Cada vez la cifra de migrantes indocumentados que llega a la isla mediterránea de Lampedusa para acceder a Europa es más preocupante para las autoridades italianas. En lo que va de año, han llegado a las costas italianas 127.000 migrantes, el doble de la cifra del año pasado, situación que ha generado divisiones internas en el gobierno italiano y cierta ilegitimidad de la primera ministra en la implementación de sus políticas, especialmente, en uno de los temas centrales que son los flujos migratorios.

En días pasados la ultraderechista Giorgia Meloni, primera ministra italiana, aprobó varias medidas para mitigar la migración ilegal. Según el nuevo decreto, los inmigrantes irregulares permanecerán más tiempo (hasta 18 meses) en los centros de acogida, antes de ser repatriados en caso de que no logren cumplir los requisitos para obtener el asilo. Además, Italia construirá más centros de repatriación en todo el país.

Meloni, preocupada porque esta crisis que se le está saliendo de las manos, invitó a Lampedusa a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, para que conociera, directamente, la situación de los migrantes. La visita de la presidenta de la Comisión sirvió, además, para presionar la aplicación del reciente acuerdo de la Unión Europea (UE) con Túnez para que este país controle la salida de migrantes desde sus costas, pues se convirtió en la principal ruta hacia Lampedusa.

Y es que la crisis migratoria se expresa claramente en cifras. Lampedusa es una pequeña isla mediterránea de 6.000 habitantes y, por poner un ejemplo, entre el 13 y 14 de septiembre acogió a 7.000 migrantes. El pasado 18 de septiembre, día en que tuvieron la reunión la primera ministra y la presidenta de la Comisión, llegaron a la isla 1.000 personas. El Paísseñaló que en las últimas dos semanas llegaron 12.000 migrantes a Lapedusa.

La inestabilidad política en Túnez es la razón fundamental para que la migración se haya extrapolado este año. Anteriormente, la mayoría de personas que llegaban procedía de Libia. Obedecía, fundamentalmente, a la guerra civil desatada entre los grupos armados que derrocaron a Muamar el Gadafi en 2011 y que, desde entonces, se enfrentan por el control del país. Hay una preocupación en el gobierno italiano, pues tras las catastróficas inundaciones en Libia, se presume una nueva oleada migratoria.

El desasosiego de Giorgia Meloni, asimismo, se evidenció en el 78º periodo de sesiones de la ONU de la semana pasada. Su discurso se centró en que la organización mundial debía lanzar una “guerra global sin piedad” contra los traficantes de personas. Esta ha sido una posición que han asumido varios sectores de la derecha europea; no obstante, el problema de fondo no son los traficantes de personas, son las guerras que viven los países del norte de África y la inestabilidad política por la que atraviesan los países subsaharianos.

Meloni, que encabeza el partido de derecha radical Hermanos de Italia, llegó al cargo hace un año, en parte, gracias a sus promesas de reducir la inmigración. Pero su narrativa de repatriación, persecución a los traficantes de personas, concertación de cuotas legales con los demás países europeos para albergar migrantes y establecimiento de una misión naval europea eficiente que intercepte botes ilegales con migrantes, no han dado los réditos que esperaban sus electores.

Europa debe replantear (al igual que lo debe hacer Estados Unidos) el discurso punitivo y de persecución a los migrantes. La forma más sensata, si se quiere atajar de raíz este fenómeno, es analizar las problemáticas de los países para limitar los flujos migratorios. La Unión Europea puede apoyar la solución de las crisis en Libia y Túnez, buscando acuerdos de paz. Lo propio puede hacer Estados Unidos con el bloqueo económico que le ha impuesto a Venezuela, esto reduciría sustancialmente la migración de venezolanos por el tapón del Darién. La solución está en la voluntad política y en el cambio de las estrategias de las potencias, no desde los países de origen.