Jaime Acosta
Ingenuos los que creyeron que Duque sería la cara amable de Uribe. No podía ser así siendo el segundo elegido porque el primero está en la cárcel esperando que una ley de la república lo ponga nuevamente en la calle.
Duque ha dañado la paz, con un concepto confuso, paz con legalidad, complementado por el intento de hacer una JEP a la medida de Uribe, lo cual no logró y que marcó el inicio de continúas derrotas del uribismo.
Duque también mandó a retiro a los generales preparados para el posconflicto, trajo a la cúpula a algunos oficiales acusados de falsos positivos, y volvieron a aflorar expresiones de corrupción en ejército y policía, mientras tanto la nación desprotegida a merced de los violentos.
En un año y cinco meses de “gobierno”, son más de 600 los líderes sociales y protectores del medio ambiente asesinados.
Parece como si hubiera la orden de exterminarlos, y existiera un plan de desestabilización desde el estado como quedó evidenciado el 21N cuando mandaron al Esmad para acabar con las multitudinarias marchas y concentraciones pacíficas, usando vándalos de dudosa procedencia, y al día siguiente aplicar en Bogotá y Cali una estrategia de pánico en las redes sociales. Todo para frenar la protesta social por la dignidad y los derechos que tiene la ciudadanía en la constitución, y por su condición natural del ser humano de exigir un mundo mejor.
Los bárbaros controlan cientos de municipios, corregimientos y veredas, siembran terror y asesinan sin piedad para neutralizar a los líderes que trabajan por la paz, los derechos humanos, el arte y la cultura, la educación, la protección del agua, la reparación y la reconciliación, y por los cultivos alternativos, con el propósito superior de tener comunidades prósperas, inteligentes y en paz.
El asesinato de líderes es para evitar que se transformen las zonas del narcotráfico y demás economías ilegales. Sin embargo, a los paramilitares, narcotraficantes y terratenientes cobijados por la ultraderecha, no les interesan territorios con comunidades transformadas para cambiar un pasado triste y de abandono histórico del estado y la indiferencia de las ciudades. Estas también son culpables de la desgracia rural de la Colombia profunda, porque allá se deciden las acciones para el campo, se define qué carreteras, servicios y tecnología son para la ruralidad, se acuerdan los miserables pagos por las cosechas, y todo porque la modernización del campo no ha llegado por malas políticas agrarias de hoy y de ayer, demasiados ministros de agricultura, la mayoría malos, y por lánguidos presupuestos de la nación para el sector. Los indicadores de atraso de las zonas rurales reflejan la inequidad y el atraso deliberado dada la ineficiencia y la corrupción, y el rezago de un sistema productivo hecho para generar riqueza pero no valor, por eso las brechas enormes de inequidad y el comportamiento negativo de la productividad.
Entonces, no es solo la maldad de unos asesinos depredadores. Son también las omisiones y la debilidad de una cadena de malos gobiernos, alguno infame, y los abusos de una dirigencia indiferente, violenta, injusta e inequitativa, a la cual solo le interesa que del campo le lleguen alimentos baratos y de las montañas oro barato, sin importar como lo producen y como lo extraen. Es el peor rostro del atraso neoliberal y del modelo extractivista de toda la vida. Sistema rentista, crecientemente corrupto y premoderno, que genera poco valor económico, cultural, intelectual, científico y tecnológico, ambiental, empresarial y político.
Hay un abandono a la paz desde el gobierno y contra una visión de sociedad sostenible, inteligente, creativa, innovadora, emprendedora, productiva y pacífica.
El gobierno, a pesar de la contundencia y evidencia de las causas de tanto líder asesinado, se atreve a decir que no hay sistematicidad en los asesinatos de los líderes a los cuales los identifica y une positivos propósitos comunes, hecho que por sentido común determina que sí hay sistematicidad, por lo cual ya son crímenes de lesa humanidad y pronto serán genocidio.
El estado, a través de las fuerzas de seguridad, del sistema de justicia, y de buenas políticas de desarrollo, debería confrontar a los violentos, como obligación constitucional y proyecto de nación.
La violencia del estado no debe ser contra estudiantes, líderes sociales y contra el desarrollo, la guerra del estado debe ser contra la economía, la política, la cultura y la sociedad de ilegales y criminales que van de las ciudades al campo, porque la tecnología, insumos y servicios por donde van los flujos de los negocios ilícitos, se venden y prestan en las ciudades, sin factura ni cédula de ciudadanía, y son parte de los impuestos que nunca se pagan pero que sí enriquecen por debajo de la mesa.
Esa cadena informal que aparentemente no conversa entre los eslabones, es la que al final termina asesinando a los líderes sociales.
Desde Bogotá no alcanzamos a percibir la dimensión de lo que ocurre en los territorios, sobre todo en aquellos donde la ilegalidad y la locura se ensañan porque están en los cofines de la Colombia profunda, la Colombia olvidada. Sin embargo, la semana pasada viví en Pasto el asesinato de una líder social, Lucy Villarreal, que ocurrió en un corregimiento del municipio de Tumaco. Nada más inofensivo, inteligente y bueno que su obra por la cultura, los derechos humanos y la vida. Nada más triste que el dolor de su familia. No había recibido amenazas, pero su sexto sentido y la evidencia distribuida por toda la nación, le hizo sentir que el peligro acechaba a ella y a otros líderes de su región, por eso, días antes de su asesinato tomó la palabra en la visita que el ministro de defensa y sus generales hicieron a Llorente, lugar donde están todos los grupos armados ilegales que a la hora de ordenar un crimen lo hacen de común acuerdo, porque es tierra del narcotráfico: “señor Ministro no quiero alargarme demasiado, pero como a usted corresponde, y como cabeza de esta comunidad le pido el favor que nos brinde seguridad, en qué sentido, en que nosotros los líderes comunitarios estamos amenazados, los líderes estamos abandonados”. El ministro y sus generales la escucharon pero no la protegieron, ocho días después fue asesinada.
Ocho millones de personas desplazadas han sufrido y llorado por la violencia que no termina, familiares y amigos han sufrido por los 300 mil muertos desde la guerra con las FARC y 700 mil desde 1944 cuando la violencia se desató luego del golpe a López Pumarejo en Pasto. Esos millones de personas han vivido la misma tragedia de la familia y de las comunidades que dejó Lucy, porque han vivido la misma historia y el recuerdo de unos entierros doblemente tristes, por la muerte en sí y porque murieron asesinados.
No son la corrupción, el clientelismo, los partidos políticos y los pentecostales, la gran desgracia de Colombia, son una parte, la otra es la gran tragedia de como miles de colombianos mueren. Es una enfermedad mental de alcance social, económico, cultural, ético, moral y político, por las razones y la manera como se mata. Las ciencias sociales y la psiquiatría en particular están en deuda con Colombia, para comprender, explicar y orientar las soluciones para una terapia colectiva porque es un problema de salud mental acumulada y difundida de generación en generación.
Ya no es un asunto de usar ciertos instrumentos de gestión pública para adelantar tareas sociales. Es un problema mayor de dimensiones descomunales y profundas.
Duque, en vez de estar con la gente, la reprime cuando protesta, y se atrinchera con los gremios y con los partidos de la corrupción en una hipócrita conversación nacional porque es un diálogo entre ellos, pero no conversa con los de la protesta social, que es una protesta por la vida pues no solo piden que no los maten ni maten a más colombianos, también protestan por la paz, por una economía distinta, por una política de seguridad social para todos, por nuevas representaciones políticas, por el medio ambiente, por la educación, la cultura, la ciencia, la infraestructura y contra la corrupción.
Los matan porque quieren una sociedad distinta y mejor para todos, y no porque quieran acabar con el capitalismo e instaurar un socialismo que ni idea se tiene como sería, porque hoy no es ese el tema, pero lo será si la protesta no se atiende de fondo y no a medias como está sucediendo.
Sin embargo, los hechos muestran las dos caras de la tragedia nacional: por un lado, quienes se han vinculado a las cadenas de la criminalidad y de la ilegalidad, de manera directa o indirecta, y por lo cual rechazan el paro y la protesta pues les conviene una sociedad en caos y atraso permanente; y por el otro, la sociedad que pide respetar los acuerdos de paz y adelantar una reflexión y un cambio en las políticas del estado para que sea posible un país de oportunidades, derechos e igualdad. Sin embargo, Duque no entiende y comparte trinchera con los gremios y los partidos corruptos, si no también con los ilegales pues es la única razón para entender porque los líderes sociales mueren todos las semanas y le hecha tierra a la paz. Duque está ahogando el país, fraccionándolo y conduciéndolo a un destino sin futuro. El manejo y nombramientos en las fuerzas militares, refleja más un gobierno de disolución que de integración, seguridad, confianza y proyección.
Santos dejó una paz con acuerdos para que los tres gobiernos siguientes los implementaran por mandato constitucional. A Duque le corresponde el primero, el más crucial para consolidar el proceso y concluirlo negociando con el ELN la paz total. Pero no está haciendo lo que le manda la constitución, pues le ha puesto trabas, palos y balas a la paz.
Colombia tiene un mal gobierno, con un presidente bravo con la ciudadanía y con los campesinos, pero arrodillado a los mega ricos y miedoso con el capitalismo criminal.
Colombia recibe el 2020 con incertidumbre pues el terror está regresando, y porque la economía crece artificialmente con las remesas desde el exterior y las economías ilegales, y no por la innovación, nuevas exportaciones, equidad, paz y productividad.
