La reciente crisis en Ecopetrol, la empresa más importante del país y pilar de la economía nacional, ha destapado una serie de prácticas cuestionables que no solo afectan su reputación corporativa, sino que comprometen de forma grave la institucionalidad del Estado colombiano. Las investigaciones abiertas por la Procuraduría y la Contraloría contra Ricardo Roa, presidente de la compañía, y Alberto Vergara, vicepresidente de Ética y Cumplimiento, revelan un entramado de irregularidades contractuales, presuntos abusos de poder y posibles violaciones a la intimidad y al orden legal.

El detonante fue la ampliación irregular de un contrato por 5,8 millones de dólares con la firma Covington & Burling LLP, sin el aval de la junta directiva, para evaluar riesgos reputacionales ligados al pasado de Roa como gerente de campaña del presidente Gustavo Petro, enfrentando indagaciones por supuestas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial, además de la polémica compra de un apartamento de lujo con maniobras y personajes opacos. A esto se suma una política de “retención documental” implementada por Vergara, que permitió el monitoreo de comunicaciones de más de 70 funcionarios, incluyendo directivos, bajo un aparente marco de legalidad, pero que hoy es objeto de una investigación por presunto espionaje ilegal. Como si fuera poco, un informe de auditoría interna del 20 de mayo de 2025 señala a Vergara por acoso laboral, sexual y abuso de herramientas forenses.

Por otro lado, y con mayor peso internacional, encontramos la posibilidad de que organismos internacionales norteamericanos en transacciones irregulares de bolsa y lavado de activos como la SEC (Securities and Exchange Commission) y la OFAC (Office of Foreign Assets Control) investiguen las actuaciones de Ricardo Roa y de Ecopetrol extendiendo la crisis más allá de las fronteras nacionales, comprometiendo la imagen y estabilidad de la empresa en los mercados globales. La SEC, encargada de vigilar la transparencia y legalidad de las compañías que cotizan en la Bolsa de Nueva York, podría intervenir si se comprueba el uso indebido de recursos o la omisión de información relevante para los inversionistas. Por su parte, la OFAC, responsable de prevenir el uso del sistema financiero estadounidense para actividades ilícitas, podría activar mecanismos de control si se evidencian transacciones vinculadas con lavado de activos o conflictos de interés con implicaciones internacionales. 

Los directivos de Ecopetrol involucrados en presuntas operaciones de lavado de activos enfrentan un riesgo creciente de extradición a Estados Unidos, especialmente si se comprueba que dichas actividades afectaron el sistema financiero de ese país o involucraron transacciones en dólares, cuentas bancarias o contratos bajo jurisdicción estadounidense. Dado que Ecopetrol cotiza en la Bolsa de Nueva York, está sujeta a la supervisión de la SEC, y cualquier irregularidad que implique fraude financiero, corrupción transnacional o uso indebido de recursos a través de firmas internacionales podría activar mecanismos judiciales en EE. UU. En ese contexto, y en el marco del tratado de extradición vigente entre Colombia y Estados Unidos, una solicitud de extradición es jurídicamente viable si se derivan pruebas sustanciales de delitos con efectos extraterritoriales, siempre que cuente con la anuencia del señor presidente de la república.

En el plano político, el caso golpea directamente al gobierno del presidente Petro. La cercanía de Roa con la Casa de Nariño y las decisiones contractuales tomadas en defensa de intereses personales proyectan la imagen de un Estado capturado y opaco. El escándalo también amenaza con descarrilar la ya frágil política de Transición Energética Justa. Ecopetrol es, hoy por hoy, el principal actor con capacidad técnica y financiera para liderar este proceso, pero su debilitamiento institucional, los cuestionamientos éticos y la pérdida de confianza del sector privado y organismos multilaterales generan un entorno de riesgo para las inversiones en renovables y retrasan la transformación del sistema energético colombiano.

El Congreso y los órganos de control, prenden alertas para investigar posibles sanciones, que podría derivar en destituciones, con efectos impredecibles para la agenda legislativa y el resto del gabinete. Aunque la respuesta del Gobierno no es inmediata y estructural, plantea una salida poco fiable basada en un “Enroque” cambiando al presidente de Ecopetrol por el ministro de minas para aforarlo ante la Corte Suprema de justicia, lo que le garantiza una corta bocanada de aire mientras se resuelve la continuidad del cargo de la cuestionada Fiscal General. Más allá de las salidas individuales, es urgente reformar los mecanismos de nombramiento, vigilancia y rendición de cuentas de las empresas públicas, blindarlas frente al uso político y garantizar que sus funciones respondan al interés general. La transición energética, la lucha contra la pobreza y la estabilidad fiscal del país no pueden depender de lealtades personales ni de cálculos electorales.

En síntesis, este escándalo no es un asunto técnico ni aislado: es un síntoma de una crisis más profunda en la relación entre política, Estado y corrupción. Esto  no solo agrava el escenario jurídico y político, sino que refuerza la urgencia de recuperar estándares robustos de ética corporativa, transparencia y gobierno abierto en la política pública energética que no puede ser edificada sobre cimientos debilitados por la opacidad y la captura institucional.

Corregir el rumbo requiere decisiones valientes que refuercen la autonomía institucional, garanticen la ética pública y restauren la confianza en la principal empresa de todos los colombianos. De lo contrario, el país corre el riesgo de hipotecar no solo su estabilidad energética, sino su legitimidad democrática.

Luis Fernando Ulloa