respaldan esta labor.
El Gobierno del Presidente Gustavo Petro llegó al poder con la promesa de transformar la relación entre el Estado y los movimientos sociales; sin embargo, su gestión ha perpetuado prácticas de exclusión, instrumentalización y desarticulación que obstaculizan la construcción de políticas efectivas de protección. El movimiento social exige garantías a la vida y a la permanencia en el territorio. La comunidad internacional, representada por el Sistema de Naciones Unidas, ha mostrado su apoyo al Proceso Nacional de Garantías, pero es responsabilidad del Gobierno Nacional garantizar la vida y seguridad de sus ciudadanos.
Los puntos propuestos por las organizaciones para transformar el modelo de protección —como la implementación de medidas de prevención, el fortalecimiento de programas de protección colectiva y la rendición de cuentas de los agentes estatales— son esenciales para evitar una crisis humanitaria aún mayor. El mensaje de las organizaciones sociales es claro y el tiempo se agota. La convocatoria inmediata de la Mesa Nacional de Garantías y la presencia de los altos funcionarios del Estado no son negociables; son una obligación legal y moral.
Si el Gobierno Nacional sigue ignorando este clamor, no solo estará fallando en su deber, sino que se convertirá en cómplice de las tragedias que podrían evitarse. Colombia no puede permitirse un Estado ausente en momentos de crisis. Es hora de que el Gobierno Nacional asuma su responsabilidad y dé pasos concretos hacia la construcción participativa de políticas, que nos permitan avanzar hacia un país donde defender derechos y construir paz no sea una sentencia de muerte.
