Hoy, domingo Santo, se celebra el regreso a la vida de Jesús de Nazaret. Qué mejor ocasión para recordar la inspiradora historia de amor y lucha de doña Fabiola Lalinde, quien murió el 12 de marzo de 2022, y el diario de búsqueda de su hijo Luis Fernando Lalinde Lalinde.
Luis Fernando era integrante de un partido político de oposición que fue detenido, torturado, desaparecido y ejecutado extrajudicialmente entre el 3 y 4 de octubre de 1984. A la luz de su desaparición, la familia Lalinde interpuso denuncia penal ante el Juzgado 13 de Instrucción Criminal de Medellín el 15 de diciembre de 1984. El titular del Juzgado 13, doctor Bernardo Jaramillo Uribe, declaró abierta la investigación el 4 de enero de 1985, por la cantidad de pruebas que establecían que Luis Fernando había sido detenido en la Vereda Verdum, municipio de Jardín, Antioquia e introducido en un camión hacia el municipio Riosucio, Caldas por miembros del Batallón Ayacucho del Ejército Nacional, luego de ser señalado de guerrillero por un informante vestido de civil.
Pero desde el principio la jurisdicción penal militar se interpuso para obstacularizar la labor de la justicia ordinaria. Luego de la práctica de varias pruebas, el juez Jaramillo, el 28 de marzo de 1985, le solicitó información al Juzgado 121 de Instrucción Penal Militar que adelantaba el caso de alias “Jacinto” porque varios elementos de ese caso guardaban similitud con el de Luis Fernando. Resulta que el 26 de octubre de 1984 el comandante del Ejército, general Rafael Forero Moreno, había informado al Ministro de Defensa, Miguel Vega Uribe, sobre los operativos en Riosucio y Andes por el Batallón Ayacucho, incluyendo la captura el 4 de octubre en el municipo de Jardín de NN “Jacinto” quien supuestamente intentó huir en la vereda Ventanas, Riosocuio, Caldas y fue dado de baja. Pero la solicitud del juez Jaramillo fue desatendida. A pesar de reiterarla en varias oportunidades, nunca obtuvo respuesta.
El juez Jaramillo persistió. El 2 de agosto remitió el proceso al Juzgado Único Superior de Andes, Antioquia, quien avocó el conocimiento de la investigación tres días después. En ese contexto, me cabía el honor de actuar como representante de doña Fabiola en la parte civil y en octubre de 1985 me desplacé varias veces en avión a Medellín y luego en bus municipal hasta Andes, para atender el caso ante los juzgados de conocimiento e instrucción.
A diferencia de la jurisdicción ordinaria, en ese entonces la penal militar no aceptaba la constitución de parte civil. Por eso no pude representar a los familiares de Lalinde ni asistir a la diligencia de exhumación de alias “Jacinto” que se dio tiempo después en ese espacio.
No se vinculó a ningún integrante del ejército a dicha investigación hasta julio de 1988. El juez militar y su secretario adujeron ante la justicia ordinaria no recordar el sitio, tampoco el dactiloscopista del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. El médico legista del Instituto de Medicina Legal se negó a declarar ante la justicia civil aduciendo pérdida de la memoria. En 1989 al juez Jaramillo le asesinaron en Medellín.
Los intereses militares incidieron también en la Procuraduría que se limitaba a repetir los comunicados del ejército. El caso desde noviembre de 1984, pasó por las manos de los procuradores Carlos Jiménez Gómez y Carlos Mauro Hoyos -secuestrado y asesinado en 1988 en cercanías de Medellín- investigación que adelantó la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares. La encargada de la investigación era la capitana abogada María Isabel Barbosa, con quien estudié derecho en la Universidad Gran Colombia. El caso fue archivado, pero ante la incidencia internacional fue reabierto. El 10 de diciembre de 1987 la Delegada corrió pliego de cargos contra el capitán Piñeros Segura, los tenientes Tejada González y Soto Jaimes, y el cabo Medardo Areiza por tratos crueles contra NN “Jacinto”, quien eventualmente, al exhumarse el cuerpo del NN, sí resultó ser Luis Fernando Lalinde. El 1 de agosto de 1988 se solicitó la sanción ridícula de suspensión de 30 y 20 días al capitán y a un teniente, y se declaró la prescripción de la acción por muerte del otro teniente y del cabo.
Durante años doña Fabiola documentó su búsqueda de justicia de Luis Fernando en un diario. La historia del diario surgió a raíz de una entrevista con el periodista Daniel Samper Pizano, columnista de El Tiempo, a quien le dijo que iba a empezar a hacer una búsqueda, a iniciar un recorrido sobre su hijo. Daniel Samper le dijo que cuando terminara le contara qué resultados había tenido. Culminada la tarea doña Fabiola le envió el original diario a Daniel Samper en la dirección de El Tiempo en Bogotá porque ahí nada se perdía … y nunca apareció. Pero ella mantuvo por precaución fotocopia del mismo.
Como decía doña Fabiola en su diario “Con los militares hay una cosa muy especial. Uno iba y ellos todos decían que ninguno conocía el caso de Luis Fernando, ninguno, nadie, en ninguna parte (…) y el comportamiento que ha tenido la justicia penal militar frente a la justicia ordinaria yo lo veo como el enfrentamiento de David y Goliat, pero la justicia ordinaria es David y los otros con todo su poderío son Goliat”.[1]
El caso de Luis Fernando llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, gracias a la actividad desplegada por el doctor Héctor Abad Gómez, presidente del Comité Regional de los Derechos Humanos de Antioquia. Abad Gómez mantuvo un intercambio de correspondencia a través de la CIDH con el gobierno de Colombia quien negó la captura, privación de la libertad e identidad de Luis Fernando Lalinde. En 1987, el mismo año en que fue asesinado Héctor Abad, la CIDH condenó al gobierno colombiano por el arresto y posterior desaparición de Luis Fernando Lalinde. El 16 de septiembre de 1988 la CIDH modificó la resolución por arresto y posterior muerte. Esta decisión de la CIDH contribuyó a adelantar las acciones en lo interno, junto con la incidencia de la comunidad internacional, en particular la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares Detenidos-Desaparecidos, FEDEFAM, Amnistía Internacional y Americas Watch.
Tuve el honor y el placer de participar con doña Fabiola en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en 1993. La aprobación de la Declaración y el Programa de Acción de Viena fueron de gran ayuda para nuestros esfuerzos encaminados a lograr la observancia de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Doña Fabiola estuvo entre los 7.000 participantes en la Conferencia que superaron diferencias para reforzar importantes principios: la universalidad de los derechos humanos y la obligación de los Estados de acatarlos, la centralidad de los derechos de la mujer, la necesidad de combatir la impunidad, inclusive mediante la creación de una Corte Penal Internacional permanente, y la promoción y protección de los derechos humanos como un elemento esencial de la identidad y el propósito de la ONU, lo que llevó a establecer el cargo del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Hoy me acuerdo muy bien de las palabras premonitorias de esta gran mujer, “lo único cierto es que no descansaremos hasta conocer la verdad sobre la suerte de Luis Fernando”. No solamente era encontrar los restos de su hijo sino seguir luchando en contra de la desaparición forzada, su vida y su lucha nos sirven de ejemplo de persistencia y esperanza para todas y todos.
[1] (El Camino de la Niebla. La desaparición forzada en Colombia y su impunidad. Bogotá 1988. Liga Colombiana por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo).
