El conflicto político armado entre la institucionalidad colombiana y los sectores que optaron por la insurgencia o la resistencia armada, como vía para cambiar al Estado, pareciera estar llegando a su fin. Más de 60 años de confrontación, han agotado generaciones enteras de luchadores sociales o políticos que optaron por la equivocación de la guerra, mientras la institucionalidad degradó el conflicto con acciones genocidas practicadas por cuerpos francos paramilitares y otras formas violentas de daño a los insurgentes y a la población civil afectada.
Luego del acuerdo con las ex-FARC, los grupos que no se acogieron a ese acuerdo, los entrampados por el incumplimiento y las guerrillas del ELN, no han podido convencer al pueblo colombiano de que aún persiguen ideales de cambio social, de transformación política y menos que estarían interesados en abandonar las violencias y sus consecuencias sobre los territorios afectados, para pactar una solución negociada que fortalezca los cimientos de una paz duradera y culmine con la dejación de armas.
Por largos periodos se muestran más interesados en comportarse como señores de la guerra, enseñoreados en los territorios y sobre las gentes. No parecieran encontrar salidas en los fundamentos políticos de un acuerdo de paz y se aferran a los fierros convirtiendo un instrumento de guerra, en un objetivo en sí mismo. Creen demostrar algún nivel de poder frente al Estado y se disputan procederes de delincuencia común con las llamadas bandas criminales que son ahora el gran motivador de los repartos territoriales y de las rutas del narcotráfico, entre otras.
El Derecho Internacional Humanitario (DIH) reconoce que, en el contexto de un conflicto armado no internacional, los actores pueden tener motivaciones políticas legítimas, lo que habilita los diálogos y negociaciones como vía para la resolución del conflicto; sin embargo, este reconocimiento no es absoluto. Para que un Grupo Armado Organizado sea considerado como una fuerza política con legitimidad para negociar, su comportamiento debe ajustarse a normas básicas del DIH, como la protección de civiles, el respeto por los bienes indispensables para la supervivencia de la población y la no utilización de métodos de combate prohibidos.
El derecho a la rebelión, consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que los pueblos tienen derecho a levantarse contra la opresión cuando no existen vías democráticas para el cambio. Aunque nuestra democracia sigue teniendo serias imperfecciones, como que la participación ciudadana con poder decisión no ha adquirido el reconocimiento necesario; no se garantiza el goce pleno de los Derechos Humanos; se reportan altas tasas de pobreza monetaria y multidimensional; esto no significa que todos los canales democráticos estén cerrados.
El conflicto armado en Colombia, que durante décadas tuvo un claro componente político desde la rebelión insurgente, sigue transitando hacia una dinámica donde predominan los intereses económicos y criminales. Adicionalmente, las estrategias desarrolladas o manifestadas por los grupos guerrilleros no contemplan con claridad una ruta política y social más o menos coherente con su desempeño territorial, para transformar estas realidades. Si esto es cierto y los grupos siguen empecinados en continuar por la ruta de la lumpenización, se generarían grandes desafíos para la sociedad colombiana, los gobiernos y el Estado.
Los diálogos con actores armados deben mantenerse e incentivarse, pues siempre serán la mejor vía, y tal vez la única, para cerrar el ciclo de violencia armada. Será necesario e igual de importante, debilitar el negocio ilegal de la cocaína y los precursores, mejorar los programas de sustitución de cultivos de coca, insistir en la legalización del comercio del alcaloide, y combatir la minería ilegal mientras se fomenta la formalización de la minería ancestral y tradicional con un esquema que recupere la comercialización exclusiva del oro para el Estado.
Se requiere un nuevo modelo institucional en el territorio, que integre la persecución de las estructuras delincuenciales, cero tolerancia a la corrupción, el fortalecimiento de la organización social, la movilización y la participación ciudadana, y el desarrollo de procesos basados en la equidad, la justicia social y la democracia. Solo así podrá emerger y consolidarse el Estado en los territorios históricamente marginados. El nuevo acto legislativo para el Sistema General de Participación y la Ley de Competencias son una oportunidad significativa para avanzar en este propósito, siempre y cuando se promueva la planeación participativa y el control social.
