Retirarse de una audiencia en una instancia internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por un caso tan delicado como lo es el caso de la periodista Jineth Bedoya, quien fue secuestrada, torturada y violada por paramilitares en el año 2000 mientras realizaba una investigación en la cárcel La Modelo de Bogotá, habla mal del Estado colombiano que se precia de ser “Social de Derechos”.
No contentos con eso, se les ocurre la brillante idea de recusar a los magistrados encargados de determinar su responsabilidad en el contexto de sus obligaciones internacionales con las mujeres periodistas. Ante tal actuación, el tribunal resolvió declarar improcedente la recusación contra cinco de los seis jueces, así como la solicitud de nulidad de todo lo actuado y de excluir del expediente internacional las preguntas que molestaron a los representantes del Estado colombiano. También declaró que corresponde que la Corte IDH –con sus magistrados– continúe con el conocimiento del caso “hasta su conclusión”.
No se requiere ser abogado ni experto en derecho internacional humanitario para darse cuenta de lo delicado del asunto y la negligencia del Estado colombiano ante un caso como éste, que vaya uno a saber con cuantas mujeres indefensas más habrá ocurrido en los territorios donde se libra el conflicto armado con mayor intensidad y si el hecho sigue repitiéndose.
¿Será a esto a lo que tanto le teme Colombia? ¿Qué éste sea el abre bocas para que internacionalmente se comprueben los miles de casos de violaciones a los derechos humanos de mujeres en municipios y veredas que por décadas han sido dominados por la ilegalidad?
Jineth Bedoya no ha solo ha tenido que soportar la tragedia de haber sido agredida sexualmente y torturada. Además de lo anterior, también tuvo que enfrentar la persecución de quienes planearon el hecho que la convirtió en víctima del conflicto armado, entre los que estuvieron agentes del Estado.
Al investigar el caso quedé estupefacta con lo que encontré, en donde según su narración, la cadena de mando que produjo su tragedia va desde Carlos y Vicente Castaño, pasa por el Bloque Centauros, Miguel Arroyave, Gaitán Mahecha, los jefes del Bloque Capital y termina con el sicario paramilitar que trajeron a Bogotá para asesinarla.
Seguido, la periodista narra que cuando fue a la cárcel Modelo para confrontar a Gaitán Mahecha, éste le enseña la carpeta donde se encontraban los informes de la policía, inteligencia militar, etc., momento en que le confiesa que el ‘jefe’ ordenó abrir esa investigación, y el jefe era Carlos Castaño, según la conclusión a la que llegó Jineth.
¿Cómo llegó esta carpeta a manos de Gaitán Mahecha? ¿Qué papel desempeñó Carlos Castaño en la investigación? ¿Así de permeado estaba el Estado para permitir que estos documentos que deben estar bajo reserva llegaran a manos de actores que jugaban en la ilegalidad?
Y la pregunta del millón, ¿dejará Colombia de actuar tan torpemente en su defensa ante organismos internacionales como la Corte IDH?, amanecerá y veremos dijo el ciego.
