En la semana que termina el Senado de la República tomó una decisión que el país entero esperaba sobre la aprobación de la acusación que hiciera la Cámara de Representantes con la Comisión de Investigación y Acusaciones, sobre la situación del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Leonidas Bustos, dentro de lo que se ha llamado el Cartel de la Toga, por parte de los medios de comunicación y en general, por esta referencia que tiene el país.
Esta decisión, por supuesto, causó mucha conmoción en Colombia, a pesar de que el contexto de la investigación de todos los involucrados, que son varios en este caso, el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, los exmagistrados Gustavo Malo Fernández, y Luis Francisco Ricaurte, ya han sido objeto de decisiones judiciales, en el primero y tercer caso de sanción penal y el del exmagistrado Malo de medida preventiva, a pesar de esto, causa mucha conmoción en el país por la connotación del caso y también por la prestancia de los altos cargos que desempeñaron los mencionados.
Cuando el escándalo estalló, las primeras reacciones ciudadanas, fue de rabia porque se evidenciaba un acto de corrupción del más alto nivel del poder judicial, en la propia representación de la Corte Suprema de Justicia, por supuesto esos y otros sentimientos, pero el que más a mí me causó, fue tristeza, porque habíamos aprendido a valorar a los magistrados, en general a todos, pero habíamos visto que el magistrado Bustos y el magistrado Ricaurte se habían jugado en su momento una fuerte defensa de la Constitución y la separación de los poderes, no nos podemos olvidar que en el gobierno del expresidente Uribe, la Corte Suprema de Justicia, fue atacada, para ser descalificada por las investigaciones que tenía sobre temas de parapolítica, de corrupción y de otras investigación, algunas de ellas tenían que ver con el más el alto gobierno del entonces presidente.
Muchos parlamentarios, muchos ministros fueron investigados por esta Corte con condenas y eso, por supuesto, disgustó mucho al gobierno del expresidente que entró en cólera y atacó este gobierno a la Corte, se declaraba el gobierno nacional en manifestaciones muy fuertes, incluso el alto tribunal fue tratada de vocera de la guerrilla en Colombia la Corte Suprema de Justicia y también fue objeto de chuzadas, de infiltraciones en las comunicaciones, por parte del DAS, en fin, lo cual también tiene sanciones.
En ese entonces, vimos al magistrado Ricaurte y al magistrado Leonidas Bustos, defendiendo la Corte en una forma muy vehemente y que prácticamente con resultados que el país reconoció, esto sucedió antes del 2010, durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, pero después en los años 2012, 2013 y 2014 ocurrieron los hechos que hoy lamentamos todos y que los tiene “encartados” a estos exmagistrados.
Hicimos una exposición bastante detallada en la parte técnica, jurídica y en la parte probatoria y conceptual y tuvimos que presentarle la propuesta a la plenaria del Senado y en su momento a la Comisión Instructora de que se acepte la acusación que formulara la Cámara de Representantes y que se tramite luego hacia la Corte Suprema de Justicia, porque los hechos eran evidentes, las declaraciones, los testimonios, las interceptaciones hacían entender que había prácticamente elementos para que la Corte Suprema de Justicia que es finalmente la que juzga proceda a hacerlo.
Tanto la Cámara, como el Senado de la República no formulan sanciones, no emiten providencias condenatorias sobre responsabilidad o culpabilidad, simplemente se tramita por parte del Senado la acusación para que conozca la Corte Suprema de Justicia en su Sala Penal y ahí se determinen las responsabilidades, es más bien un requisito de procedibilidad para que tanto Cámara y Senado argumenten con la Corte que hay elementos de juicio para que continúe la respectiva investigación y sí hay lugar a sanción que la emita.
La majestad de la justicia debe ser decente y eficiente, debe ser un ejemplo para el país, ojalá que este tipo de episodios nunca más se repitan por el bien del poder judicial y por el bien de Colombia.
