En el camino hacia la justicia y la igualdad, la voz de las mujeres colombianas resuena fuerte y claro, especialmente cada 8 de marzo. Sin embargo, la respuesta de algunos mandatarios, con la represión policial a protestas pacíficas, es un recordatorio sombrío de los desafíos que persisten.
La situación es alarmante: en Colombia, el feminicidio no es una excepción sino una epidemia diaria. Con más de 500 mujeres asesinadas en 2023, la violencia de género es una sombra que sigue a las mujeres desde la privacidad del hogar hasta la luz pública. El caso de Diana Carolina Serna, en la Unión Valle, cuando su ex pareja que recién había salido de la cárcel la persiguió con un machete por las calles a plena luz del día, mientras transeúntes preferían grabar con un celular que auxiliarla, es una prueba de la indiferencia con la que a menudo se trata la violencia contra las mujeres, considerándola un asunto privado en lugar de una crisis pública.
Para abordar la defensa del feminismo y la libertad de protesta, hay que reconocer primero el contexto en que las mujeres colombianas se manifiestan, en sólo 2023 se reportaron 36,000 eventos de violencia intrafamiliar contra la mujer, en su mayoría por parte de su pareja. Además, se realizaron alrededor de 16,000 exámenes médico-legales por presuntos delitos sexuales en el mismo período. Pero la violencia no es sólo física, según el DANE, en la actualidad las mujeres enfrentan un desempleo del 14,1% mientras los hombres un 9.0%, y mientras la población femenina en el país es el 52% de la población, únicamente poseen el 34% de la propiedad de la tierra y solo el 1 % de los predios mayores a 200 hectáreas están en manos de las mujeres.
Este panorama de desigualdad se ve exacerbado por una respuesta institucional que no ha estado a la altura de las circunstancias. Por ejemplo, frente a las manifestaciones lideradas por mujeres, en ciudades como Bogotá y Medellín se sigue recurriendo a la represión en lugar de al diálogo y a medidas efectivas que atiendan a las raíces de las demandas sociales.
Las protestas de las mujeres no son solo un llamado contra la violencia directa, sino también una lucha por la igualdad en todas las esferas de la vida, incluyendo la económica y la política. El 8 de marzo, y todos los días, las mujeres colombianas se manifiestan no solo en memoria de las víctimas de la violencia de género, sino en demanda de un cambio estructural que garantice la igualdad y la seguridad para todas.
Los líderes políticos deben reconocer y responder a estas manifestaciones con políticas que aseguren la igualdad de oportunidades, la justicia y el respeto a los derechos fundamentales. Solo así se podrá avanzar hacia una sociedad que valore y proteja a todas sus ciudadanas, donde la libertad de protesta sea un camino hacia el cambio social y la protección de los derechos de las mujeres y no únicamente hacia la superficialidad de seguir hablando de vidrios rotos y rayones en paredes.
