Se aprobó la Reforma Pensional, un acuerdo que intenta ponerle fin a las inequidades de un sistema pensional que afecta a las mayorías de colombianos y colombianas, en especial a quienes nunca fueron vinculados a un régimen que les garantizara una vejez en condiciones de dignidad y buen vivir. Qué bueno que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República se hayan comprometido a fondo con este anhelo del pueblo trabajador y de la sociedad en general. Hay que festejar esta reforma que se constituye en un paso seguro hacia la consolidación de la paz y la reconciliación nacional.
Ojalá recapaciten quienes se resisten a las soluciones que benefician a los más necesitados y podamos enfrentar los desafíos profundos que amenazan la sostenibilidad y la equidad de las jubilaciones. La reforma pensional ha sido una propuesta recurrente en la agenda política buscando abordar problemas como la cobertura insuficiente, la informalidad laboral y la desigualdad en la distribución de beneficios. Esta nueva ley puede abrir el camino a un Gran Acuerdo Nacional que nos permita avanzar con menos incertidumbre hacia un Estado Social de Derecho fortalecido.
El sistema pensional colombiano caracterizado por una dualidad entre el Régimen de Prima Media (RPM) administrado por Colpensiones y el Régimen de Ahorro Individual (RAI) gestionado por fondos privados, ha generado varias ineficiencias y profunda desigualdad, pues solo alrededor del 25% de los adultos mayores reciben una pensión. La cobertura baja se debe en parte a la alta informalidad laboral que impide a muchos trabajadores contribuir consistentemente al sistema.
La estructura actual beneficia desproporcionadamente a quienes reportan altos ingresos, y pueden aportar más y, por ende, recibir a futuro pensiones más altas. Esto perpetúa las desigualdades socioeconómicas en lugar de mitigarlas. El RPM, basado en un esquema de reparto, enfrenta presiones demográficas debido al envejecimiento de la población. La relación entre cotizantes y pensionados se ha deteriorado, poniendo en riesgo la viabilidad a largo plazo del sistema.
Una de las aspiraciones fundamentales de la reforma es ampliar la cobertura del sistema pensional. En Colombia, lamentablemente una gran parte de la población no tiene acceso a una pensión en su vejez, especialmente en lo que se conoce como el sector informal; en ese sentido, la reforma busca integrar a más trabajadores al sistema, asegurando que una mayor cantidad de personas puedan acceder a beneficios pensionales.
La nueva reforma introduce mecanismos para crear un sistema más equitativo, redistribuyendo los recursos de manera más justa, favoreciendo a los trabajadores de menores ingresos y a los más vulnerables, como las mujeres y los trabajadores informales. Paralelamente se busca garantizar que el sistema sea viable a largo plazo. Esto incluye ajustes en la edad de jubilación, modificaciones en las tasas de cotización y cambios en la fórmula de cálculo de las pensiones, lo que ayuda a equilibrar los ingresos y egresos del sistema; sin embargo, ese llamado largo plazo se podrá ver reducido si Colombia se enruta por el camino de la producción, fortaleciendo las empresas grandes, medianas y pequeñas, lo cual exigirá abordar soluciones al dilema, tecnologías versus mano de obra, o visto de otro modo, aumento de la producción y la competitividad, vía adopción de la automatización, versus, detrimento de la generación de empleo o reducción del horario laboral, etc.
Uno de los pilares en que se apoya a reforma es el pilar solidario que asegura un ingreso básico para aquellos que no logran cumplir con los requisitos mínimos para una pensión, proveyendo una red de seguridad que aporta a la disminución gradual de la pobreza en la vejez. Esto es crucial en un país con altos niveles de informalidad laboral, de inequidad y de empobrecimiento. Al promover y establecer beneficios más accesibles y justos, la reforma incentiva que los y las trabajadoras informales legalicen sus actividades laborales al ver un sistema pensional que les ofrece una seguridad real.
En respuesta a los cambios demográficos, en una sociedad en donde se evidencia el envejecimiento de la población, es apenas necesario ajustar las edades de jubilación y las tasas de cotización para asegurar que el sistema pueda soportar la carga futura de pensionados; si bien, toda reforma trae consigo desafíos y resistencia, los beneficios aprobados en estos cambios podrían tener un impacto positivo significativo en la calidad de vida de los futuros pensionados colombianos.
Por otro lado, mientras se aprobaba la Reforma Pensional, en un claro paso hacia delante en materia de equidad, desarrollo y paz, FECODE prendió las alarmas sobre algunos componentes regresivos planteados en el proyecto de Ley de Educación. Al parecer, artículos importantes del proyecto son contrarios a los anhelos de cambio y justicia social de las mayorías y no contribuyen a la construcción de la paz y el desarrollo humano sostenible.
El proyecto de ley propone componentes que, podrían facilitar la participación del sector privado en la gestión y financiación de las escuelas públicas, lo que conduciría a una mercantilización de la educación. Las instituciones educativas públicas, especialmente en áreas rurales y marginadas, podrían verse desatendidas mientras que los recursos se desvían hacia iniciativas privadas. Esto contraviene el principio de equidad en la educación y puede exacerbar las brechas socioeconómicas, aumentando la pobreza e incentivando la deserción escolar.
El proyecto introduce nuevos criterios de evaluación y desempeño para los docentes, que FECODE considera punitivos y descontextualizados. Evaluar a los docentes de manera uniforme sin tener en cuenta las condiciones en las que trabajan, especialmente en un país azotado por la violencia armada, podría resultar en sanciones injustas y desmotivación, afectando negativamente el desempeño educativo general. No se hace énfasis, como se requiere, en la necesidad de asumir por parte del Estado, el mejoramiento de las capacidades pedagógicas, temáticas y logísticas de los educadores.
Finalmente, entre otras consideraciones el proyecto de ley no garantiza una financiación adecuada y sostenida para el sistema educativo, lo que podría afectar la calidad de la enseñanza y las condiciones laborales de los docentes. La falta de recursos adecuados podría llevar a un deterioro en la infraestructura educativa, materiales didácticos insuficientes y salarios inadecuados para los docentes.
Ojalá se reconozca la importancia que tiene para el presente y el futuro una reforma educativa acorde a las necesidades reales del país que beneficie principalmente a los y las estudiantes. Sin una reforma educativa profunda, democrática, progresista, que haga posible el surgimiento de un ser humano nuevo, capaz de comprometerse con la paz y la justicia social, el sueño de un mejor país se aleja cada día más.
