Rafael Barrios Mendivil*
Con el fin de conmemorar los 35 años del holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985, la periodista colombo-irlandesa Ana Carrigan lanzó una nueva edición del libro El Palacio de Justicia: una tragedia colombiana. Editorial Planeta. Se organizó un panel virtual el pasado 19 de octubre de 2020, en el que participamos el familiar de una de las víctimas Gabriel Andrade Sulbam, la periodista María Teresa Ronderos, y el suscrito, uno de los abogados litigantes del caso, con la coordinación de Juan David Correa de la casa editorial.
Ana Carrigan ha dedicado su vida profesional a escribir reportajes en América Latina, Estados Unidos y Europa. Sus columnas, ensayos y artículos han sido publicados por The New York Times, The Boston Globe, The Irish Times, The Guardian y Open Democracy. Es autora del libro Salvador Witness: The Life and Calling of Jean Donovan, sobre la misionera laica y su asesinato por los militares salvadoreños, que ha recibido muchos elogios por parte de la prensa de Estados Unidos. El día del lanzamiento, la autora envió sus comentarios en un video.
Ana empezó por honrar a los extraordinarios hombres y mujeres que murieron, fueron desaparecidos y a quiénes sobrevivieron a los trágicos eventos. Dijo que el 6 de noviembre de 1985 estalló una “guerra sucia” en el interior del Palacio en la cual más de 300 civiles, incluyendo miembros de la Corte Suprema y el Consejo de Estado y su personal, quedaron atrapados entre los tanques del ejército colombiano y la guerrilla del M-19.
Afirmó que el gobierno se negó a negociar y, por lo tanto, a proteger a los civiles y a los jueces. Al no hacer nada, entregó a los Generales al mando de las Fuerzas Armadas el control total de la situación y toleró el posterior encubrimiento y la complicidad de quienes luego ocultaron las pruebas.
Agradeció a las personas anónimas que enfrentaron los peligrosos y graves riesgos para ellos y para sus familias al ayudarla a escribir su libro. Ana comenzó a investigar en mayo de 1986. En ese momento no tenía ninguna expectativa de que las historias que escucharía, la gente que conocería, dominarían su pensamiento y acecharían su memoria durante los siguientes treinta años. Muchas de las preguntas que formuló en la primera edición del libro en 1993 aún estaban vigentes en el momento de su publicación en español en 2010. Hoy, 35 años después, muchas aún siguen sin respuesta.
Finalmente, agradeció a la escritora Constanza Viera, quien le enseñó mucho sobre la realidad colombiana, a la ex fiscal Ángela María Buitrago, quien tuvo el inmenso valor de investigar las acciones del ejército, a los panelistas y al coordinador del evento.
Debo reconocer el valor y el coraje de Ana Carrigan al empezar su investigación en mayo de 1986 -época en que casi nadie quería saber del Palacio- al entrevistar a un sobreviviente del fatídico baño donde permanecieron sesenta civiles y seis guerrilleros, también sobrevivientes de los disparos e incendio del Ejército (pág. 61).
Desde este inicio, Ana procedió a tejer una historia que todavía nos desilusiona. Publicó detalles como éste: Los investigadores de Medicina Legal descubrieron que ninguna de las balas incrustadas en los cadáveres de los rehenes encontrados por los militares entre los escombros del cuarto piso -donde murieron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía y otros magistrados- habían sido disparadas por armas del M-19 y dedujeron que “muchos de los rehenes que intentaban escapar de entre las llamas probablemente murieron por disparos de las armas del Ejército” (pág. 156). La historia que ella reveló coincidía con lo que yo viví como representante de víctimas. Como cuando el sábado 9 de noviembre fui a la Brigada XIII a indagar sobre procesos a mi cargo y me encontré en el sitio de acceso con un motón de armas largas totalmente incineradas pertenecientes al M-19.
La actitud del Presidente Belisario Betancur durante el 6 y 7 de noviembre quedó reflejada sabiamente en el libro: el miedo oculto en la timidez de los civiles, “enclaustrados en su inercia en el Palacio Presidencial”, y cómo las actas del Consejo de Ministros revelan un líder que se rehusaba a gobernar y la ignorancia del gobierno de lo que sucedía durante el 6 de noviembre. Un Belisario Betancur, desinformado por su ministro de Defensa Miguel Vega Uribe, nunca dio la orden de cese al fuego, a pesar de los reiterados pedidos de Alfonso Reyes Echandía (pág. 170).
La única voz discordante fue la del Ministro de Justicia Enrique Parejo Gonzáles, quien captó la tremenda dimensión de la tragedia y siempre llamó al diálogo y al alto al fuego al interior del gobierno. Lo conocí cuando el Mayor de la Policía Nacional, Humberto Aparicio Navia, director de la cárcel La Modelo de Bogotá, agredió con su bastón de mando a mi colega de oficina Eduardo Umaña Mendoza, quien protestó por no permitir el ingreso de los abogados. Tanto Enrique Parejo como quien escribe protestamos y nos ofrecimos de testigos de la agresión ante los policiales que atendieron el caso, pero terminamos los dos “amonestados” en el libro de minuta de una Estación de Policía cercana a dicha cárcel. Ni siquiera valieron las protestas del ex ministro Parejo Gonzáles.
Como se dice claramente en el libo: “El presidente y su ministro de Gobierno (Jaime Castro) rehusaron ver la situación real. El Estado de Derecho ya no existe, se había acabado. Ellos mismos habían contribuido a su liquidación” (pág. 200). La ceguera lo confirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Augusto Ramírez Ocampo, al interior del Consejo de Ministros: “Tengo la honda convicción de que todo lo sucedido en provecho de la patria. Estoy convencido de que hemos ofrecido un magnífico homenaje a la democracia” (pág. 261). El Coronel Luis Alfonso Plazas Vega ya lo había dicho ante los medios: “Defendiendo la democracia, maestro”.
La nueva edición del libro de Ana nos recuerda, 35 años después de los hechos, que el problema no es que no sabemos lo que verdaderamente pasó en el Palacio de Justicia. Ella mostró que se puede encontrar y verificar la información necesaria para reconstruir la verdad. El problema sigue siendo que el país no quiere conocer cuáles son las fallas del régimen que posa de democrático y acepta la tragedia del Palacio de Justicia sin tocar sus base éticas y morales. La Justicia Ordinaria, la Comisión de Esclarecimiento y Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz tienen la palabra.
*Abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
