Treinta nueve días después, el presidente Iván Duque no es capaz de darle una salida política al Paro Nacional. El escenario es el siguiente: al paro lo sostiene una juventud popular dispuesta a darlo todo, inclusive la vida, por garantías de un cambio estructural en la política nacional en temas como educación, salud, productividad económica y hasta en la misma forma en que funciona el estado, pues perciben que no opera para el bien común y lo público, sino para intereses privados corruptos. Es una juventud que se cansó de estar sin oportunidades y sin acceso a los derechos más básicos.
El segundo actor es el Comité del Paro, que representa a sectores democráticos organizados, como los sindicatos, dicho comité se encuentra sentado en una mesa, con un gobierno que simplemente no quiere negociar. Frente a los gestos de buscar soluciones por parte de estos actores sociales, para permitir un diálogo, la respuesta del Gobierno es la represión y el aumento de las violaciones de los derechos humanos.
El tercer actor está en el presidente y el gobierno nacional. Una figura que hoy luce vacía, como una especie de muñeco inflado sin fondo ni contenido. Un presidente sin liderazgo, sin visión propia y lo que es peor, sin poder propio, un ‘dummie’ que trata de sostener una situación insostenible, entre la presión política de su propio partido, con el ex presidente Álvaro Uribe a la cabeza, y la presión social por darle una salida política a una situación que lo que está demandando es Estado y democracia.
Entre el Comité del Paro y los puntos de resistencia sostenidos por una juventud popular apoyada por sus barrios, no hay punto de encuentro. Mientras el primero está en la lógica de un pliego de peticiones y en una mesa, que cada vez se desgasta más por la falta de respuesta de un gobierno sin liderazgo; el segundo reclama, con cierta razón, que mientras ellos ponen los muertos, los desaparecidos y el cuerpo, como forma de resistencia política, el comité del Paro se toma tintos en palacio. Hay una terquedad del Comité en reconocer que son los jóvenes populares en lo urbano, quienes han sostenido el paro, junto con otros sectores como los camioneros. Y que una interlocución interna podría llenar de legitimidad al proceso, no desde la perspectiva del comité del paro de asumir una representación de un sector que no se siente representado con ellos, sino desde la perspectiva de un reconocimiento como iguales.
En mi experiencia de un mes estando presente en uno de los puntos de resistencia en Bogotá, el Portal de la Resistencia o Portal Américas, lo que los jóvenes, y los que los apoyan en el paro, piden es democracia y estado. Hay una capacidad política desde abajo, que se ha despertado con fuerza, para avanzar en transformaciones de fondo. Y una necesidad de interlocutores estatales serios que se pongan a tono con el momento histórico.
Sin embargo, se corre el riesgo de una deslegitimización de la movilización por vía de la violencia, a eso le juega el presidente Iván Duque, para intentar posicionar nuevamente el autoritarismo como proyecto político hacia el año 2022. Una juventud radicalmente democrática puede terminar en una espiral que destruya esa misma fibra que los impulsa. Y eso sería un desastre, un abismo, para un país al cual la violencia siempre le ha impedido consolidar un proyecto como una nación pluralista, la cual tenga como norte el bienestar colectivo, un proyecto colectivo de nación y que hoy, en este año 2021, tiene una oportunidad para consolidar una revolución democrática, la que en 200 años de historia no se ha dado y que, en otros países, como México, suscitó la pertenencia a un proyecto de estado común.
Esta juventud en la calle tiene una consciencia histórica. Sabe y así también lo apoyan sus familias, que es ahora o nunca y que, si esta ventana se cierra sin transformaciones de fondo, sin la emergencia en el poder político del poder popular, no como súbdito sino como ciudadanía decisoria, entonces el pueblo de Colombia podrá estar condenado a otros 100 años de soledad.
Ante la falta de liderazgo del gobierno y su respuesta represiva, que tiñe con más incertidumbre la posibilidad de una salida política y radicaliza el paro, es la reserva democrática del país la que aparece a conjurar la crisis. El papel que está jugando la Minga Social, gestada por el Consejo Regional Indígena del Cauca, Monseñor Monsalve y Pastoral Social, artistas que se movilizan para abrir caminos buscan dar una respuesta al laberinto generado. Y allí, los alcaldes y gobernadores deben jugar un papel fundamental apoyándose en estas fuerzas democráticas para generar respuestas locales, en primera instancia.
En Bogotá, en Cali, en Bucaramanga, en Popayán, en Pereira y en otras ciudades, se está gestando una movilización que genera propuestas de fondo y mecanismos para darles trámite, radicalizando las opciones democráticas. El país se está llenando de asambleas populares, de pliegos locales, de sinergias y encuentros. Algunos empresarios con talante democrático también responden al llamado. Ayer en la Minga Social nacional e internacional, hoy en Bogotá la Asamblea Nacional Popular al calor de las ollas comunitarias, espacios donde se empieza a tejer un tejido democrático de fondo.
En Bogotá la alcaldesa debe dar respuesta a este proceso, como una negociación que aterrice en los territorios los anuncios en la prensa, pero sobretodo, como no lo ha hecho ni el presidente, ni el Comité del Paro, debe reconocer a esta juventud popular en sus demandas y en su legítimo derecho a la protesta, así como en su ambición de cambiar la realidad. Estos jóvenes tienen propuestas para la ciudad y sus barrios que deben ser escuchadas y negociadas.
Ya lo hizo el alcalde de Cali, al emitir un decreto cuyo primer artículo es reconocer a los puntos de resistencia como interlocutores válidos y a sus voceros, todo ello para una negociación de ciudad. No se hizo esperar el gobierno nacional en sabotear este esfuerzo, imponiendo un abierto autoritarismo. Hay que rodear a los sectores democráticos y a los y las gobernantes locales que se paren en el reto, de ahí depende llegar a las elecciones del 2022 para cambiar el destino de este país.
Esto sin menoscabo de llamar a cuentas, por acción y omisión, a todos los agentes estatales que permitieron la grave vulneración de los derechos humanos. Desde el concejo de Bogotá este es nuestro compromiso, no podemos pasar la página, sin entender, como en Kennedy se utilizó un portal de Transmilenio para torturar gente, se han producido, hasta el momento, 1425 heridos, 20 casos de tortura, 12 de abuso sexual, según datos de la ONG “Comisión Intereclesial Justicia y Paz”, además se ha atemorizado, permanentemente, a una comunidad por parte de la misma policía, esto a la vista de todos y sin que nadie hiciera nada.
Desafortunadamente la respuesta del subsecretario de gobierno, a la primera línea del Portal de la Resistencia, es que la protección del estado es la Policía. Ahí empezamos mal, muestra un gobierno distrital que no entiende que hoy, el principal factor de violencia, en los lugares de manifestación, es la policía misma y que, al no pararse fuerte, solo permite la entrada en Bogotá de la estrategia represiva del presidente Iván Duque. Frente a estas muestras de poco asertividad para entender el problema, nuestro compromiso es: ni un centímetro para el avance del autoritarismo en Bogotá y en Colombia, todo para profundizar la democracia.
