Lo primero que hay que mencionar, es que las tarifas de energía no bajarán a nivel nacional ni para todos los sectores. Únicamente estará en población más vulnerable catalogado como residenciales, es decir, estratos 1,2 y 3, quedando por fuera el sector comercio y las industrias.
Lo sucedido con Aire en parte responde a las denuncias realizadas por una licitación mal lograda finalizando el año 2023, que lo puso en la mira de la Superintendencia a validar sus inversiones para el año anterior, evidenciando presuntamente datos erróneos y que llevaron a elevar las tarifas alrededor de 86 pesos/kWh en el costo unitario de prestación del servicio, sin haberse realizado dichos cambios.
El alza de las tarifas ha sido extremadamente abrupta para la costa atlántica y a nivel nacional; Air-e por ejemplo, desde mitad del año 2021 (junio) tenía un valor de 569 pesos kWh, y para el mes de marzo de este año 2024 su valor fue de 1.211 pesos kWh, correspondiendo a un alza de más del doble del costo de la energía en menos de 5 años para el mercado regulado.
Frente a la opción tarifaria se abre un debate interesante porque no es que los prestadores hayan optado por bajar la energía eléctrica… Una compañía difícilmente busca perder la utilidad y garantía del negocio dejado por el malogrado periodo de Iván Duque.
El gobierno nacional, en su preocupación por dar resultados, ya que ninguno de sus planes se ha aterrizado en transición energética y desarrollo regional, siente que el tiempo se le está saliendo de las manos y ha tomado la decisión de financiar la opción tarifaria para esta región del país en poblaciones más vulnerables.
Indudablemente el costo elevado de la energía no afecta a los ricos y megarricos de nuestro país, irónicamente afecta a una clase media que se endeuda en los bancos para sobresalir y no quebrar en su intento de reactivar económicamente su sector.
Mi preocupación va más allá… imaginémonos una pequeña empresa o microempresa (restaurante, cafetería, papelería, sastrerías, etc.) que además de la crisis económica que se vive en el país, les ha tocado hacerse a las dificultades para buscar pagar sus servicios públicos.
En nuestra querida Colombia hay 5,8 millones de micronegocios, que emplean a cerca de 21 millones de personas, es decir, el 67% del empleo en el país y el 79% cuando incluimos la pequeña y mediana empresa que contribuyen con entre el 35 y 40% del PIB anual.
Porqué el gobierno nacional no hace esfuerzos: primero por completar el nombramiento de un director con la experiencia y calidad que exige el Consejo de Estado y por buscar ultimar los seis comisionados que se exigen para decidir de manera satisfactoria en las decisiones de la Creg, donde injustamente llevamos más de 18 meses en vilo por falta de gestión.
Una vez teniendo eso, avanzar en todas las propuestas que se han planteado en el plan de desarrollo en el sector energético y porque no, eliminar la opción tarifaria, buscando un costo-beneficio en reactivación económica.
¿Será muy difícil? Si no podemos con los funcionarios, menos vamos a poder con la gestión.
