No hay derecho. Lo que parecía una solución anunciada por el propio presidente Gustavo Petro en el marco de la declaratoria de emergencia de la Guajira, terminó en un doloroso y vergonzoso fiasco. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD- precipitó en septiembre y octubre del 2023, en plena campaña electoral local, la compra de 40 carrotanques para llevar agua a los compatriotas del departamento guajiro. Y no era para menos; cifras oficiales registraban en los últimos 8 años la muerte de 294 niños por falta de agua y alimentación en este territorio, mientras que en el 2013 se reportaron 2.000 casos de inseguridad alimentaria severa que desembocaron en la pérdida de 95 vidas.
Lo que empezó como una investigación periodística ha terminado en un gran escándalo político y judicial que afecta a las cabezas de la UNGRD y del Congreso de la República. Las informaciones de prensa señalaban un posible sobrecosto de hasta 20 mil millones de pesos y la inutilidad, por las condiciones del terreno o por la falta de planeación de la UNGRD, para llevar agua a la sedienta población de la península. Imágenes de camiones estacionados pintados macondianamente con la silueta del director de la entidad Olmedo López, mientras niños y población en general esperaban el prometido líquido, inundaron periódicos, noticieros y portales. Olmedo y su compinche subdirector de la entidad, el exótico Sneyder Pinilla, luego de ser separados de sus cargos por el presidente Petro en febrero pasado cuando el escándalo estalló, después de meses de silencio han reconocido que el sobrecosto se debió a una grotesca operación de corrupción con pagos de comisiones con maletas de dinero en efectivo circulando entre contratistas y servidores públicos.
Olmedo López y Sneyder Pinilla, en su petición de un principio de oportunidad a la fiscalía general de la Nación, en una versión poco creíble se han querido presentar ahora como mansas y obedientes palomas en este entramado criminal afirmando que ellos “solo hicieron caso”, es decir que cobraron las coimas, transportaron el dinero y lo entregaron a terceros sin embolsillarse un solo peso. En una hábil estrategia mediática y jurídica han venido soltando información a cuentagotas de los supuestos detalles de esta operación de corrupción. Han mencionado en este episodio al presidente de la Cámara de Representantes el liberal Andrés Calle y a dos integrantes de la Alianza Verde, Iván Name presidente del Senado y Sandra Ortiz la renunciada Exconsejera Presidencial para las Regiones.
El debate público y al interior del Partido Alianza Verde, como era apenas previsible, no se hizo esperar. A ningún miembro de una fuerza política que ha sido abanderada de la lucha contra la corrupción y que promovió una consulta popular sobre este sensible tema votada por 12 millones de colombianos, no se le es permitido que terminen comprometidos en hechos como estos. Algunos han cuestionado que el Verde tenga representación en el Gobierno del Cambio. Olvidan o ignoran que aquí o en Cafarnaúm las coaliciones corresponden a una modalidad de conformación de los gobiernos que suponen acuerdos programáticos y representación en el ejercicio del poder político. Los Verdes mayoritariamente apoyaron electoralmente a Petro, se declararon como partido de gobierno y en consecuencia hacen parte legítimamente de Él.
Otras voces han aprovechado este episodio que solo compromete a una persona del Partido Verde en el gobierno, la Exconsejera Ortiz, para atizar su pretensión de que el Verde se retire de la coalición de gobierno y se declare en independencia, como una manera de legitimar el papel opositor que rabiosamente han cumplido en el Congreso o en las redes sociales. Olvidan o ignoran deliberadamente que es precisamente Iván Name junto al energúmeno senador Pulido Hernández alías “JotaPe”, quien más vehementemente ha pedido la denominada independencia. Incluso se ha comportado como una vaca muerta atravesada en el camino de las reformas del gobierno Petro. No ha caído bien en el mundo verde la metáfora agresiva y desafortunada de quienes dicen que el Partido Alianza Verde está “secuestrado” por los sectores progresistas que mayoritariamente acompañan con lealtad al gobierno y su agenda.
En este contexto sorprendieron las renuncias al partido de Antanas Mockus y Claudia López. Claro que es una baja sensible para los Verdes, tanto por la fuerza simbólica del profe Mockus, como por la potencia del liderazgo y las posibilidades presidenciales de la Exalcaldesa. Todos esperaban que ellos hubiesen ayudado en cambio a enfrentar este momento desafiante para el partido y sus dirigentes. El Verde tendrá que superar este abandono, como lo hizo en el pasado cuando sobrevivió exitosamente a las renuncias de Lucho Garzón, Sergio Fajardo o Enrique Peñalosa.
El camino del Verde no puede ser otro que su reafirmación como proyecto político alternativo y progresista, acompañando sin perder su voz propia, la agenda de cambios y transformaciones en curso. Debe asumir su responsabilidad política por el involucramiento de dos de sus miembros separando inmediatamente de sus filas a Name y Ortiz. El Verde debe además colaborar con la Fiscalía y la Corte Suprema de Justica para que las investigaciones concluyan eficaz y rápidamente con sus castigos correspondientes. Es la mejor manera de controlar el “efecto carrotanques” sobre su bien ganada imagen y respetabilidad.
