El decreto de asistencia militar (575 de 28 de mayo de 2021) emitido por el Presidente Duque, que ordenó a ciertos alcaldes y gobernadores levantar a la fuerza, con el apoyo del ejército, todos los bloqueos existentes en el marco del paro nacional, es inconstitucional; al igual que el proyecto de la procuradora Cabello Blanco de reformar el Código Disciplinario (Ley 1952 de 2019). Ambos violan la Constitución Nacional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El decreto de asistencia militar equivale a una “conmoción interior disfrazada.” Es contrario a la Carta Política al ordenar levantar a la fuerza todos los bloqueos porque éstos están protegidos por el derecho a la protesta, lo cual no puede equipararse a las afectaciones a los derechos de terceras personas. El decreto no señala que frente a éstos bloqueos los alcaldes y gobernadores deben privilegiar el diálogo para concertar su levantamiento, antes de recurrir a la fuerza. No indica con claridad que cuando la fuerza resulte necesaria, por haberse agotado cualquier posibilidad de concertación, el uso de ella debe ser estrictamente proporcionada y respetar los estándares legales, constitucionales y el derecho internacional que consagra la protesta como un derecho fundamental que protege otros derechos. No aclara que en la figura de la “asistencia militar” no puede utilizar al ejército para levantar bloqueos o enfrentar manifestaciones.
Estos razonamientos obligan a los gobernadores y alcaldes a implementar la excepción de inconstitucionalidad y acatar únicamente los contenidos e interpretaciones constitucionales del decreto. Los ciudadanos deberán presentar acciones de tutela ante los jueces como lo hizo el Senador Iván Cepeda, ante el Consejo de Estado contra del Presidente Iván Duque, por violación de los derechos fundamentales a la participación política y al debido proceso constitucional.
El decreto no le conviene al país. Lo imperioso es llegar a acuerdos rápidos entre el gobierno y los promotores de las protestas, basados en derechos humanos que permitan reducir la violencia, bajarle la tensión a la crisis y avanzar en una solución democrática de la misma.
El 25 de marzo de 2021, la Procuradora Margarita Cabello Blanco presentó un proyecto de ley al Congreso con el fin de adecuar el Código Disciplinario que entrará a regir el 1 de julio, supuestamente para cumplir la sentencia Petro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH. El Gobierno de Duque dio su aval y radicó mensaje de urgencia el 9 de abril. Pero es todo lo contrario: el proyecto de ley incumple totalmente la sentencia al concederles facultades jurisdiccionales a los funcionarios de la Procuraduría.
El 29 de abril se realizó en las Comisiones Primeras Conjuntas de Senado y Cámara una audiencia pública para escuchar las observaciones al proyecto de ley de ciudadanos, expertos, académicos y entidades como la Procuraduría. Allí, como abogado del Senador Petro ante la Corte IDH, sostuve que otorgarle facultades jurisdiccionales a los funcionarios de la Procuraduría es inconstitucional e inconvencional, que estos procuradores no serán independientes e imparciales porque estarán sometidos a la voluntad de la doctora Cabello, que la sentencia ordenó una interpretación literal de la Convención Americana, no la evolutiva que defiende la procuradora, y que los fallos de la Corte IDH son definitivos e inapelables.
El 31 de mayo los Senadores Alexander López, Ángela Robledo, Angélica Lozano e Inti Asprilla presentaron informe de ponencia negativa en el que solicitaron a las Comisiones Primeras Conjuntas del Senado de la República y la Cámara de Representantes archivar el proyecto de la procuradora por ser contrario a la sentencia Petro.
En el debate que se dio el 3 de junio, la Senadora Ángela María Robledo dijo que Duque debería ahorrar tiempo en cortinas de humo y decir de frente que va a desconocer las competencias de la Corte IDH, porque eso es lo que está haciendo con el proyecto de ley, al hacerle trampa al Tribunal Internacional.
Algunos congresistas de la oposición se retiraron de la discusión. Según el Senador Gustavo Petro los congresistas que dieron su voto favorable estarían en abierto desacato a la sentencia del tribunal y anunció que los denunciará penalmente ante la Corte Suprema de Justicia. El Senador Roy Barreras expresó que se está creando un monstruo que impone el poder de la Procuraduría sobre el poder popular y el Senador Iván Cepeda invitó a movilizarse en contra la decisión.
Expertos en derecho internacional y académicas se pronunciaron en los medios de comunicación. Ente ellos, Silvia Serrano dijo que de aprobarse el proyecto de ley Colombia no sólo incumpliría el fallo Petro, sino que mantendría la inconvencionalidad del ordenamiento jurídico interno, abriendo así la puerta a más condenas internacionales. Catalina Botero expresó que el proyecto que pretende habilitar a la Procuraduría para limitar derechos políticos de funcionarios electos viola el artículo 23 de la Convención Americana. Añadió que cada congresista que lo vote a favor y cada procurador que lo aplique deberían pagar, con su propio patrimonio y hasta el último peso, todas las condenas internacionales futuras contra el Estado colombiano.
Sin embargo, la ponencia fue votada favorablemente el 3 de junio luego de tres sesiones.
Mientras tanto, durante esta misma semana, la Procuradora Cabello se dedicó nuevamente a perseguir a oficiales elegidos por voto popular. Abrió investigaciones disciplinarias en contra de los senadores Alexander López y Wilson Arias y la representante María José Pizarro por acciones que llevaron a cabo durante el paro. Igualmente, ciudadanos presentaron quejas en contra de los representantes Inti Asprilla y Ángela María Robledo por acciones sobre las protestas. El cálculo de la Procuradora Cabello es silenciar a la oposición política, ya que al ser procesados disciplinariamente los congresistas deben declararse impedidos como ponentes y para conocer de su proyecto de ley, como efectivamente lo hizo con el Senador Alexander López.
El 2 de junio varios senadores y representantes que forman parte de la oposición al Gobierno de Iván Duque enviaron una carta en la que pidieron un espacio de diálogo con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitará al país entre el 8 al 10 de junio, para exponer los últimos hechos de persecución política sin precedentes en el país.
El Presidente Duque habla del Estado de Derecho, pero con el decreto de “asistencia militar” y su apoyo al proyecto de ley de la procuradora, irrespeta la Constitución Nacional que juró defender y viola la Convención Americana. Y el poder legislativo le apoya de forma vergonzosa, tan agradecido por la “mermelada”.
