Muy lamentable que, en algunas ciudades y municipios, las plenarias de los recién posesionados concejos municipales, inicien sus laborales para los próximos cuatro años violando la Ley y la Constitución Política, y luego sin el más mínimo asomo de vergüenza, de arrepentimiento, o de querer rectificar su actuación, echan mano de todo tipo de leguleyadas, justificaciones o mentiras para mantener sus decisiones, sin importar el grave daño que le causan a la democracia y a la convivencia. En otros casos son algunos mandatarios departamentales y municipales, los que proponen sacar adelante programas, que demostraron no solo su ineficacia frente a la paz y la seguridad, sino que sirvieron de germen a capítulos oscuros de la vida nacional y regional ligadas al paramilitarismo y el narcotráfico, que hoy lamentablemente no hemos podido superar.
No se trata solo de un problema legal o jurídico o de unas palabras lanzadas al viento y que pueden catalogarse como simples expresiones populistas, el problema es más profundo y preocupante. Los concejos con sus “jugaditas” buscan excluir a la oposición política de decisiones trascendentales para la vida de las comunidades y para la gobernabilidad local, pues en los próximos meses se tiene que organizar la elección de la persona que dirigirá las personería en cada municipio o distrito, y esta transcendental responsabilidad recae en la mesa directiva de cada concejo, y por supuesto quienes no creen en la importancia de la democracia, los pesos y contrapesos que a ella alimentan, han excluido a la oposición, demostrando con estas acciones no solamente un profundo desprecio por la labor de dicha entidad encargada de velar por los derechos humanos, por la transparencia de la administración municipal, los intereses propios de la comunidad y en general por salvaguardar el Estado Social de Derecho, sino también por la inclusión política como eje fundamental de la vida democrática.
Los concejos municipales y distritales, entre otras funciones importantes, tiene la responsabilidad al inicio de cada período cuatrienal de gobierno, de gestionar en los próximos cuatro meses el Plan de Desarrollo Municipal o Distrital, y en esa función la junta directiva tiene responsabilidades determinantes a la hora de controlar que los programas de gobierno se reflejen en dicho plan y que el presupuesto presentado para su ejecución, corresponda a las expectativas y a las propuestas que la comunidad exprese a través de los mecanismos de participación ciudadana dispuestos. No es solo en este caso, que las mayorías en el concejo se impusieron de forma totalitaria y excluyente, sino también, que sus actuaciones contrarias a la democracia y a la Ley, tiene repercusiones profundas para la vida social, política y económica. No es posible, que mientras la sociedad clama por la convivencia, el respeto a la ley, la seguridad, la paz y los derechos humanos, sus representantes, en una manifestación por lo menos irresponsable, envíen un mensaje de “todo vale”, todo se puede hacer en este país, inclusive violar la Ley y la Constitución.
No señoras y señores concejales que se juntaron, consciente o inconscientemente para violar la norma y la democracia, ese no es el camino que Colombia viene construyendo y que hará posible que el país se convierta en una sociedad moderna, alejada de la barbarie, de la violencia política, de la corrupción y el clientelismo. Este tipo de actitudes que evidencian un profundo desconocimiento de los valores que deben guiar un liderazgo político moderno y democrático, comprometido con el desarrollo, no solo demuestran la falta de valores éticos y ciudadanos que en general afectan a toda Colombia, sino la reproducción de comportamientos corruptos, que buscan beneficiar intereses privados.
Las y los concejales, deben realizar un esfuerzo mayor para enmendar las situaciones generadas a partir de los errores o las jugaditas señaladas, y avanzar, pensando siempre en el bien común, independientemente de los ideales políticos que los guíen. Las reglas de la democracia se hacen para que se pueda deliberar, controlar y construir, en un ambiente de respeto. Los partidos y coaliciones de gobierno tienen una gran responsabilidad, pues no solamente les corresponde cogobernar, sino también controlar a la administración y garantizar los derechos de la oposición; a los partidos o coaliciones de oposición, además de señalar y oponerse a todo lo que consideren lesiona los intereses de sus representados, les corresponde también controlar la ejecución administrativa, informar a la ciudadanía y velar por el porvenir y el desarrollo de la sociedad en su municipio o distrito.
De otro lado, a falta de creatividad que evidencia una añoranza a viejas formas de gobernar, recurriendo a rancias y fallidas recetas que condujeron al país por el despeñadero de las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado y el surgimiento y fortalecimiento del fenómeno paramilitar que tanto dolor y daño ha causado, algunos gobernantes locales pretenden revivir estrategias guerreristas e ilegales, utilizando como pretexto y argumentación, falsos relatos que aprovechan la necesidad urgente y evidente, que tiene el país, de lograr mejores niveles de seguridad que garanticen la vida y la libertad de toda la sociedad. Señoras y señores gobernantes locales, la defensa de la vida requiere de nuevas estrategias que promuevan la democratización de la seguridad y pongan al centro el valor de la vida y la dignidad.
Los y las invito a explorar nuevas alternativas más audaces, pero apegadas a la Ley y al clamor popular de lograr la paz y la reconciliación. Es necesario construir y fortalecer estrategias que recuperen la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado y en la gobernabilidad local. Las tecnologías de la informática y las telecomunicaciones desarrolladas para fortalecer la participación ciudadana, ligadas a estrategias pedagógicas y comunicativas sobre cultura ciudadana, en donde los deberes y los valores ciudadanos, los derechos fundamentales, la reconciliación, el perdón, el reconocimiento y la inclusión sirvan de base fundamental para estructurar redes comunitarias que propendan por la vida en comunidad y la paz, integradas a programas sociales de superación del hambre y la pobreza, de acceso y permanencia en el sistema educativo, de salud mental y física, de vivienda y desarrollo rural, entre otras consideraciones, pueden hacer posible que la gobernanza se acerque de otra forma a la vida cotidiana, que se le cierren los espacios a los grupos delincuenciales en ciudades y campos y que las confianzas entre la ciudadanía y de esta con el Estado, haga florecer a mediano y largo plazo, nuevas relaciones y redes de vida, que fortalezcan la seguridad y la convivencia.
De la comunidad organizada y no organizada, de la participación efectiva de la ciudadanía en la elaboración y seguimiento de los Planes de Desarrollo que deben incluír un capítulo específico en materia de paz, convivencia y seguridad, de la destinación real y efectiva de recursos económicos que garanticen que los programas y proyectos se ejecuten, dependerá en gran medida, que se logre un mejor vivir para todas y cada una de las personas, en cada rincón del país, en cada ciudad, centro poblado y corregimiento. La seguridad, la convivencia y la Paz territorial es también y fundamentalmente, responsabilidad de los gobiernos locales.
