El debate sobre la calidad y el cubrimiento de los servicios de salud sigue ocupando gran parte del tiempo en los corrillos políticos, periodísticos, empresariales y por supuesto en las filas de pacientes madrugadores a las puertas de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud- IPS, sean estas privadas o públicas.
La discusión política, periodística y empresarial ha girado fundamentalmente alrededor de la crisis económica por la que atraviesan las llamadas Entidades Promotoras de Salud – EPS y las exigencias que el Gobierno Nacional viene realizando, para aclarar las cuentas sobre los recursos que el Estado les gira y sobre los cuales se ha señalado y comprobado en varios casos, altos niveles de corrupción y malversación de fondos. La discusión en las colas de pacientes, generalmente giran alrededor de la calidad, la pertinencia, y la forma en que tradicionalmente son atendidos, ya sean del régimen contributivo o del subsidiado.
Sin desconocer la importancia de modificar el modelo de administración de los recursos de la salud, que a mi modo de ver puede combinar la labor de la EPS, reconfigurando su papel y mejorando los mecanismos de control y rendición publica de cuentas, teniendo en cuenta la cobertura, las necesidades territoriales, las prácticas negacionistas y las necesidades reales del paciente, con la responsabilidad del Estado a nivel nacional, los entes territoriales y las autoridades étnicas.
Nuestro modelo debe dar respuesta a la exigencia ciudadana del goce pleno del derecho a la salud, como derecho fundamental, que va más allá del concepto biológico de ausencia de enfermedad y acoger en los dos regímenes, tanto el contributivo como el subsidiado, un concepto de salud más amplio y holístico; entendida la promoción de la salud no solo como la provisión de servicios médicos, el acceso a servicios hospitalarios o curativos centrados en la enfermedad, sino principalmente la identificación y eliminación de barreras estructurales determinantes que impiden el acceso a la salud en términos de equidad y justicia social.
Un modelo más centrado en la prevención y el reconocimiento de diferencias en el desarrollo de la vida del paciente y de las comunidades, lo que implica la inclusión y la atención diferenciada según los determinantes de estilos de vida, marcados también por las diferencias de clase (o estratificación), los privilegios o desventajas de las personas, el acceso por ejemplo al agua potable, a la educación, al transporte, a los servicios de electricidad y comunicaciones, las inclemencias del clima tropical o de páramos, el acceso a la vivienda digna, hasta lo que se conoce como los estilos de vida poco saludables, como el consumo de tabaco y la falta de actividad física, que están estrechamente relacionados con enfermedades crónicas.
Adicional, se requiere la reevaluación, el rediseño e implementación de políticas encaminadas a contemplar y reconocer la importancia del empoderamiento social y comunitario, que coloque en el lugar que le corresponde al poder del constituyente primario en la formulación y seguimiento de las políticas públicas de salud, así como la veeduría y control de la intervención de los entornos vitales de las personas que indiscutiblemente afectan la salud comunitaria e individual, observando la importancia de incorporar en los análisis y propuestas los determinantes sociales en todas las etapas del proceso de atención sanitaria, es decir, tanto los factores individuales como los contextuales que influyen en la salud.
La equidad en los servicios sanitarios, significa garantizar que todas las personas, independientemente de su género, raza o condición socioeconómica, tengan acceso a servicios de salud de calidad, con suficiente cobertura tanto territorial como poblacional. Adelantar programas permanentes de educación sanitaria y de fortalecimiento de capacidades que reconozcan, como lo exigen las comunidades indígenas y afrodescendientes, la medicina ancestral.
El nuevo modelo de salud, requiere de aliados locales fortalecidos y reconocidos, para combatir enfermedades que se propagan a través vectores biológicos (mosquito, zancudo, etc.) como el Dengue, el Paludismo, la Fiebre Amarilla, la Leishmaniosis, el Chagas, la Fiebre Recurrente y un enfoque interdisciplinario que involucre sectores como la educación, la vivienda y el trabajo, para abordar de manera efectiva los determinantes sociales de la salud.
Se tendrán que fortalecer programas diferenciales para las personas con discapacidad, personas mayores, infancia y personas drogodependientes como grupos sociales sensibles a la exclusión social. La sociedad en general, deberá avanzar en la adopción de nueva normatividad más adecuada, buscando superar determinantes culturales, dogmas, prejuicios, y condiciones físicas materiales y económicas que permitan la accesibilidad diferencial de servicios a esta población.
Los factores sociales, culturales, políticos, económicos y laborales influyen significativamente en la salud de hombres y mujeres de manera diferente. No es lo mismo las necesidades curativas y de prevención, de una persona dedicada a la vida en el campo, con exigencias físicas extraordinarias que sobrepasan los límites del dolor o el de la mayoría de las mujeres que suelen asumir responsabilidades de cuidado no remuneradas, lo que puede afectar negativamente su salud mental y física.
Es claro que, en una sociedad marcada por las diferencias de clase, por los privilegios de algunos y la pobreza de las grandes mayorías, se vuelve cada vez más importante, para evitar a largo plazo situaciones de conflictividad mayor, la promoción de la salud y la igualdad de oportunidades en los servicios sanitarios.
Finalmente, quiero llamar la atención acerca de la necesidad de que se asuma de forma integral, el fortalecimiento de los programas de salud mental encaminados a superar las graves afectaciones individuales y colectivas que nos ha dejado el conflicto armado interno. Nadie puede evadir esta responsabilidad, de allí la necesidad de construir un Acuerdo Nacional que incluya el componente del derecho a salud de forma integral, como parte de las tareas que debemos asumir en el marco de la construcción de la paz. Necesitamos ponernos de acuerdo sobre la política general que guía nuestro sistema de salud.
