La Canciller y Vicepresidenta Martha Lucía Ramírez generó una gran confusión en Washington frente a la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, de adelantar una visita de trabajo en Colombia para monitorear la crisis que se vive en el país a raíz del paro y las protestas que ya cumplen más de un mes.
La CIDH, junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humano, SIDH, de la Organización de Estados Americanos, OEA, de la cual hace parte Colombia. La función de la CIDH es analizar y hacer seguimiento a situaciones de vulneración de derechos humanos en el continente. Por eso, desde el inicio del paro, le hace monitoreo a lo que sucede en el país y a las denuncias recibidas en ese contexto.
El viaje de la Canciller inició el pasado 24 de mayo con el propósito de mejorar la imagen del Gobierno sobre las protestas, el paro y mantener unas buenas relaciones con sus aliados internacionales. Así, buscó pasar del discurso radical mostrado por el Presidente Duque en la auto-entrevista del Palacio de Nariño, a uno moderado que dejaba ver una imagen de razonabilidad. Estando en Washington se entrevistó, entre otros, con congresistas, integrantes de ONG y con la CIDH. Esta última el 7 de mayo le pidió a Colombia una visita de trabajo para verificar la gran cantidad de denuncias de abusos y brutalidad policial que le han llegado. Al pedir la visita, la CIDH respondía también a una solicitud formulada por el movimiento de derechos humanos en Colombia y una petición en línea firmada por miles de personas, que cuenta además con el apoyo de los partidos de oposición en Colombia y los miembros del Comité del Paro que negocian con el Gobierno. Antes del viaje de la Canciller, la impresión que había dejado el gobierno fue que se iba a negar la visita.
El Gobierno venía de liderar una carta junto con tres países de la región de corte derechista para debilitar a la CIDH, y con duras críticas lanzadas a través de los medios de comunicación por Camilo Gómez, Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y contra la Corte Interamericana cuando este, en un hecho sin antecedentes, se retiró de la audiencia pública de marzo de 2021, en el caso de la periodista Jineth Bedoya, secuestrada y violada por paramilitares hace 20 años cuando estaba haciendo su trabajo en la Cárcel Modelo de Bogotá.
Por eso, la decisión de Martha Lucía Ramírez, funcionaria de tan alto nivel con doble cargo en el Gobierno, de ir hasta las oficinas de CIDH el primer día que estuvo en Washington parecía ser un gesto positivo hacia el Sistema Interamericano. Contrastaba con la actitud de los señores Camilo Gómez y Alejandro Ordoñez, Embajador de Colombia ante la OEA, que mantiene un comportamiento hostil hacia la CIDH.
Pero, más bien la reunión entre la canciller y la CIDH conllevó a una confusión sobre la posibilidad de la visita de trabajo que solamente se puede entender hoy como intencional. Durante la reunión, como se constata en un comunicado emitido por la CIDH, Ramírez dijo que la visita se podría realizar después del 29 de junio, fecha previamente fijada para la celebración de una audiencia sobre situación de derechos humanos en Colombia. La audiencia en cuestión es parte del monitoreo ordinario que hace la CIDH y que se había convocado antes del inicio de las protestas y de la visita de la canciller.
El día siguiente, el martes 25, después de su reunión con Luis Almagro, Secretario General de la OEA, Ramírez dijo que el Gobierno estaba dispuesto a permitir la visita cuando los organismos de control colombianos terminen sus investigaciones. Al próximo día, el 26, la alta funcionaria emitió otra declaración diciendo que fue la CIDH que puso la fecha de la visita para después del 29 de junio, y que si ellos quieren venir a Colombia mañana no hay ningún problema. Esta postura se matizó de nuevo en las cartas a Almagro y a la CIDH la noche del jueves 27 “como acordamos en nuestra reunión la visita será subsecuente a la audiencia pública. Y si la CIDH decidiera adelantar la audiencia, el Gobierno de Colombia estará atento al formato de visita y en la mejor disposición de acordar con ustedes la fecha.”
Todo esto es una cortina de humo. A pesar de lo que dice la Canciller, la CIDH no puso la fecha después de la audiencia de la 29 de junio. Decir esto es mentir al país y a la comunidad internacional. Postergar la visita de trabajo hasta después de la audiencia puede parecerle a algunos como razonable, dado que allí participarán el Gobierno, la Defensoría, la Procuraduría, la Fiscalía y organizaciones de sociedad civil y, seguramente, se discutirán los avances o falta de ellos en el esclarecimiento de las denuncias de abusos y violaciones de los derechos humanos, además de los actos de vandalismo y bloqueos en el contexto del paro nacional. En realidad esto es una forma de dilatar un proceso. Una visita de trabajo de la CIDH para que sea eficaz y oportuna, y para que contribuya a reducir las tensiones tan evidentes en el país, se debe autorizar ya. Lo que busca la Canciller con la propuesta que sea después del 29 de junio es ganar tiempo y dar la impresión que se ha dicho que sí cuando no es así.
El problema para la doctora Martha Lucia, como es de su conocimiento, es que ella debe enviar una carta oficial a la CIDH aceptando la visita -lo cual hasta ahora no ha hecho-. Luego se entra a negociar los términos de la vista de trabajo, incluyendo la fecha, el número de sus integrantes, los criterios, los lugares del país a recorrer, y las entidades del Estado y organizaciones de la sociedad con las que se va a entrevistar, entre otros. Todo esto demanda tiempo.
Lo que evidenció la Canciller en su visita a Washington es que tenía una doble estrategia: por un lado, la de abrir caminos y tender puentes hacia la CIDH, insistiendo de manera pública que eran bienvenidos, y al mismo tiempo, dilatar al máximo su llegada al país. Es una estrategia similar a la que sigue aquí en el país con el Comité Nacional del Paro, de conversar sin negociar, ni firmar nada y dilatar.
Bien es sabido que el derecho a la protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas. Está conectado con los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación; y hace parte de las actividades de defensa y promoción de los derechos humanos y la defensa de la democracia. Se encuentra protegido por una constelación de derechos y libertades que el Sistema Interamericano garantiza tanto en la Declaración Americana de los Derechos y Obligaciones del Hombre como en la Convención Americana de Derechos Humanos.
La mejor forma de eludir el escrutinio de la CIDH a Colombia es que el Estado en su posición de garante a los derechos humanos no siga cometiendo graves violaciones de derechos humanos como las cometidas durante el Paro Nacional, y que investigue y sancione las ya ocurridas para evitar la impunidad. Mientras que el Estado no cumpla con sus obligaciones, no corrija sus políticas y no controle las acciones de los agentes estatales, la sociedad colombiana continuará acudiendo a la CIDH, pues no tiene otra opción.
