Si bien es cierto que se debe hacer un control político y reformar el monopolio que se tiene en los servicios públicos, darle alcance al presidente que lo haga de manera directa no soluciona nada de fondo, al contrario, el valor político del privado en las campañas políticas pasaría a hacerse de manera directa y a dedo sin contemplar elementos técnicos, económicos y sociales.
El borrador menciona que “El presidente podría regular directamente los servicios públicos o delegar esa responsabilidad a las comisiones de regulación” actualmente, el presidente no tiene la capacidad de hacer una regulación específica.
Lo que, si el presidente debiera asumir, es señalar toda la política general delegada a la Creg, no de carácter regulatorio, pues ningún presidente lo ha hecho, y también podría tomar la ocupación al señalar políticas generales de administración y control de los servicios públicos, la cual fue encargada a la Creg por el decreto 2253 de 1994.
Al hacerlo, lo puede manifestar a través de políticas, fijándole un procedimiento a la Creg y a la Cra (la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico), sobre cómo administrarlo, controlarlo y sin restringirle la autonomía de autoridad tarifaria.
En el artículo 23 de la ley 143, se señala que la Creg es la que debe definir las tarifas a través de unas fórmulas tarifarias complejas, así, el presidente Petro, no puede decirles a los generadores de energía: ahora la generación vale 200 pesos el KW hora mes, porque eso desborda sus facultades, tampoco establecer una metodología tarifaria especifica.
De esta manera el gobierno podría señalar un protocolo, para que se logren tarifas justas y razonables, buscando una estructura real del mercado, viabilizando los costos y rentabilidades desde las comisiones de regulación.
El borrador también menciona sobre la instauración de tarifas de acuerdo con la capacidad de pago de los usuarios, y es importante precisar que las alzas de tarifas tampoco son un problema generalizado del país, están especialmente concentradas en la Costa atlántica, donde, de acuerdo con el senador Marcos Pineda para la W, en menos de un año el valor del kilovatio hora aumentó en un 33% y las facturas han visto alzas de hasta un 40%. En otros lugares del país no se ven quejas generalizadas por las tarifas.
Frente a la Creación de empresas industriales y comerciales del Estado prestadoras de servicios públicos domiciliario (EICE E.S.P): considero, que el modelo mixto funciona bien, encontrando empresas públicas y privadas que prestan sus servicios, donde el estado está en todo su derecho de regulación y fiscalización que garantice el ejercicio y la operación.
El volvernos a lo público podría ser un problema, y mirando espejos, podría pasar lo que sucedió en México antes de la reforma constitucional que cambio el modelo, que destinaba gran parte del presupuesto nacional para realizar las inversiones en el sector.
