La construcción de una paz duradera en Colombia requiere de un enfoque integral y coordinado. Para alcanzar la Paz, no basta con avanzar en acuerdos parciales o segmentados; es necesario dialogar con todos los actores armados de manera simultánea. Este es un proceso complejo que, aunque desafiante, debe avanzar con firmeza y con una clara orientación hacia la consecución de resultados que realmente beneficien a la población. En un país donde el conflicto ha dejado profundas cicatrices, el diálogo es la herramienta más poderosa para la reconciliación.
En este contexto, la reciente suspensión de la mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) representa un duro golpe a la estrategia de paz total que ha sido promovida por el gobierno actual. Este proceso, que ya había mostrado avances significativos en las conversaciones con este grupo insurgente, es crucial para la estabilidad y el bienestar de las comunidades más afectadas por el conflicto. La mesa de diálogo con el ELN, como parte de un enfoque integral, no es un fin en sí mismo, sino un medio para generar condiciones de vida dignas y seguras para millones de colombianos.
La suspensión no solo pone en riesgo los avances logrados hasta ahora, sino que también genera incertidumbre sobre el futuro de la estrategia de paz total. Las comunidades, especialmente en zonas históricamente vulnerables, necesitan ver resultados tangibles que muestren el compromiso del Estado y de los grupos armados en la construcción de una paz sostenible.
En estos momentos difíciles, nuestra obligación como sociedad es rodear el proceso de paz, fortalecer el respaldo a las negociaciones y mantener una postura firme en la exigencia de garantías reales para las comunidades afectadas. Es indispensable que el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional refuercen su compromiso con la paz y aseguren que las conversaciones no se queden en promesas vacías. Exigir compromisos claros de los armados, en términos de cese al fuego, respeto a los derechos humanos y efectivo compromiso con la superación de la violencia armada, debe ser una prioridad.
Este proceso requiere de paciencia, pero también de una voluntad decidida por parte de todos los actores involucrados y de la población civil. No podemos permitir que retrocesos como la suspensión de una mesa de diálogo empañen el horizonte de la paz total. Es crucial que las negociaciones con el ELN se retomen. Que se revise uno a uno los acuerdos logrados, los avances y las dificultades en la implementación y se evalúe el impacto en las regiones.
Al final, la paz no puede ser un pacto entre élites ni un simple acuerdo en papeles. Debe reflejarse en la vida cotidiana de la gente, especialmente de aquellas comunidades más afectadas por la guerra. El desafío de coordinar múltiples frentes de diálogo no debe ser visto como una barrera, sino como una oportunidad para construir una paz verdadera, inclusiva y justa.
El Acuerdo #28 logrado con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sobre la participación es crucial para garantizar que la voz de las comunidades más afectadas por el conflicto sea escuchada y valorada. Este acuerdo no solo establece el compromiso de las partes para promover la paz, sino que busca crear mecanismos reales de inclusión, donde las decisiones sobre el futuro del país se construyan de manera colectiva. Las comunidades han sido históricamente excluidas de los espacios de toma de decisiones, y en muchas regiones, son precisamente ellas las más afectadas por el conflicto armado. Implementar este acuerdo significa abrir espacios para que campesinos, indígenas, afrodescendientes, mujeres, jóvenes y otros sectores puedan influir en la construcción de políticas públicas que atiendan sus necesidades.
El Acuerdo sobre la participación de la sociedad, no es solo un paso más en las negociaciones, sino una base fundamental para la paz duradera. Si las comunidades sienten que tienen el poder de incidir en su futuro, se genera un ambiente de confianza y reconciliación. El ELN, al comprometerse con este acuerdo, también reconoce que la paz solo es posible si es construida desde abajo, con la gente.
Implementar los acuerdos de participación es, por tanto, una urgencia. No podemos esperar a que las condiciones sean perfectas o que otros factores se alineen. La paz se construye día a día, y la participación de las comunidades en los procesos de transformación del país es la garantía de que esa paz será inclusiva, justa y duradera.
