El informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, presentado el pasado 28 de febrero, evidenció un aumento en el número de municipios afectados en Colombia durante 2023. Según el Índice de Impacto de la Violencia (instrumento utilizado por ONU-Derechos Humanos que incluye variables como homicidios de personas defensoras de derechos humanos, masacres, asesinatos de excombatientes de las FARC-EP, tasa de confinamiento y tasa de desplazamiento), hay 206 municipios en los que persisten estos hechos de violencia contra la población. Mientras que en 2021 se registraron 156 municipios, en 2022 la cifra ascendió a 180. Los departamentos que concentran el mayor número de municipios afectados con carácter “crítico” o “muy alto” en 2023 fueron: Cauca, Chocó, Nariño, Arauca, Putumayo, Caquetá, Valle del Cauca.
Sin embargo, estos datos no indican que se hayan incrementado los hechos victimizantes en el país, lo que señala es que hay más municipios donde se registran estas afectaciones. La situación obedece, principalmente, a dos factores: i) la expansión territorial del accionar de grupos armados no estatales y organizaciones criminales y ii) la profundización de las estrategias violentas de control social contra la población civil, organizaciones étnico-territoriales y organizaciones de base.
Una de las conclusiones más interesantes del informe es que los grupos armados al margen de la ley utilizan las vulneraciones a los derechos humanos en las comunidades para incidir violentamente en la “cooptación de organizaciones sociales” y Juntas de Acción Comunal (JAC). Por ejemplo, el asesinato a personas defensoras de derechos humanos se presenta cuando estos alzan su voz o se convierten en un obstáculo de las dinámicas de control social que ejercen los actores armados no estatales. De igual modo sucede con el asesinato de líderes de comunidades indígenas y pueblos afrodescendientes en los que se pretende afectar su autogobierno, su pervivencia física y cultural.
La oficina de la ONU encontró que el control social de los criminales vulnera los derechos humanos de las comunidades y en la gobernabilidad de los territorios. El informe pone el foco en la forma en que los grupos armados no estatales intentan cooptar organizaciones y grupos étnicos. El pueblo Nasa en el Cauca es una de las preocupaciones mas sentidas de la Oficina de Derechos Humanos. Con el asesinato de lideres y lideresas espirituales y guardias indígenas hay una estrategia de destruir liderazgos, desconocer la autoridad indígena en territorio y destruir el tejido social. Lo mismo está sucediendo con comunidades afro en el pacífico, con el pueblo Awa en Nariño.
No es nuevo que los actores armados ilegales intenten cooptar organizaciones sociales y JAC para incrementar su incidencia política local. Lo paradójico es que se esté presentando en el marco de la Paz Total. Y es que en el marco de los procesos de negociación que se están adelantando con el ELN, la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, y el avance en el sometimiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, como el Clan del Golfo, se ha evidenciado un incremento en la disputa por el territorio y la cooptación de organizaciones sociales.
A medida que avanzan las negociaciones y los procesos de sometimiento a la justicia se incrementa el poder territorial de los actores armados. Esta es una evidencia clara que presenta el informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Los colombianos guardamos la esperanza de que al finalizar este gobierno se haya cumplido con el sometimiento a la justicia y el cumplimiento de los procesos de negociación en el marco de la política de Paz Total, de lo contrario, quedaremos con grupos armados más fortalecidos a nivel territorial, con organizaciones sociales y étnicas cooptadas por la ilegalidad y una vulneración más expandida de los derechos humanos.
