Con la presencia de lideresas y líderes del movimiento Ríos Vivos, habitantes “cañoneros” del norte, occidente y bajo Cauca del departamento de Antioquia, concejales y delegados de la alcaldía del Municipio de Toledo (Antioquia), motivados con el entusiasmo de la Senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, el acompañamiento y compromiso de delegados y delegadas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo, y la presencia de la Directora General de Corantioquia Liliana María Taborda, se realizó el miércoles 7 de febrero, un encuentro deliberativo, buscando soluciones a los graves problemas que ha dejado la instalación en la región de proyectos mineros y energéticos, incluido por supuesto el impactante y violento Hidroituango.
Luego de los saludos de rigor, de los abrazos de reencuentro, de los actos simbólicos que recuerdan la historia y la vida de la comunidad antes de que llegara la muerte violenta, el desalojo, el dolor y la desesperanza, impuestos tanto por los grupos armados ilegales, como por la irresponsabilidad, la persecución de las empresas y su concepto de desarrollo, que desconoce las mínimas condiciones que deben ser respetadas y garantizadas de tal forma que prevalezca y se sustente a corto, mediano y largo plazo, las mínimas condiciones para llevar la vida con dignidad, se dio inicio sin protocolos a la conversa sincera y constructiva.
Poco a poco, sin descanso, pero con la voz firme y la decencia intacta, fueron tomando la palabra las y los voceros de las organizaciones municipales y regionales. Nadie se quedó con la palabra en la boca, todas y todos denunciaron las graves condiciones económicas y sociales a que han sido sometidos, tanto por la exclusión y las políticas de empobrecimiento ligadas a la economía centralista y a la corrupción, como por los proyectos que se adelantan por empresas nacionales y extranjeras, que venden al mundo una falsa condición idílica de las comunidades.
“Nosotros no cuidábamos el rio, era el río el que nos cuidaba, nos alimentaba, nos daba vestido, recreación y alegría. Cuando su garganta fue cerrada y su cauce secuestrado, la subienda de peces desapareció, no pudimos volver a pescar, no pudimos volver a sembrar y a cosechar, el hambre se apoderó de nuestros hogares, y nadie aún nos pregunta, cómo estamos haciendo para evitar que la desnutrición y el dolor minen de malos pensamientos a nuestros jóvenes, cómo sobrevivimos, siendo tan pobres en medio de la riqueza que otros se llevan, en medio de la alegría que nos secuestraron y se llevaron a otras mesas. Las crecientes no volvieron, y con ellas se fueron los regalos de navidad, desechados río arriba y que recogíamos de las playas río abajo, para ser limpiados, arreglados y entregados a nuestros niños y niñas. El puente que nos comunicaba con los pueblos vecinos, pero que también fue testigo de asesinatos y desapariciones, descansa sumergido bajo las aguas represadas. Con el puente y los caminos se fue la arriería, las visitas a nuestros seres queridos y las historias de amores y desamores”.
La hidroeléctrica de propiedad de las Empresas Públicas de Medellín- EPM, estandarte del “desarrollo” económico regional y nacional, ni siquiera cumple con su obligación de limpiar del “buchón” o jacinto de agua, que prolifera en las aguas represadas, en lugar de retirarlo utilizando la mano de obra local, prefieren contra toda regla ambiental, rociarlo con glifosato, contaminando las aguas represadas que son luego liberadas, denuncia la comunidad. “Río abajo del muro, nos persiguen, nos impiden barequear, nos dañan las herramientas, nos golpean, y nos quitan el poco oro que logramos sacar artesanalmente, y que antes de instalada la represa, se encontraba con menos trabajo. La EPM, es quien da la orden, como si el rio y sus playas, fueran propiedad de ellos”.
El Cauca ya no es el entusiasta dador de vida en la región, se muestra afligido y abandonado, ya no late su corazón con la fuerza de la amistad y el amor de las comunidades que, a lado y lado se instalaron durante años. El río ahora separa, lo obligaron a abandonar a su gente y a sus peces, lo sometieron, lo encadenaron para chuparle la energía. “Nosotros lo necesitamos como al aire, como a la tierra y a la comida, como a la música y a la poesía”. Ese amoroso caudal que “daba trabajo sin pedir hoja de vida, sin exigir contratos”, rugiendo por las faldas de las montañas, solo pide que sus amigos de antaño, vuelvan a gozar de su riqueza, de su alegría y de su dignidad.
Pero no es solo Hidroituango el que se lleva la riqueza de la región, sin devolver algo más que las regalías, para ser invertidos en el buen vivir o desarrollando programas de responsabilidad social empresarial que hagan posible que los habitantes de esta zona, rehagan su vida y se garantice el desarrollo sustentable de la región; también están las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, señaladas de estar captando un mayor caudal de agua que lo permitido para mover sus turbinas, o destruyendo caminos por donde transitan los estudiantes. Es preciso, que las empresas y las comunidades, establezcan espacios de diálogo permanentes, en donde se estudien las problemáticas y se construyan soluciones; las empresas deben valorar los impactos tanto económicos, como sociales y culturales que se generan sobre la comunidad y el ambiente, y las formas más expeditas y amigables, de mitigar, prevenir o solucionar los conflictos que se crean, buscando que la convivencia, el respeto por los Derechos Humanos y la justicia social, sean un horizonte permanente.
Al cañón lo está rompiendo la megaminería del oro, causando un profundo impacto en el ambiente. Las comunidades señalan que, algunas quebradas se secan, se construyen grandes túneles, se contaminan las vertientes de agua con combustibles y mercurio, sin que se realicen programas de mitigación de la mano de los y las campesinas de la zona. Todo el cañón está concesionado a las mineras, principalmente extranjeras, de esta situación se aprovechan los grupos armados herederos del paramilitarismo, para presionar el desplazamiento de la gente o para destruir zonas de reserva ambiental, que las mismas campesinas y campesinos, a través de sus propias formas organizativas, han cuidado y fortalecido.
Ante la gravedad de los hechos, el tribunal superior de Medellín, falló a mediados de 2019, a favor de los derechos del río y de las generaciones futuras. El fallo designa amparos específicos para el río como fuente de biodiversidad, agua y sustento, y reconoce a las generaciones futuras como un grupo en posesión de derechos fundamentales a la dignidad, el agua limpia, la seguridad alimentaria y el medio ambiente sano, en ese sentido, será necesario desatar un ambicioso programa prospectivo, que participativamente reconozca las iniciativas comunitarias y fortalezca la labor de los Guardianes del Río, ya que no se registran mayores avances en la implementación de la sentencia. Este plan requiere, adicionalmente, un programa de autocuidado, autoprotección y garantías para la permanencia de las organizaciones en el territorio.
Estos conflictos se pueden solucionar con un poco de voluntad del Estado, de los gobiernos municipales, departamentales y nacional, de las corporaciones autónomas regionales, y principalmente de las empresas nacionales y extranjeras. El respeto a la vida y al planeta, no solo es responsabilidad de la gente del común, debe ser también el fruto de acuerdos nacionales y territoriales, que hagan posible, que el beneficio que genera el desarrollo económico, sea equitativo, responsable y justo.
