Durante varios años trabajé en centros de tratamiento para la adicción de sustancias o psicoactivas en Caldas, Medellín y luego como director nacional de tratamiento en una de ellas en Bogotá.
Allí constaté una y otra vez que:
1. En los casos que el consumo era un problema para la persona y la familia, era claro que estaba ligado a un tema de salud, no de seguridad.
2. Muchas familias cometieron el error de ingresar a sus hijos, en algunos casos muy jóvenes, a estas instituciones cuando no era necesario porque no existía adicción o simplemente un acompañamiento ambulatorio era más indicado.
3. La responsabilidad en el porte, consumo de dosis mínima o prevención debía de recaer primero en la familia, luego en campañas de prevención escolar y de comunicación de gobierno, pero nunca en la policía.
4. En el caso de Antioquía el déficit de fuerza policial llega al 50% que debería utilizarse en enfrentar estructuras delincuenciales, proteger a la población del robo, mantener control territorial inclusive desarticulando el tráfico, microtráfico y lavado de dineros del narcotráfico y no desgastando miles de hombres y mujeres policías poniendo comparendos.
5. Aumentar los recursos en prevención del consumo y tratamientos para quienes las sustancias psicoactivas sean un problema familiar, social y de salud; Y no ver el consumo, como un tema de seguridad nacional.
Los datos de la OMS (Organización Mundial de la Salud) son claros y contundentes en comparativo en torno a las muertes y enfermedades por consumo de sustancias legales e ilegales por ejemplo tabaco y alcohol vs marihuana.
La estrategia de atacar los grandes capos y sus megacargamentos en el caso de la cocaína y no a los pequeños productores, tiene un resultado claro y palpable, cayó el precio de la hoja de coca, la sustitución de cultivos se convierte en viable y quienes van a la cárcel o extraditados son los que verdaderamente se enriquecían con el negocio.
Cerramos diciendo que como lo expresó el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y el presidente Gustavo Petro, el decreto NO elimina la prohibición de comercio, ni de tráfico ni de microtráfico de drogas. El decreto deroga una sanción de multa que había puesto el gobierno anterior para el porte de dosis personal.
