En octubre de 2020 la Comisión Interamerica de Derechos Humanos, basándose en información de múltiples fuentes y su propio monitoreo, expresó su profunda preocupación por el incremento de la violencia en Colombia en territorios con presencia de grupos armados ilícitos (Comunicado de prensa No. 251/20 del 13 de octubre de 2020).
La Comisión había recibido información directa sobre varias masacres. Entre estas, la del 11 de agosto en la ciudad de Cali, en la cual, 5 adolescentes afrocolombianos entre 14 y 18 años de edad fueron torturados y ejecutados; las del 4 de septiembre en El Tambo, Cauca, donde 3 personas fueron asesinadas con las manos atadas en sus espaldas, y en Aguachica, Cesar, donde asesinaron a 3 personas, una de ellas una mujer embarazada de 23 años de edad; la del 7 de septiembre en la zona rural de Zaragoza, Antioquia, donde fueron asesinadas 5 personas; la de Simití en el Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar, en la que murieron 6 personas; y la del 19 de septiembre en el área rural de Buenos Aires, Cauca, en la cual fueron asesinados 5 adultos y un adolescente de 16 años, pertenecientes a la comunidad afrocolombiana.
La Comisión observó que estas graves violaciones de los derechos humanos se han llevado a cabo en áreas con limitada presencia del Estado y donde grupos armados ilícitos se disputan el dominio y control de las distintas economías ilegales como narcotráfico y minería ilegal. Mientras la tasa oficial de homicidios a nivel nacional en Colombia en el primer semestre de 2020 se situó en 23,33 muertes cada 100 mil habitantes, el valor más bajo de este indicador desde 1974, la totalidad de estos homicidios se concentraron en 55% del territorio del país. En 496 municipios que constituyen el 45% del área restante no se registró ningún homicidio en los primeros 6 meses del año.
Es más, la información oficial señalaba la especial concentración de la violencia en los municipios donde se estaba implementando los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Al respecto, entre julio de 2019 y junio de 2020, la tasa de homicidios en los municipios donde se están implementando los PDET se encuentra en 44,3 muertes violentas cada 100 mil habitantes y en los municipios en los que se está desarrollando el PNIS la tasa es de 57,9 muertes cada 100 mil habitantes. Es decir, un 190% y 259% más respectivamente que el promedio nacional.
Esta concentración no debe sorprender. Organizaciones de la sociedad civil habían observado que los departamentos donde se contabilizaron una mayor cantidad de masacres en 2020 fueron Antioquia, Cauca y Nariño. Los dos primeros también figuraban como los más afectados en 2019 según los datos de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Tampoco sorprende la identidad de las víctimas: los pueblos indígenas, los líderes y las lideresas de organizaciones afrocolombianas y campesinas, y ex combatientes de las FARC-EP.
En resumen, lo que se observa es un patrón sitemático de violencia en las regiones del país históricamente afectadas por el conflicto armado interno, con un impacto desproporcionado en las víctimas del mismo. Colombia está en riesgo de que la agenda de la muerte, de la destrucción se imponga sobre la agenda de la vida y la construcción.
En múltiples ocasiones el gobierno de Iván Duque ha negado su responsabilidad en la violencia, culpando, en particular, a las organizaciones ilegales y criminales, y sobre todo, simplificando sus causas al relacionarlas con el narcotráfico. A la vez, ha resistido a la implementación plena del Acuerdo de Paz de 2016, que proveía un hoja de ruta para tratar las causas estructurales de más de 50 años de conflicto armado interno.
Sin embargo, el presidente Duque está muy equivocado al pensar que la violencia es ajena al Estado. Por el contrario, el Estado no puede diluir ni esconder su responsabilidad internacional en este asunto. En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los Estados están obligados a respetar y garantizar los derechos de todas las personas. El primer artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere que los Estados Partes respeten y garanticen los derechos y libertades de toda persona sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna. El segundo artículo requiere asegurar jurídicamente el pleno ejercicio de los derechos.
Estas dos obligaciones revelan que los Estados pueden ser responsables por acción u omisión, de manera inmediata cuando sus órganos o agentes violan los derechos de la persona humana; y de manera mediata, cuando en presencia de atentados a los derechos y libertades de la persona por acción u omisión de particulares, sus órganos u agentes faltan a la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarlo en los términos requeridos por la Convención Americana. Los órganos internacionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos actúan cuando omite el Estado dar cumplimiento a su deber de garantía. Es decir, procede la responsabilidad internacional del Estado Parte al no prevenir, investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos que tienen lugar dentro de su propia jurisdicción.
El Estado colombiano no puede tapar el sol con un dedo. Es responsable a nivel internacional por las masacres que ocurran de forma reiterada en el territorio nacional de conformidad con los Tratados suscritos y ratificados por Colombia.
La comunidad internacional, en particular Las Américas, toma nota de lo que está pasando en Colombia y entienden bien cómo se debe proceder. Los miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, ONU se reunieron el 14 de octubre 2020 y expresaron su preocupación por la violencia, así como reiteraron su compromiso de apoyo al Gobierno y a la Misión de Verificación de la ONU.
El representante del Secretario General de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, expresó que “Las recientes masacres son un doloroso recordatorio de cómo civiles inocentes, incluidos jóvenes, son víctimas de estos grupos”, y agregó que “sigue siendo necesario finalizar e implementar la política pública para el desmantelamiento de los grupos armados ilegales, organizaciones criminales y sus redes de apoyo”. (“Detener las masacres en Colombia es fundamental para cumplir la promesa del Acuerdo de Paz”. Noticias ONU. Paz y Seguridad, 14 de octubre de 2020). Es decir, sigue siendo necesario la plena implementación del Acuerdo de Paz.
El grave patrón de sistematicidad de “masacre después de masacre” persiste en 2021. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, hasta el 1 de febrero de 2021, ocurrieron 10 masacres en Colombia en los departamentos de Caquetá, Antioquia, Valle del Cauca y Nariño.
Para Camilo González Posso, presidente de INDEPAZ, el Gobierno no ha logrado formular una política pública en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad conjuntamente con otras entidades del Estado y la sociedad civil para el desmantelamiento de la organizaciones ilegales, tampoco para combatir prácticas que atentan contra líderes y defensores de la paz. En su opinión, el Gobierno tiene una política fragmentada y articulada a una estrategia de guerra, no a una estrategia de transición al posconflicto y a la paz. “En Colombia hay un fenómeno de macrocriminalidad”. (El Espectador. 6 de febrero 2021).
La Comisión en el citado comunicado del octubre de 2020, le recordó al Estado de Colombia su obligación de adoptar medidas para proteger la vida y la integridad ante las formas de violencia en su territorio. Lo exhortó a investigar pronta y diligentemente todos estos hechos a los efectos de sancionar a los responsables y a garantizar la reparación integral de las víctimas con un enfoque étnico.
La Comisión celebró el 9 de diciembre de 2020 una audiencia sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, donde la postura del Estado, nuevamente, fue culpar de las amenazas, hostigamientos, atentados y asesinatos de líderes/lideresas sociales y defensores/as de derechos humanos, así como de las masacres, al narcotráfico. Lavándose las manos. Sin embargo, el Estado es responsable internacionalmente por omisión, al no garantizar la vida e integridad de estas personas, ni cumplir con sus deberes de protección e investigación. Se le ha reiterado y advertido al Estado -por distintos medios- que la preservación de la vida e integridad de todas las personas en su territorio es su obligación.
