Esta semana ha habido toda serie de reacciones en torno a la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque. Los argumentos en contra hablan de querer acabar la clase media, de ser indolentes con la situación del pueblo, de lo inoportuno que es este momento para hacer una reforma tributaria, de la regresividad que esta implica. Otras voces menos acotadas hablan de robo contra el pueblo, de que es un esperpento, una afrenta, un abuso. Y también hay unas voces a favor que se pueden resumir en que tampoco les gusta, pero es necesaria.
Siempre me he preguntado si las personas que quieren un país más justo, y más equitativo están dispuestos a pagar por él y si es así, qué porcentaje de su ingreso estarían dispuestos a invertir en esa noble causa. Desafortunadamente las respuestas no son halagüeñas, yo nunca he escuchado a los líderes de izquierda diciendo: vamos a tener una sociedad mas justa, pero todos vamos a tener que pagar un poco por ello, al contrario, siempre hablan de que los más ricos deben pagar, propiciando una lucha de clase que también es útil para los líderes de derecha.
En un ejercicio sencillo, si le quitamos toda su fortuna personal a Luis Carlos Sarmiento, tendríamos 11mil millones de dólares (según la revista Forbes) para que el estado funcione. Eso sería 1 mes y 10 dias de funcionamiento del estado, que solo para 2021 tiene un presupuesto de 87mil millones de dólares. Claro, después de eso el señor Sarmiento no volvería a producir nada en el país y volver a generar esa fortuna sería difícil. Si seguimos por ese camino y le expropiamos sus fortunas a las 10 familias mas ricas del país, no alcanzaría ni para un año de funcionamiento. Insisto, con el agravante de que uno no le puede quitar la misma suma a estas personas todos los años, sería lo que se llama una situación de una vez y para siempre.
La solución no es quitarle todo a los ricos para dárselo a los pobres, eso lo único que hace es que los ricos se vayan, porque no van a dejar de ser ricos, y que los pobres sean muchos más y sin recursos sostenibles para enfrentar la situación.
Entonces ¿cómo superamos la pobreza? La otra respuesta es que acabemos la corrupción que “nos cuesta 50 billones al año”, no sé de dónde sacaron esa cifra, pero suena tan falsa como el “menos impuestos, mas salario” de este gobierno. Sin embargo, la reducción de la corrupción siempre ha sido un evento incierto.
El proyecto del gobierno es a todas luces agresivo en recaudo. Mientras una reforma promedio pretende recoger entre 10 y 15 billones adicionales, en esta el recaudo total esperado está cercano a los 30 billones.
Es importante recordar que el gobierno desde que comenzó la pandemia, implementó dos programas que están beneficiando a mas de 4.5 millones de familias pobres que antes no estaban en el espectro de sus programas sociales. El primero fue ingreso solidario y el segundo fue la devolución de IVA, para lograrlo se reorganizaron presupuestos destinados a otras áreas utilizando los poderes excepcionales que le daba la emergencia económica. Sin embargo, ingreso solidario nació con una naturaleza temporal y su tiempo, que ya fue extendido, va hasta junio de este año.
También se implementó el programa de apoyo para el empleo formal (PAEF) que ayudó a mas de 119.000 empresas, aunque las ayudas se concentraron en las empresas que más empleo generan, es decir las más grandes.
Mientras en el PAEF se gastaron 6,6 billones de pesos, en ingreso solidario se gastaron 7,4 billones hasta febrero de 2021.
Parte de la reforma pretende mantener el ingreso solidario como política de Estado e incrementar la devolución del IVA en mas de 30%, otra parte pretende mantener los beneficios del PAEF hasta finales de este año, extendiéndolos a más empresas. Además, propone pagar por la seguridad social y parafiscales de los jóvenes hasta 28 años, para favorecer a este grupo poblacional que está entre los más vulnerables.
Salvo el IVA que afecta desproporcionadamente a los pobres y vulnerables, las propuestas de renta y de impuesto a los dividendos y al patrimonio no son regresivas. Se puede aumentar la tasa de impuestos a los grandes capitales, ya que los “ultra ricos” aun pagan menos impuestos que sus trabajadores, también se podrían echar para atrás algunas de las exenciones que se hicieron a las empresas en la reforma de 2019 como lo propuso la ANDI, también se excluyó, sin justificación, el impuesto a las bebidas azucaradas que puede aportar alrededor de un billón de pesos según Dejusticia. Esto permitiría ser menos agresivos en la parte baja de la distribución de ingresos y evitar gravar productos polémicos como los servicios públicos, el internet, la canasta familiar o los gastos funerarios.
Pero el hecho de que haya una reducción en pobreza de entre 2.6 y 4 puntos porcentuales, ya es un muy buen incentivo para darle el beneficio de la duda a esta reforma. El dato de pobreza oficial de 2020 no ha salido, pero expertos proyectan que sumando el cambio de metodología y el efecto de la pandemia ¡se puede triplicar! Mas de la mitad del país va a estar en pobreza. ¿Estamos preparados para enfrentar eso? ¿Con qué recursos?
