Pocos lo esperaban. Pero está a punto de aprobarse, con un amplio consenso en el Congreso de la República, la reforma constitucional que modifica el Sistema General de Participaciones –SGP-. Se trata de un verdadero revolcón al modelo actual de transferencias de recursos de la nación a los departamentos y municipios. Y no deja de ser sorpresa que este proyecto de tanta trascendencia no sea de origen gubernamental, como es habitual, sino de congresistas de varias bancadas, y que haya logrado un rápido consenso, incluyendo el apoyo del propio Presidente Gustavo Petro, a pesar de las resistencias iniciales del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio de Hacienda.
Los sectores amañados con nuestro sempiterno centralismo asfixiante no daban un peso por el futuro de este Acto Legislativo. Confiaban en que el Congreso de la Republica mantendría el libreto fiscalista del 2001 y el 2007 cuando, mediante sendas reformas peluqueó la Constitución, para ponerle un freno de mano a los recursos que el Gobierno Central debería enviarle a Alcaldes y Gobernadores para atender las necesidades y derechos de los ciudadanos en sus territorios, principalmente en educación, salud, agua y saneamiento básico. El Proyecto de Acto Legislativo, contra todo pronóstico, arribó esta semana a su sexto debate en la plenaria del Senado de la Republica y se apresta a cerrar su trámite exitoso con los dos últimos debates en una Cámara de Representantes de total composición regional.
Las reacciones no se han hecho esperar. Desde los sectores más conservadores y nostálgicos del centralismo bogotano propio de la Constitución de Núñez y Caro de 1886, se ha puesto el grito en el cielo para insistir en que tal reforma pone en “riesgo la sanidad de nuestras finanzas públicas”. Con tal argumento quieren hacernos creer que dicha estabilidad fiscal no depende de la racionalidad y disminución de los gastos y la burocracia del nivel central, sino de lo que desde Bogotá se le transfiera a gobernaciones y alcaldías para atender demandas crecientes en derechos fundamentales. Otras voces mas sensatas que se proclaman amigas de una mayor descentralización, reclaman mas cuidado en una reforma de esta naturaleza. Piden revisar primero las nuevas competencias y funciones que se deberían transferir a los entes territoriales, antes de discutir el monto de la plata del presupuesto nacional que será enviada a gobernaciones y alcaldías.
Unos y otros olvidan los perversos efectos de las reformas que redujeron dramáticamente las transferencias territoriales del 2001 y del 2007. Invocando la sanidad de nuestras cuentas públicas, que según ellos, se afectó a finales del siglo pasado por el aumento de estas transferencias desde 1980, se hacen los de la “vista gorda” ante el inocultable aumento de las brechas sociales y territoriales y el incremento de la pobreza en los territorios excluidos. La autonomía de los gobernantes territoriales respecto a los gobiernos nacionales de turno y a la intermediación parlamentaria clientelista y corrupta para movilizar inversiones nacionales en los territorios ha aumentado exponencialmente. Y los cada vez mas limitados recursos de los entes territoriales para atender necesidades nuevas y crecientes como, por ejemplo, los Planes de Alimentación Escolar -PAE- o la construcción de vías terciarias, se combina con una inusitada ampliación de funciones, competencias, recursos y burocracia publica en el nivel central.
El acuerdo logrado en la plenaria del Senado expresado en un porcentaje de aumento del 26 al 39% de las transferencias a departamentos y municipios respecto de los ingresos corrientes de la nación, resulta razonable para disipar algunas dudas y preocupaciones. Y que ello ocurra en un periodo de transición de 12 años y no de 10 como venía en el proyecto original, también envía un mensaje de tranquilidad. Al gobierno le queda la tarea de presentar un proyecto que redefina las nuevas funciones y competencias de los entes territoriales, así como ponerle dientes al control público, social y ciudadano para que los recursos transferidos no terminen en una piñata en manos de clanes y mafias familiares que hoy por hoy ejercen un autoritarismo corrupto en muchas regiones.
Que este inesperado, pero bienvenido acuerdo político en el Congreso, derrote el miedo a una mejor y profunda democracia.
