En los últimos años, América Latina ha sido testigo de avances significativos en el fomento de un entorno empresarial más responsable, marcado por la implementación de marcos locales y globales e iniciativas de colaboración destinadas a promover la sostenibilidad y el gobierno corporativo. Para mejorar la transparencia y fomentar prácticas comerciales sostenibles, la Bolsa de Valores de Colombia colaboró con el Global Reporting Initiative y lanzó conjuntamente la Guía para la Elaboración de Informes ESG para Emisores en Colombia en julio de 2020. La Guía sirve como un instrumento para fomentar la divulgación de la sostenibilidad, informes alineados con estándares internacionales (Regina Lopez, Thomson Reuters, diciembre 2023)
América Latina no se escapa de la ola de ESG en el mundo. Tal como lo ha hecho la Bolsa de Valores de Colombia, recientemente, la CVM (Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil) reforzó la agenda de informes no financieros al lanzar una resolución que obliga a las empresas que cotizan en bolsa a publicar informes a partir de 2026. Además, el crecimiento significativo de las regulaciones y las iniciativas voluntarias en todo el mundo ha llevado los informes de sostenibilidad a la vanguardia.
En Chile, Codelco concluyó exitosamente el proceso de licitación pública de energías renovables desarrollado durante 2023, en el que participaron más de 50 empresas nacionales e internacionales, donde resultaron adjudicatarias Atlas, Colbún e Innergex, por un total de 1,8 teravatios hora al año (TWh/año), lo que representa el consumo equivalente de aproximadamente 222 mil hogares (ESG News, febrero 2024).
Igualmente, desde Panamá, SGP BioEnergy (“SGP”) anuncio un compromiso de capital de $250 millones USD de Global Emerging Markets (GEM), un grupo privado europeo de inversión alternativa, para apoyar el desarrollo de la Biorrefinería Golden City en Colón, Panamá y sentar las bases para la transformadora operación Zero- Ecosistema de residuos (ESG News, febrero 2024).
Como estas hay muchas noticias, que hacen tener fe en el futuro de ESG, no solo con sus criterios, sino en sus inversiones. Mostrando que esta tendencia global ha calado profundamente en la region, y el sector empresarial se está moviendo en esta dirección para seguir siendo competitivo a nivel global.
Sin embargo, también nos encontramos con noticias como:
Un nuevo informe de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), Dividiendo el Amazonas, expone cómo las empresas de aceite de palma y cacao están impulsando la deforestación en la Amazonía peruana mientras cometen ilegalidades con la complicidad del gobierno. El aceite de palma producido por algunas de estas empresas ingresó a las cadenas de suministro de importantes empresas multinacionales como Kelloggs, Nestlé y Colgate. El aceite de palma también se comercializaba con empresas con sede en Bélgica (vandemoortele) y España (Lipsa) que producen bienes para el mercado de la Unión Europea (UE), al mismo tiempo que pone en vigor una nueva ley, el Reglamento de Deforestación de la Unión Europea (EUDR), que prohíbe las importaciones de productos provenientes de cualquier deforestación ilegal, así como aquellos provenientes de puestos de deforestación legal. (ESG. News, febrero 2024).
Es evidente que falta mucho por avanzar. Pero las empresas no lo pueden hacer solas. Necesitan del Estado para que regule y acompañe estos esfuerzos. No sirve de nada si en Perú se sigue deforestando, o gobiernos como el de México promueven la sostenibilidad, pero apoyan iniciativas como el tren maya, que destruye la selva yucateca.
Implementar criterios de ESG en los países latinoamericanos implica varios desafíos y obstáculos únicos. Estos pueden variar según el país y su contexto socio-político específico, pero aquí hay algunos obstáculos comunes que enfrentan los gobiernos en la región:
• Marcos regulatorios: Muchos países latinoamericanos tienen marcos regulatorios que están desactualizados o carecen de especificaciones sobre criterios ESG.
• Inestabilidad política: La inestabilidad política, los frecuentes cambios de gobierno o la corrupción pueden obstaculizar la planificación a largo plazo y la implementación de estas iniciativas. El enfoque en las ganancias políticas a corto plazo suele eclipsar las prácticas sostenibles.
• Restricciones económicas: La inestabilidad económica o las limitaciones en los presupuestos gubernamentales pueden llevar a una priorización del crecimiento económico inmediato sobre las prácticas sostenibles.
• Desafíos sociales: América Latina tiene significativas disparidades sociales, incluyendo altos niveles de pobreza, desigualdad y agitación social. Abordar estos problemas mientras se implementan criterios ESG puede ser un acto de equilibrismo político que puede llevar a crisis.
• Falta de conciencia y educación: A menudo hay falta de conciencia o comprensión de los principios ESG entre los legisladores, las empresas y el público en general.
• Barreras culturales: Diferentes actitudes culturales hacia la gobernanza, los negocios y el cuidado ambiental pueden suponer barreras para adoptar criterios ESG.
• Limitaciones de infraestructura: Implementar criterios ESG a menudo requiere infraestructura moderna, que puede estar ausente en algunas regiones. Esto puede afectar la capacidad para gestionar recursos de forma sostenible, reducir el impacto ambiental o asegurar prácticas laborales justas.
• Desafíos ambientales: América Latina es rica en recursos naturales, pero esto también significa que existe presión para explotar estos recursos. Los gobiernos enfrentan el desafío de equilibrar los beneficios económicos de los recursos naturales con la necesidad de sostenibilidad ambiental.
• Participación limitada del sector privado: Las iniciativas ESG a menudo dependen de la colaboración entre gobiernos y sector privado. Si las empresas no están completamente comprometidas con los principios ESG, puede ser difícil lograr avances significativos.
• Apoyo y cooperación internacional limitados: Aunque existen marcos y acuerdos internacionales que apoyan los principios ESG, los países latinoamericanos pueden enfrentar desafíos para acceder a financiamiento, experiencia o apoyo internacional para implementar estos criterios.
Para enfrentar estos desafíos, es necesaria la presión pública, acuerdos internacionales que empujen a los gobiernos a adaptar nuevos marcos regulatorios, evidenciar el impacto visible del cambio climático (ya hay racionamiento de agua en Bogotá, Colombia), y las consecuencias de la desigualdad social en la región (el coeficiente Gini en Colombia en 2022 fue de 0,556). La divulgación de estas situaciones es clave para presionar a los gobiernos a adoptar de manera profunda las medidas ESG, con un rol vital de la empresa privada, y sin contradicción ni dudas.
Una vez más, en nuestro continente el cambio y avance, pasa por las decisiones como ciudadanos, incluso, el crecimiento empresarial (ligado a ESG) pasa por la elección de lideres que lleven a la región a esas metas, dejando esa política personalista y caudillista, que solo muestra progresos para quienes están cerca a los presidentes.
Señores/as empresa privada, una ciudadanía que vota bien, les beneficia más, que financiar campañas o hacer lobby.
