Mucha alaraca, mal intencionada y repleta de falsas deducciones, ha hecho la alianza golpista de la llamada oposición inteligente, en donde, al parecer, confluyen funcionarios corruptos de la Fiscalía General de la Nación- FGN, funcionarios corruptos de la Procuraduría General de la Nación-PGN, periodistas de algunos medios de comunicación y políticos reconocidos, sobre los aportes económicos que por valor de quinientos millones de pesos, realizó al partido Colombia Humana, la Federación Colombiana de Educadores- FECODE, y sobre la declaratoria de adjudicación desierta, de la licitación pública para la impresión de pasaportes que, muy acertadamente realizó la Cancillería de la República, y que motivó, en una clara muestra de persecución política, la orden de suspensión temporal del cargo de ministro, del Sr. Álvaro Leyva Durán y que el Presidente de la República, haciendo uso de sus atribuciones como Jefe de Estado, no ha ejecutado.
Lo que si es cierto, según importantes investigaciones, es que los niveles de impunidad, que marcan la eficacia y la eficiencia de entidades como la FGN y PGN, entretenidas desde el inicio del gobierno del cambio, en hacer oposición y orquestar el debilitamiento a ultranza de la democracia y la separación de poderes, columnas fundamentales del Estado de derecho, rondan en promedio y en ascenso el 95%, demostrando su total fracaso como institución, en investigar, sancionar y condenar a los responsables de delitos tan dolorosos y violentos como la corrupción, el narcotráfico, el lavado de activos, los asesinatos de líderes y lideresas sociales y firmantes del acuerdo de paz, entre otros.
Estos resultados que, cuestionan el comportamiento de estos organismos, reflejan por lo menos, el uso inadecuado de los recursos que la sociedad colombiana con tanto esfuerzo les entrega cada año, perdiendo la ética y el compromiso con la construcción de un mejor país, mientras los jefes nacionales y seguramente algunos jefes locales, se dedican, según los informes de otras importantes investigaciones periodísticas, a proteger delincuentes, a ocultar investigaciones y a desaparecer expedientes, y como lo afirma el Jefe de Estado, a orquestar un golpe de estado blando.
Aunque no hay punto de comparación entre los aportes legales y legítimos de FECODE al partido Colombia Humana, destinados a financiar testigos electorales, y no la campaña electoral, como algunos periodistas deshonestos lo quieren hacer ver, es bueno recordar que, ni la llamada ñeñe-política, en la cual se señaló con evidencias irrefutables, la compra de votos para la campaña electoral del, tristemente célebre, expresidente Iván Duque Márquez, con recursos, estos si ilegales, provenientes del narcotraficante, defendido como un buen muchacho por los políticos del Centro Democrático, José Guillermo Hernández, alias el “Ñeñe Hernández”, despertó en la Fiscalía General, en el Consejo Nacional Electoral, en la Procuraduría General y en los periodistas que hacen parte de la nómina de la oposición, tantos falsos relatos como los que hoy escuchamos y leemos, buscando que la opinión de millones de colombianos y colombianas, respalden las acciones judiciales ilegales, que seguramente están preparando, para desestabilizar el Gobierno Nacional y destituir al Presidente Petro.
El Presidente ha llamado a la unidad del movimiento político progresista, a los y las demócratas, a las organizaciones sociales y sindicales, buscando la más amplia movilización y acción de respaldo a la democracia, al Estado de Derecho y por supuesto, a él como presidente legítimo de la nación y como jefe de Estado. Esta parece ser la única opción que han dejado, quienes, usando los cargos públicos, se erigen como desestabilizadores de la institucionalidad, queriendo borrar en un solo acto, todo intento de fortalecer la democracia y realizar las transformaciones sociales, políticas y económicas que Colombia exige, para alcanzar la paz, el desarrollo, la equidad y la justicia social.
Seguramente, como en otras ocasiones, y a pesar de que la mayoría de los miembros del alto gobierno no se han abierto al diálogo real y efectivo, a la conversa constructiva y generosa de políticas, programas, planes y proyectos, con las organizaciones sociales, el pueblo organizado y no organizado, saldrá a las calles masivamente a respaldar, no los sueños de un gobierno progresistas, sino los sueños de un pueblo que, aún cree en la oportunidad de cambio que tenemos, y que le ha sido negada durante decenas de años; sin embargo, a pesar de esa creencia, es preciso recordar, como el mismo Presidente lo ha dicho, que estas acciones deben ir acompañadas de una verdadera inclusión social y política, tanto en la consulta de sus alcances, como en la toma de decisiones y en los beneficios que estas decisiones representan para las grandes mayorías.
El Presidente de la República, también ha planteado la necesidad de crear un nuevo partido que recoja a todas las colectividades políticas que ayudaron a elegir al gobierno del cambio, vinculados al Pacto Histórico; esta propuesta, aunque interesante, debe, si quiere ser incluyente y democrática, romper con las concepciones parlamentaristas, que solo conciben el ejercicio de la política desde la representación que ejercen senadores, senadoras y representantes a la cámara, diputados, diputadas, concejalas y concejales, e incluir en los niveles de dirección y coordinación, nacional y territoriales, a las organizaciones sociales, comunitarias y sindicales, de tal forma que las expresiones que rodean al presidente y que acompañan la totalidad del programa de gobierno y las propuestas de reformas, sientan que ese nuevo partido, es su proyecto político.
Más allá de la movilización callejera en defensa de la democracia y del Estado Social de Derecho, que rechace todo acto ilegal contra la dignidad del Jefe de Estado, y de la construcción de un nuevo partido, será necesario que el Gobierno Nacional trace unas líneas estratégicas claras, con responsables y vocerías visiblemente identificados, que propicien un gran diálogo nacional, al cual se convoque a todos los sectores democráticos del país, a todos los partidos políticos, a todas las organizaciones sociales y sindicales, a los gremios y a las confesiones religiosas, que creen en la institucionalidad y en la división de poderes, para construir un gran Acuerdo o Pacto Nacional Incluyente, que salga al paso a la crisis que buscan generar los aliados del narcotráfico y la corrupción. El acuerdo deberá ser la bitácora que guíe el accionar de un Frente Amplio por la Vida, en donde quepan y sean respetados, no solo los sectores que están gobernando, sino también aquellos que, aunque critiquen al gobierno o no compartan la totalidad de sus propuestas, están comprometidos con la transformación pacífica de los conflictos, la paz, la democracia y la defensa del Estado Social de Derecho.
