El pasado 19 de enero denuncié un nuevo caso de presunta violencia y criminalidad policial en Bogotá. Según la víctima, que es comerciantes en el barrio Brasil de Bosa, el 16 de enero, miembros de la Policía irrumpieron a su negocio dando tiros. Este caso tendría como antecedente una larga persecución de los miembros del CAI Brasil en contra de esta comerciante. Esta columna, al igual que las denuncias que he realizado, se basa en el testimonio de la comerciante afectada.
La víctima dice que tiene cuatro establecimientos de comercio dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, no alcohólicas y comestibles, y que, durante la cuarentena, algunos policías le ofrecieron permitirle continuar con su actividad económica, (incumpliendo las restricciones de toques de queda y ley seca), a cambio de dinero. A pesar del provecho económico que podría tener, la comerciante se negó. En este trasegar, la comerciante ha documentado cómo otras licoreras, cigarrerías o bares funcionaban sin problema durante la vigencia de estas medidas, incluso a pocos metros del CAI, pero el suyo no.
Al parecer, los policías habrían intentado varias acciones para perjudicarla. El más recurrente sería la amenaza del sellamiento de sus establecimientos, alegando la falta de permiso de funcionamiento o el incumplimiento de medidas para prevenir el contagio de la COVID-19. En una ocasión, grabada por la misma comerciante, un agente de Policía accionó la pistola “taser” sobre sus senos. Los hechos sucedieron en el marco de una discusión de la mujer con un agente que intentaba confiscarle la moto de los domicilios.
Ante esta recurrente situación, y teniendo muchos videos que probarían un uso arbitrario de la autoridad, la comerciante acudió a la Alcaldía Local de Bosa a denunciar lo ocurrido. Una noche, la comerciante y su familia fueron atemorizados ante la presencia de una cuadrilla de policías motorizados, armados y acompañados por una patrulla en el lugar de su residencia. El motivo de semejante despliegue de uniformados sería prestarle asesoramiento en su denuncia. Según nos dijo, fue desconcertante, ya que la denuncia no registró su lugar de domicilio.
El episodio más doloroso habría ocurrido el pasado 16 de enero. Ese día, cumplía años la hija de 12 años y algunos familiares estaban celebrándolo al interior del establecimiento, a puerta cerrada. Los policías ya habrían pasado varias veces por el negocio y habrían llamado a la comerciante para pedirle dinero. Ante la negativa, la Policía solicitó el acompañamiento de los Bomberos para abrir la reja de seguridad del negocio e ingresaron disparando. Todo esto ocurrió, a pesar de que en el lugar se encontraba una niña menor de edad y un adulto mayor. Hace pocas horas, el CTI confirmó que se trató al menos once disparos realizados al interior del establecimiento y que impactaron sobre varios elementos, como neveras y televisores. Además de ello, los policías habrían echado chorros de agua a presión (usando el camión de Bomberos), golpearon a la comerciante, a su esposo lo arrastraron por el piso y actualmente se encuentra en una crisis nerviosa, y a su hija le lanzaron un ladrillo al rostro, por lo que ha sido sometida a tres operaciones quirúrgicas de reconstrucción.
La respuesta del comandante de la Policía Metropolitana, MG. Óscar Gómez Heredia, es que este fue un operativo de control de una posible “fiesta clandestina” (porque la COVID-19 ha servido hasta para criminalizar las fiestas) y que los policías fueron recibidos con agresiones físicas y verbales. El comandante parece olvidar que el uso de la fuerza es proporcional y que el uso de las armas, según los estándares internacionales, es restringido y limitado. Once disparos al interior de un inmueble no es proporcional y genera riesgos jurídicamente desaprobados contra la vida e integridad de las personas.
Este caso demuestra, por un lado, la inconveniencia de la imposición de medidas restrictivas para evitar la propagación de la COVID-19 y que la verificación del cumplimiento de ellas esté a cargo de la Policía. Por otra parte, también demuestra, una vez más, la necesidad de reformar a la Policía y afianzar su rol comunitario y pedagógico. Propinar once disparos contra un establecimiento en el que se encuentran personas desarmadas no construye convivencia. Es totalmente absurdo y desproporcionado.
