Jaime Polanco
Después de seis meses conviviendo con el maldito virus, que ha acabado con la vida de un millón de personas, no sabemos ciertamente cuál es su secuela más severa. Pareciera que algunos dirigentes han estado contagiados de las consecuencias del mismo, ahondando en despropósitos con las más elementales normas de convivencia y compromiso político.
Dentro de los millones de mensajes que recibimos cada día, (intoxicadores unos, falsos demasiados) pasan de largo algunos con una gravedad sin precedentes. La ciudadanía harta de amenazas, confinamientos y maltrato gubernamental, empieza a sentir que el “todo vale” que utilizan los gobiernos está traspasando las líneas rojas.
El particular presidente de los Estados Unidos, cansado y agotado de su ‘buena labor’ frente al Covid-19, entre otros desaciertos durante su excéntrico mandato, acaba de insinuar que quizás no reconozca el resultado electoral del próximo 3 de noviembre.
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En qué cabeza cabe (salvo en la suya) amenazar con la desobediencia social a un país que lleva meses luchando en las calles contra la violencia y la discriminación racial.
¿Está buscando (en su aturullamiento habitual) un nivel de caos que justifique otras acciones violentas y menos democráticas? Quien sabe.
Pero no menos pintoresco es el Primer Ministro británico, Boris Johnson, al insinuar que no va a reconocer los acuerdos con la Unión Europea frente al desnortado brexit.
Después de años de negociaciones y cesiones por parte principalmente del lado comunitario, tratando de dar oxígeno al mayor error histórico de los conservadores, insinúan ahora, como si de un país tercermundista se tratara, que no van hacer honor a su palabra de Estado.
El incumplimiento de los plazos y los compromisos económicos para ahorrarse unas libras, podrían hacer quedar a los británicos en un ridículo histórico, quizás el más sonoro de la democracia de ese país.
Despropósito del colorido gobierno de España, en la crisis institucional, que artificialmente han creado sobre la monarquía en el país. Algunos pintorescos miembros del gobierno pretenden poner en tela de juicio una forma de Estado consolidada, que ha ayudado durante estas cuatro décadas a unir un país, hacerlo más fuerte y democrático, después de una dictadura tenebrosa, donde las heridas del pasado supuraron por docenas de años.
También hay que reconocer la bisoñez de los funcionarios de la Casa Real, quienes han manejado con mucho desatino la crisis del Rey Juan Carlos, y están tratando de manejar el barco, (con vientos cruzados) con una excesiva sensibilidad y falta de firmeza, capaces de hacer zozobrar, lo más importante del sistema institucional español.
Pero como en todos los sitios cuecen habas, los despropósitos institucionales en México no tienen parangón. Ahora la última excentricidad del presidente mexicano es proponer como si (de levantar un monumento se tratara), un referéndum para decidir si juzgan o no, a los anteriores presidentes por presuntos delitos de corrupción.
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Todo esto dentro de una extensa y sofisticada legislación al respecto que ampara constitucionalmente la presunción de inocencia y define, como no podría ser de otra manera, los procedimientos legales para actuar en el caso de encontrar y probar delitos de los mandatarios señalados.
Pero como dice el dicho, “si no quieres caldo, toma tres tazas”. No menos grave es el comportamiento del gobierno de Colombia en el reconocimiento de las víctimas de abusos policiales y el desgano para cumplir los puntos transversales de los acuerdos de paz firmados hace cuatro años.
Un país que vive sumido en el desconcierto por las muertes violentas de líderes sociales, estudiantes y políticos locales, observa con extrañeza la falta de reconocimiento de la sistematicidad y profundidad del problema por parte de este gobierno, sumada a la tendencia a desacatar las sentencias de la justicia.
Donde debería haber generosidad y comprensión por esta pandemia de violencia, hay palabrería institucional y escasa colaboración, para esclarecer los hechos violentos que la caracterizan.
Estos y muchos otros ejemplos de desatino en el manejo de las instituciones y lo que representan para la ciudadanía de los respectivos países, llenarían las páginas de los medios de comunicación, si no fuera porque están más ocupados en contar las víctimas y consecuencias del Covid-19.
Las organizaciones independientes, los órganos de control del estado, los jueces (quienes desgraciadamente han contribuido a judicializar la vida de cada día), la sociedad civil en general, debería estar con ojo avizor, para denunciar los casos de atropello institucional, que con mucha desvergüenza están utilizando los líderes de algunos países, para recortar libertades y derechos fundamentales reconocidos en sus constituciones.
