Podría hablar de la investigación que el gobernador de Antioquia acarrearía por culpa de la fracasada VACA por Antioquia, la cual hasta el momento no lleva ni el 0.5% de su propósito inicial y que recientemente ha estado envuelta en el escándalo de que el Clan del Golfo usó dinero de su actividad delictiva para financiarla, demostrando incluso consignaciones por 10 millones de pesos a través de las redes sociales. Sin embargo, lo dejaré para una próxima columna, porque quiero hablarles de una investigación en la cual el actual gobernador podría complicar su situación y eventualmente ir a prisión, y hasta que se repitan elecciones en Antioquia.
La revista RAYA ha destapado un escándalo mayúsculo: Andrés Julián Rendón, en la actualidad, está en la mira de la justicia. ¿El motivo? La construcción de Centros de Atención Inmediata (CAI) en Rionegro que, a pesar de haber consumido más de 6.000 millones de pesos, siguen siendo elefantes blancos desde hace más de 5 años. Esta inversión millonaria, destinada a la seguridad ciudadana, parece haberse esfumado sin dejar rastro de los beneficios prometidos.
Estos CAI llegaron a la opinión pública porque, luego de que Rendón falsamente los inaugurara, un joven fue asaltado y baleado, perdiendo lamentablemente la vida al frente de uno de estos CAI. Cuando las autoridades revisaron, se dieron cuenta de que no había policías y que el CAI nunca había sido entregado a la institución (la misma Policía respondió en un oficio que nunca recibió la estructura).
Más grave aún, el informe técnico de la Contraloría encontró que el lote no se encontraba saneado, incurriendo así en un hallazgo de presunta incidencia penal por configurarse el delito de celebración de contrato sin el lleno de los requisitos legales. A esta suma de irregularidades se sumó la falta de devolución de recursos al municipio por parte del contratista y un no pago de los impuestos a cargo del entonces mandatario.
La situación es tan grave que podrían enfrentar cargos por contratación sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, y que los antioqueños volvamos a vivir el flagelo de tener un gobernador en la cárcel, como nos tocó con el exgobernador Aníbal Gaviria por también presunta corrupción en una vía departamental.
Ahora la Corte Suprema deberá adelantar este proceso, con un gobernador que ahora se ve envuelto en un nuevo escándalo por crear una vaca donde presuntamente se estaría blanqueando capitales y donde podría existir la configuración de captación ilegal de recursos, entre otros delitos.
Es hora de que las autoridades actúen con firmeza y lleven a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer estos hechos y, de ser necesario, sancionar a los responsables. La ciudadanía merece respuestas y garantías de que su seguridad y sus recursos están en manos honestas y competentes.
